El juicio de Marichalar contra la revista 'Época' será a puerta cerrada

El viernes a las once de la mañana está previsto que Jaime de Marichalar comparezca en el juzgado como demandante por el contencioso que mantiene con la revista Época. Un juicio que estaba previsto para el pasado 16 de febrero y que se tuvo que posponer por enfermedad de su letrada, Cristina Peña. Pero hay novedades con respecto a esa fecha. Mientras que en aquel momento no se había solicitado que fuera a puerta cerrada, ahora sí se ha requerido, según han informado fuentes judiciales a Vanitatis. Marichalar no quiere que ni la prensa ni el público ajeno permanezca en la sala de vistas. La juez sustituta considera que la celebración del plenario con la asistencia de terceros podría convertirse en un tema tan mediático como las declaraciones del imputado Urdangarin en el juzgado de Palma. Por esta razón, este mismo jueves, la jueza ha concedido a Marichalar su petición y el juicio se celebrará finalemnte a puerta cerrada.

El origen del conflicto judicial por injurias se inició en 2008, tras la publicación en Época de un reportaje en el que se informaba de la separación definitiva (nulidad o divorcio) de la infanta Elena y Marichalar y de las supuestas presiones por parte de la infanta, que podría haber alegado como causa de divorcio un supuesto "consumo ocasional de cocaína" por parte de su marido, siempre según la publicación.

En aquel momento se aceptó a trámite una solicitud de Jaime de Marichalar para que se depositara una fianza solidaria de un millón de euros por parte de la revista, que ésta no hizo efectiva. Guillermo Regalado, abogado de los periodistas, aseguraba en su día a Vanitatis que “cuando el juez dicte sentencia, en caso de otorgar la razón a Jaime de Marichalar, determinaría la cuantía de la indemnización que correspondería pagar a los acusados por responsabilidad civil”, pero que no la depositarían antes.

Dado el tipo de delito -una demanda por injurias-, no existe pena de cárcel, sólo multa pecuniaria. Como declaraba Regalado a Vanitatis y, atendiendo a la jurisprudencia, “no existe ni un solo caso en el que se haya hablado de una cantidad tan alta por una demanda relativa a una información ofensiva. La máxima ascendió a 300.000 euros y fue impuesta a un programa de televisión que ya no existe y cuya difusión nada tenía que ver con los 15.000 ejemplares de la revista Época”.