La infanta abandona los juzgados tras siete horas de interrogatorio

"No sé". "No me consta". "No lo recuerdo". La infanta Cristina de Borbón ha respondido con evasivas a la inmensa mayoría de las preguntas deJosé Castro durantesuinterrogatorio ante el juez instructor del caso Nóos, que se ha prolongado casi siete horas.La comparecencia como imputada de la hija menor del Rey ha acabado alrededor de las 18.15, después de las preguntas de Castro -por la mañana-, del fiscalPedro Horrach y de varios abogados, ya por la tarde. Según el letrado dela duquesa de Palma, Miquel Roca, la declaración de su clienta "ha sido ejemplar".

Pero lo cierto es que la amnesia de la Infanta le ha llevado a asegurar, por ejemplo, que desconocía el hecho deque los empleados domésticos que trabajaban en su casa de Pedralbes, en Barcelona, fueroncontratados a través de Aizoon, la empresa patrimonial cuya propiedad comparteal 50%con su marido, IñakiUrdangarin. Como era de esperar,Doña Cristina se ha desvinculado por completo dela gestión del Instituto Nóos, de cuya junta directiva formó parte, y también de Aizoon, la mercantil a la que fue desviada buena parte de los fondos ilícitos captados por la entidad supuestamente filantrópica y sin ánimo de lucro.

Así lo han relatado a El Confidencial fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio.La Infanta ha asegurado, además, que "confiaba plenamente" en su marido.

Según las mismas fuentes, el juez le ha formulado más de 300 preguntas durante las siete horas que ha durado su interrogatorio. Castro ha mostrado a la Infanta las facturas de los gastos personales que cargó a Aizoon, pero la hija del Rey le ha respondido que ella "no llevaba la contabilidad" de la empresa familiar. Y ha insistido en que firmaba todos los documentos que le pasaba su marido porque se fiaba de él. La abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, ha señalado con ironía que Doña Cristina se ha aferrado continuamente a "la teoría del amor", no dudando en utilizar a Urdangarin como cortafuegos de su propia actuación.

Un portavoz de la Casa Real consultado por Efe ha reafirmado que esta institución no comenta ni comentará nada sobre la comparecencia judicial de la hija del Rey.

"Lo que no debía saber"

El otro abogado de la Infanta, Jesús Silva, ha expresadosu confianza en que el juez "acabe sobreseyendo las actuaciones"."Estamos muy contentos de la evolución del interrogatorio", ha dicho el letrado, aunque lo ha calificado de"minucioso y extenso", destacando que la duquesa de Palma ha respondido a "centenares de preguntas". "Ha quedado muy claro lo que sabía, lo que no sabía, lo que debía saber y lo que no debía saber", ha incidido el letrado.

Préstamo de Don Juan Carlos

La Infanta ha señalado que los 1,2 millones de euros que el Rey transfirió en 2004 a una cuenta de los duques de Palma eran un préstamo y no una donación encubierta. De hecho, ha apuntando que está devolviendo el dinero "como puede",que por ahora ha retornado 150.000 euros, y que goza de la confianza de su padre para reintegrarlo todo.El pasado mes de septiembre la Agencia Tributaria (AEAT) destapó dos transferencias bancarias urgentes de 600.000 euros cada una por parte del monarca a favor de su hija y su yerno.

La hija menor de los Reyes ha recordado que con este préstamo su padre quería ayudarles en la compra del palacete de Pedralbes, y que ésta se realizó mediante escritura y ante notario.Asimismo, Doña Cristinaha reconocidoque su padre pidió en 2006 a través del asesor externo de la Casa Real, José Manuel Romero, conde de Fontao, que Urdangarin dejara los negocios relacionados con Nóos "por razones estéticas" y de "imagen".

Niega ser un "escudo fiscal"

Doña Cristina ha asegurado que, como socia al 50% de la sociedad Aizoon, en ningún momento se ha sentido como un "escudo fiscal", en contra de lo sostenido por Castro, quien, en el auto mediante el que imputó a la hija del Rey por delito fiscal yblanqueo de capitales, apuntó que la creación de esa mercantil perseguíauna "aspirada protección fiscal".Sobre si prestó su conformidad a ser copropietaria de Aizoon con su maridopara evitar que Hacienda escrutase esa sociedad,la Infantaha negado este extremo, afirmando que entró a formar parte de Aizoon porque se lo pidió Urdangarin.

