La infanta Cristina, embargada

El juez Castroha iniciado los trámites para que la infanta Cristina y otros acusados del caso Nóosle entreguen una relación de bienes con los que responder a las fianzas de responsabilidad civil que pesan sobre ellos y que el magistrado les impuso en el auto con el que el pasado mes de diciembre acordó enviarles al banquillo de cara a su enjuiciamiento.

No puede decirse que el juez no haya tenido paciencia. Él mismo se encarga de señalarlo en el razonamiento jurídico del auto que acaba de firmar:“Habiendo transcurrido con notorio exceso el plazo concedido sin que doña Cristina de Borbón y Grecia haya prestado la fianza exigida, procede (…) causar traba contra los bienes que designe el afectado, que quedarán sujetos a responder a resultas de la presente pieza separada hasta el importe fijado”. Lo adelantamos en Vanitatis: primero, los bienes y a continuación, si con ello no fuese suficiente, llegará el turno de sus salarios.

El importe de la responsabilidad pecuniaria de doña Cristina por su imputación en el caso Nóoses de 2.697.150 euros y el plazo terminó el pasado 1 de abril. Tras un mes de gracia, el juez ha hablado. A partir de hoy mismo, la defensa de la infanta dispone de tres días para enviar al juzgado Nº 3 de Palma una relación de cuentas corrientes, depósitos, activos financieros y bienes inmuebles en los que trabar embargo. A nombre de Aizoon SL los duques de Palma tienen escrituradas dos viviendas en Palma de Mallorca, con sus garajes y trasteros, más otra vivienda con trastero en Terrassa (Barcelona). También continúa a su nombre el palacete de Pedralbes, del que el juez Castro levantó el embargo para que pudiera ser vendido. El 17 de marzo no se firmó la ansiada venta y hoy los duques llegan tarde.

Conocemos este auto (a todos los imputados que no han satisfecho su responsabilidad se les ha abierto la misma pieza que a la infanta) el mismo día en que ha comenzado a filtrarse el escrito de defensa de su marido, Iñaki Urdangarin, en el que carga sobre las Administraciones Públicas que negociaron con el Instituto Nóos cualquier tipo de irregularidad. La acusación popular, representada por la abogada Virginia López-Negrete, lo desmiente de modo taxativo: “Hay suficiente documentación en la causa que acredita que en Nóos confeccionaban el contrato y se lo enviaban a la Administración para que lo firmase. De ningún modo es al revés. Recordemos la frase ¿quién se va a negar a recibir al yerno del rey?”.