El colectivo de lesbianas acusa a Ana Mato de discriminarlas con su reforma

Las intenciones de la Ministra de Sanidad, Ana Mato, anunciadas hace meses, de ‘revisar’ la cartera de servicios básicos del Sistema Nacional de Salud son desde hoy una decisión aprobada en el Consejo Interterritorial de Salud. Entre las medidas acordadas, figuran la de que todos los hombres y mujeres de 50 a 69 años se podrán someter cada dos años a la prueba de detección de sangre oculta en heces para detectar de forma precoz el tumo de colon; que en el cáncer de mama, se realizarán mamografías a todas las mujeres de entre 50 y 69 años, con una revisión bianual; o que el cribado de cáncer de cérvix se llevará a cabo en mujeres de 25 a 65 años, con una periodicidad de entre tres y cinco años.

Pero la medida más polémica era la que se esperaba que se tomase acerca de los criterios de acceso a las técnicas de reproducción asistida (TRA), de los que parecían quedar excluidos colectivos como las lesbianas o las mujeres solteras. Los responsables del Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos han aprobado la nueva cartera básica común de servicios, según la cual estos tratamientos se financiarán "por motivos terapéuticos o preventivos". Ser "mujer estéril" será el requisito determinante para poder acceder a tratamientos de reproducción asistida en el sistema sanitario público, siempre y cuando no se tenga más de 40 años en el caso de la mujer y de 55 para los hombres.

Acudir a los tribunales

La tarde anterior a la confirmación definitiva de las decisiones del Ministerio, centenares de personas, la mayoría mujeres, protagonizaron una manifestación frente a su sede en protesta por la citada resolución. El preludio de lo que probablemente serán movimientos de queja en los próximos días y meses. Tal y como ha anunciado hoy la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, tienen pensado recurrir la "exclusión" de lesbianas y mujeres solas de los tratamientos de fertilidad financiados por la sanidad pública. Su presidenta, Boti García Rodrigo, y la de la asociación Galehi, de familias de este colectivo, Gloria Fortún, han indicado que acudirán a los tribunales si el único criterio válido para acceder a un tratamiento de fertilidad financiado es la esterilidad.

Las dos representantes del colectivo se han trasladado al Ministerio para presentar en el registro dos cartas en las que piden a la ministra una reunión "a la mayor brevedad posible" y le transmiten su "extrema preocupación por la decisión de excluir de la cartera de servicios comunes la asistencia reproductiva a mujeres sin pareja varón".

Pese a que en su defensa, el Ministerio argumenta que la nueva cartera de servicios ha sido concretada atendiendo exclusivamente a criterios médicos indicados por las sociedades científicas, la polémica está servida, sobre todo si se valora que La ley de Reproducción Asistida de 2006 deja bien claro que las usuarias de estas técnicas son las mujeres mayores de 18 años “con independencia de su estado civil y orientación sexual”.

Algo que incluye a las mujeres solteras y lesbianas. Además, la medicina reproductiva actual no se limita a combatir los problemas de esterilidad de las parejas que no pueden tener hijos (se entiende que hay un trastorno cuando transcurrido un año de relaciones sexuales sin protección no hay embarazo) y se extiende a la prevención de enfermedades a través de técnicas como la selección genética de embriones.

Diferencias entre regiones

Sin embargo, la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (es decir, la lista de procedimientos que en todas las comunidades deben ser cubiertos por la sanidad pública), regulada por el Real Decreto 1030/2006, es ambigua, y establece que se cubrirá la reproducción humana asistida “cuando haya un diagnóstico deesterilidad o una indicación clínica establecida, de acuerdo conlos programas de cada servicio de salud”, un camino que ha dejado en manos de cada comunidad la decisión de asumir o no ese tratamiento en el caso de parejas de lesbianas o de mujeres solteras. De hecho, hay diferencias asistenciales entre regiones en este campo. Así en Andalucía, la gran mayoría de los hospitales sí las atiende, como en Baleares o País Vasco, por citar algunos ejemplos. Algo que no sucede en otras comunidades, como Asturias.

Ha sido precisamente en esta comunidad donde una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) condena a la sanidad pública del Principado a cumplir con el derecho de una lesbiana a que le sea facilitado el acceso a las técnicas de reproducción asistida y al reintegro de 7.723 euros que gastó la reclamante en distintas clínicas privadas para intentar tener descendencia.

La sentencia indica que la Constitución ampara el principio de igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo y entiende que en los casos de esterilidad no puede excluir la que en términos médicos se denomina como primaria (ausencia de factor masculino), ya que, de lo contrario, se estaría obligando a una persona de orientación homosexual a tener relaciones heterosexuales para alcanzar la procreación.

Un asunto complejo

La ambigüedad parece ser un asunto sin resolver desde hace años tal y como quedó reflejado en el documento de consenso elaborado en 2001 por 34 especialistas asesorados por dos expertos en derecho sanitario en el que se establecía en qué casos financiar las TRA en la sanidad pública, que eran aquellos en los que se diera la “existencia de un trastorno documentado de capacidad reproductiva”. En el mismo documento se reconoce que “el establecimiento de decisiones que implican criterios de priorización en el ámbito sanitario es asunto delicado y espinoso y, sin embargo, se muestra como absolutamente necesario en los sistemas públicos de salud. Se trata de un asunto delicado en cuanto se refiere a un bien esencial para la vida y que constituye una plataforma necesaria para el desarrollo y realización personal de los seres humanos. Y es también un asunto espinoso, porque el hecho de establecer prioridades significa discriminar a unos en relación a otros y, en consecuencia, un factor de conflicto para cualquier sociedad”.