A bordo de un Ford

A bordo de un Ford Cmax azul metalizado. Así llegó la hija de Don Juan Carlos,a las 9.46 horas, hasta la misma puerta de los juzgados de Palma, evitando descender a pie la rampa de la vergüenza, por la que sí desfiló, hace ahora casi dos años, su marido, Iñaki Urdangarin.

En medio de unas espectaculares medidas de seguridad, con la céntrica avenida de Alemania de la capital palmesana literalmente tomada por la Policía,la hija menor del Rey descendió del vehículo enfundada en unos vaqueros, chaqueta negra, camisa blanca y sujetando un teléfono móvil en su mano derecha. Lanzó media sonrisa a los cientos de periodistas que la aguardaban y, a continuación, se dirigió al interior de los juzgados tras recorrer un corto trecho de apenas 10 metros.

Desde primeras horas de la mañana habían ido congregándose en los alrededores de los juzgados, cortados al tráfico y al paso de curiosos, grupos de ruidosos manifestantes que, en un ambiente festivo y reivindicativo, coreabanconsignas contra la Monarquía y a favor del juez Castro.Entre los cerca de 200 concentrados, provistos de pancartas y bocinas, había una veintena de simpatizantes republicanos, controlados muy de cerca por los efectivos policiales desplegados en la zona.

Un embarazoso trance

Ni toda la fuerza de la maquinaria del Estado ha podido impedirlo. La Infanta,hija menor del reyDon Juan Carlosy séptima en la línea de sucesión a la Corona,se ha sentado en el banquillopara responder, en calidad de imputada, a las preguntas de un juez. La tenacidad de Castro, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, ha prevalecido sobre las maniobras de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Ministerio del Interior y la Agencia Tributaria para evitar ese embarazosotrance a un miembro de la Familia Real.

El pasado 8 de enero, tres días después de su 76cumpleaños, el Rey recibía un amargo regalo de aniversario, no por esperado menos doloroso. Ese día, su hija menor, madre de cuatro de sus nietos, eraimputada por fraude fiscal y blanqueo de capitales, delitos que presuntamente cometió a través de Aizoon S. L., la mercantil cuya propiedad comparte al 50% con su marido,y a la que se desvió buena parte de los fondos ilícitos captados por el Instituto Nóos, entidad supuestamente filantrópica y sin ánimo de lucro.

En un demoledor auto de 227 páginas, Castro sostenía que "los delitos contra la Hacienda Pública que se imputan a Iñaki Urdangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos,el conocimiento y la aquiescencia de su esposa, por mucho que, de cara a terceros, mantuviera una actitud propia de quien mira a otro lado". Y añadía el juez que hay indicios más que suficientes para que la Infanta preste declaración como imputada "sinque por ello se tambaleen los pilares del Estado de Derecho".

Tal vez en eso se equivoque Castro. Porque su decisión de imputar, por segunda vez, a la duquesa de Palma ha sacudido los cimientos de la Corona, uno de los pilares del Estado. Y así lo han entendido los más de 300 periodistas, muchos de ellos extranjeros, acreditados para asistir a un acontecimiento que, sinpedantería, puede calificarse de histórico, y sobre el que la inmensa mayoría de la opinión pública ya ha dictado su veredicto:culpable.

El juez confirmó ayer que la declaración de Doña Cristina sólo se grabaría en soporte de audio, como pidieron susabogados,desestimando así los recursos presentados por el ex socio de Urdangarin,Diego Torres, y una de las dos acusaciones populares, la que ejerce el sindicato Manos Limpias, quehabían reclamado la grabación en vídeodel interrogatorio a la hija del Rey. Castro, en un auto dictado ayer, afirmaba que su decisión no supone "un trato privilegiado hacia persona determinada", y que habría actuado igual con el resto de imputados en la causa si se lo hubieran solicitado.

Frente al retrato de su padre

La duquesa de Palma ha declarado en una sala de 60 metros cuadrados presidida por una fotografía de su padre, el Rey, y las banderasde España y Baleares.El juez decano de Palma,Francisco Martínez, había habilitadouna pequeña dependencia, anexa a la sala -la misma en la que su marido compareció por primera vez ante Castro, hace ahora casi dos años-,para quela infanta Cristina pudiera descansardurante los recesos del interrogatorio.

Además de partidarios de laAsamblea Republicana de Mallorca, también se hamanifestado en los alrededores de los juzgados ungrupo de ecologistas ibicencoscontrarios a las prospecciones petrolíferas previstas en aguas próximas a Baleares. Unos200 agentes los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han sido movilizados para mantener el orden y velar por la seguridad de la Infanta.