La abuela de Letizia declara ante el juez

Menchu Álvarez del Valle ha declarado esta misma mañana ante el juez como imputada por un presunto delito de insolvencia punible por alzamiento de bienes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas de Onís, donde también se encuentra el ayuntamiento. La abuela de la princesa Letizia llegó puntual, a las 10:15 h. de la mañana y del brazo de su abogado, en medio de una gran expectación por parte de los medios de comunicación, por lo que tuvo que ser custodiada por varios agentes de la Guardia Civil, que la acompañaron hasta la entrada principal del juzgado.

Ni a la entrada ni a la salida realizó declaraciones sobre esta imputación, aunque sí aseguró estar "bien" a los periodistas. Tampoco ha trascendido la declaración de Menchu Álvarez, que ha durado alrededor de 45 minutos, ya que se había prohibido que los periodistas estuviesen presentes en la declaración. A la salida, la Policía Municipal instaló unas barreras que facilitaron el paso de Álvarez hasta el coche que la esperaba y en el que se fue sin contestar a los medios. 

Sin embargo, fuentes judiciales han informado de que la abuela de la princesa respondió "tranquilamente" a todas las preguntas que le formularon la juez, que es suplente en el Juzgado, y el abogado de la acusación.

Este es solo el primer capítulo de esa imputación cuyo origen se remonta a una denuncia interpuesta por un particular contra Henar Ortiz, la hija de Menchu, quien al parecer contrajo una deuda de más de 22.000 euros con la demandante, Sandra Ruiz. Posteriormente, el juez abrió una investigación en la que acabó por imputar a Menchu Álvarez.

Además, Henar y Jesús Ortiz, tía y padre de la princesa de Asturias, también deberán declarar por este mismo caso, aunque será en sus ciudades de residencia, Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Oviedo respectivamente, aunque se desconoce todavía una fecha concreta. El Ministerio fiscal pidió que se les incluyera debido a su posible implicación en una serie de maniobras contables de dudosa legalidad que se llevaron a cabo para preservar la casa familiar de Sardéu (Ribadesella) de un embargo para hacer frente a las deudas contraídas.

Las penas por este tipo de delitos, que atienden al "deber del deudor de responder con todos sus bienes presentes o futuros en caso de incumplir sus obligaciones", se elevan a entre uno y cuatro años de prisión.