El salario de la infanta Cristina corre peligro de embargo

El reloj sigue corriendo a un ritmo frenético para Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón. Ahora mismo, deberían estar reuniendo medio millón de euros diarios para que su horizonte penal y social no se complique aún más. El calendario marca el 31 de marzo como fecha límite para hacer frente a los 15,5 millones de euros en concepto de responsabilidad civil impuestos por el juez Castro. ¿Qué ocurrirá si llegado el plazo no los consignan en el Juzgado Nº 3 de Palma? ¿Es posible canjear dinero por meses a sumar en una hipotética condena futura? ¿Puede pagar uno y quedar exento el otro?

Para responder a todo ello recurrimos a José María Fuster-Fabra, reputado abogado penalista, profesor universitario y doctor en Derecho. “La fianza civil no afecta a la cuestión penal, aunque en España ambas van en un único procedimiento. Al tema civil se le aplican, no obstante, normas civiles. En este caso es el principio de la responsabilidad patrimonial universal. Se les aplicaría el artículo 1.911 del Código Civil (‘Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros’). Cualquier bien que los duques adquiriesen en el futuro estaría embargado, así como sus salarios. Si el día 1 de abril no está satisfecha esa fianza, el juez Castro puede ordenar el embargo preventivo del salario de Doña Cristina en las cuantías que la ley establece”. La Ley de Enjuiciamiento Civil prevé una serie de porcentajes a trabar sobre el salario con un límite último: a ningún deudor puede embargársele más allá del salario mínimo interprofesional.

El juez Castro ordenó este martes el levantamiento del embargo que pesa sobre el palacete de Pedralbes. Los duques de Palma se han comprometido a ingresar en la cuenta del juzgado los 2,3 millones de euros que quedarán tras su venta, con lo que la cifra que deben al Estado por este concepto (Iñaki Urdangarin tiene, además, una deuda con Hacienda de más de 200.000 euros) continuará por encima de los 13 millones. En noviembre de 2013 el juez ordenó el embargo de la mitad indivisa de la casa de los duques y de otras propiedades de Iñaki Urdangarin. Ni él ni su exsocio Diego Torres consignaron en el juzgado los 8,1 millones impuestos como fianza de responsabilidad civil. Una cantidad que no ha hecho sino crecer, delito a delito.

Ahora, en marzo de 2015, aunque Iñaki Urdangarin quisiera ser el caballero que ya demostró en su primera declaración ante el juez Castro (“mi esposa no sabe nada”) y permitir que esa cantidad eximiese a Doña Cristina, no podría. La cifra de 2.372.602 euros que les quedarán a los duques tras la cancelación de la hipoteca con La Caixa, debe ser dividida en dos. Urdangarin seguirá debiendo más de 12 millones y la infanta, 800.000 euros en números redondos.

Ninguna gran corporación quiere contratar a Urdangarin

La acusación popular tampoco facilita a los duques la parte civil del proceso. Así se expresa la abogada Virginia López Negrete: “La mitad de ese palacete es de la infanta. Si se vende, nos quedamos sin un bien clave para satisfacer su responsabilidad civil. Acabamos de presentar ante el Juzgado de Instrucción Nº 3 un escrito solicitando que no se levante el embargo sobre esa casa hasta que ella no ponga toda su parte y seguimos a la espera del recurso de apelación que presenté a la autorización de esa venta. De todas formas, llegado el caso de embargar, recordemos que la infanta tiene una buena nómina”.

Este medio ha podido saber de fuentes bien informadas que el abogado Mario Pascual no miente. Iñaki Urdangarin está buscando trabajo. O, al menos, permanece abierto a ofertas. Naturalmente, no imaginamos al duque de Palma sirviendo mesas en una cafetería de Ginebra, pero esas mismas fuentes nos aseguran que ninguna gran corporación se ha interesado en estos meses por los servicios del exjefe de Nóos. Así pues, llegado el momento del embargo, el modo de vida de los duques en Suiza se vería seriamente afectado. ¿Cómo harán frente al mayúsculo alquiler de su ático en la carísima Rue des Granges? ¿Cómo mantendrán a sus hijos en un colegio que les cuesta cerca de 80.000 euros al año?