Diana Guerra, psicóloga de la Clínica IVI Barcelona, reconoce que la decisión del Ministerio se “puede valorar desde dos aspectos distintos. Por un lado el económico. El estado actual de la sanidad obliga a plantearse recortes y estos se realizan en función de lo que no se considera prioritario. Tal vez por ello algunas situaciones no se contemplan. como es el caso ahora de las parejas de lesbianas o las mujeres solteras, como sucede con las operaciones de cirugía estética o con patologías que se consideran menos graves”.

Sin embargo, reitera, “no deja de ser una medida discriminatoria para mujeres lesbianas y solteras, que son, en realidad los dos tipos de personas que ya acudían a los centros privados para las TRA, por motivos de rapidez y por el trato recibido, saben que se van a encontrar con una atención diferente. Son mujeres que suelen estar más preparadas para afrontar los tratamientos porque la decisión de someterse a ellos es más meditada y llevan además mucho tiempo de lucha contra los prejuicios de la sociedad. Por otro lado, y a nivel psicológico, el conocimiento de esta noticia reabre heridas y las vuelve hacer sentir víctimas de discriminación”.

Para la presidenta del FELGTB, "la medida no es compatible con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el matrimonio igualitario". Para este colectivo, el hecho de que el tratamiento de fertilidad dependa de un diagnóstico de esterilidad "deja técnicamente fuera de consideración a estas mujeres". Para García, una normativa que "no atiende a la salud de las personas, sino a su derecho a tener descendencia biológica sólo si existe una pareja varón, es una medida totalmente sexista, porque el derecho de una mujer no puede depender nunca del varón que tenga o no a su lado".

Pero además de esta "discriminación social", el colectivo de lesbianas considera que la medida supone una "discriminación económica", ya que las mujeres que puedan pagar los elevados costes de una clínica privada tendrán derecho a la maternidad, mientras que las solteras y lesbianas sin recursos no podrán acceder a ello.

El factor edad

José Codesido, miembro de la Junta Directiva de Anacer (Asociación Nacional de Clínicas de Reproducción Asistida), admite que “la medicina reproductiva siempre ha sido un tema complejo, debido a que se ha discutido mucho si la infertilidad es una enfermedad y debe tratarse como un problema de salud y sanitario, o si debe tratarse como un apoyo a la natalidad”.

Este especialista reconoce que la demanda de “TRA sí ha aumentado entre las mujeres lesbianas y solteras, pero siguen siendo más las parejas heterosexuales las que solicitan estos tratamientos”. Para él una de las principales razones por las que se presentan problemas de fertilidad es la edad. “Cada vez hay más mujeres que no pueden plantearse tener hijos mientras son más jóvenes debido a cómo está planteada la sociedad. También la edad es un factor que influye en el éxito de las técnicas”.

Precisamente, el pasado mes de marzo la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) pidió a la Administración que mantuviera las terapias de reproducción asistida dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) a pesar de la crisis económica, pues la infertilidad es "una enfermedad biológica, psicológica y social que no se puede dejar de atender" y que responde a motivos de salud y no "a satisfacer los deseos del paciente".

Su solicitud se realizó en el acto de presentación del Libro Blanco Infertilidad en España: Situación Actual y Perspectivas, elaborado con el apoyo de Merck KGaA.

Somos uno de los países desarrollados con un mayor número de centros dedicados a la reproducción asistida. Existen 217 centros de reproducción asistida, 180, privados y 37 públicos, lo que significa que hay un centro por cada 280.000 habitantes y uno público cada 1,5 millón de habitantes. En volumen de tratamientos España se sitúa probablemente como el tercer país europeo.

En concreto, se realizan anualmente 50.000 ciclos de reproducción asistida, el 38% con éxito, y unos 23.000 tratamientos de inseminación artificial, de los que acaban en embarazo el 13%. De estos 50.000 ciclos anuales, un tercio se realiza en la sanidad pública y dos tercios en los centros privados.

Pero lo que sí está claro, tal y como recientemente ha manifestado el Centro Médico Valenciano de Reproducción Asistida (CREA), es que en los últimos tres años se ha registrado un incremento de la demanda de solteras y lesbianas en someterse a tratamientos de fertilidad. Así lo manifestó el codirector del centro, Miguel Ruíz Jorro, cuando salió a la luz la proposición de excluirlas de los tratamientos de fertilidad gratuitos. A su juicio, “resulta discriminatoria ya que tienen el mismo derecho a someterse a ellos que las parejas heterosexuales. La única condición que se requiere en los tratamientos para madres solteras es que el semen sea anónimo, a diferencia de las parejas heterosexuales, mientras que las lesbianas, con el reconocimiento como pareja, se realiza el tratamiento denominado Recepción de Óvulos de la Pareja que consiste en la realización de una Fecundación In Vitro con la participación de las dos mujeres de la pareja y un semen de donante anónimo”.