Julio Iglesias se libra de declarar en un juicio por malversación de fondos públicos

 El juzgado de Valencia que dirige la investigación del conocido como "caso IVEX" ha decidido suspender la declaración de Julio Iglesias prevista para el próximo martes 10 de julio. El cantante había sido citado, en calidad de testigo,  para aclarar el supuesto delito existente en la forma de pago del Instituto Valenciano de Exportación al artista.

A pesar de que el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia anunciase la semana pasada la citación del cantante, el titular del juzgado ha tenido constancia de que Julio Iglesias declaró en mayo ante la autoridad judicial competente en la República Dominicana, según ha publicado el diario ABC.

Así, y ante la espera de que dicha declaración le sea remitida, el juez ha decidido retirar la citación del cantante prevista para el próximo día 10 de julio. Esto supuso un gran revuelo, ya que la fiscalía no citó antes a Julio Iglesias alegando que no lograba localizarlo. Los grupos de la oposición habían calificado de "esperpéntico" que éste actuase dos días antes de dicha fecha a apenas "cien metros del juzgado que quiere citarlo y no lo localiza" -el Palau de les Arts está situado prácticamente enfrente de la Ciudad de la Justicia-.

Este juzgado de Valencia investiga una supuesta malversación de fondos en los pagos del IVEX al cantante, quien en diciembre de 1997 fue contratado como embajador cultural de la Comunitat Valenciana y para promocionar sus productos en el extranjero.

El PSPV-PSOE presentó en mayo de 2004 ante el Tribunal Supremo una querella contra diecinueve consejeros del IVEX por un delito de presunta malversación de fondos relacionado con pagos al citado cantante durante los años 1997, 1998 y 1999, los de la ejecución del contrato. El Supremo acordó que no era competente para conocer esa querella, en la que se reclamó el esclarecimiento de las cuentas del erario público durante los tres ejercicios en los que se contrató y se ejecutó por parte del IVEX al cantante como embajador comercial de la Comunitat Valenciana.

Según la denuncia, el contrato que se hizo público establecía el pago al artista de 2,2 millones de euros, pero hubo otra "carta de intenciones" o "contrato B", que presuntamente se ocultó al Parlamento autonómico, que elevaba esa cantidad a 5,9 millones, y además la declaraba libre de impuestos.