Arantxa Sánchez Vicario da un plazo de 60 días a sus padres para llegar a un acuerdo

 

Arantxa Sánchez Vicario ha puesto fecha tope para negociar con sus padres, tras retirar temporalmente la demanda que les había interpuesto. Sesenta días. Ese es el plazo que, según explica su abogado a Vanitatis, la extenista ofrece a sus progenitores para llegar a un acuerdo extrajudicial, si no volverá a la vía judicial. Fuentes del entorno de los padres explican que éstos “aceptan las negociaciones”, pero que aún desconocen cuáles son las pretensiones de su hija. Ambas partes se reunirán en los próximos días para fijar los términos del acuerdo.

Este jueves era el día en el que Arantxa Sánchez Vicario iba a sentar en el banquillo de los acusados a sus padres para conseguir arrebatarles el piso de Barcelona que ahora mismo disfrutan en usufructo, entre otras pretensiones. Sin embargo, la medallista olímpica ha decidido, este mismo martes, intentar llegar a un acuerdo con ellos. “No se trata de una marcha atrás de Arantxa”, explica a Vanitatis Juan José Burgos, abogado de la extenista. “Se trata de una suspensión del pleito para no complicar más un asunto familiar”.

Desde el entorno de los padres explican que “jamás han tenido el dinero que les pide Arantxa”. Además de los dos inmuebles que Sánchez Vicario posee en Barcelona y Girona, y que están en estos momentos en posesión de sus padres, la deportista exige entre 16 y 20 millones de euros. Arantxa acusa a sus padres de apropiación indebida y malversación, de desvío de dinero al extranjero y de hacer inversiones sin su consentimiento.

El piso de la discordia

Barcelona. Avenida Diagonal, número 644. El piso en el que actualmente viven los padres de Arantxa Sánchez Vicario se ha convertido en el centro de la batalla. Desde un principio, la extenista ha querido poseer los derechos de este piso, que no está a su nombre, para poder pagar el dinero que Hacienda le reclama (3,5 millones de euros).

El piso está a nombre de una sociedad, Euroilla Inversiones S.L., que permitió el usufructo a los padres, y con la que Arantxa Sánchez Vicario no aparece relacionada en el registro. “Le ha interesado mantenerse fuera del bullicio”, explica el entorno de los padres. “Por eso no tiene las cosas a su nombre”, aclaran. Según contó en su momento el programa Equipo de Investigación (Antena 3), la empresa tiene como administrador único a Vicente Merino, un hombre que posee una veintena de sociedades (siete relacionadas con los Sánchez Vicario) y que a la vez trabaja en un kiosko de prensa.

El piso de Diagonal está situado en una cuarta planta. 200 metros cuadrados en pleno centro de la capital catalana. Algunos pisos en ese mismo portal se alquilan por 2.250 euros al mes. Los padres han vivido en este piso durante más de 20 años, pero ahora Arantxa se lo reclama.

El punto de partida

Arantxa Sánchez Vicario anunció su retirada en 2002. En ese momento, empezó a preocuparse por el dinero que había ganado a lo largo de su carrera como tenista. Durante sus años de éxito, se crearon tres sociedades encargadas de gestionar el dinero de la deportista, domiciliadas en el piso de Barcelona y con los padres como gestores de las mismas.

A su vez, existía una cuarta empresa, Fleming Investments S.L., a nombre de Javier Sánchez Vicario, el hermano de la protagonista, pero también gestionada por el padre. Era la más fructífera de todas, pues llegó a tener en caja más de 7,5 millones de euros. A través de esta sociedad, el hermano ha podido disfrutar de una vida de lujo, consiguiendo más dinero que la propia tenista, siempre según la versión de Arantxa. La enemistad con su familia comenzó en este momento.

Forja de campeones

“¿Puede alguna persona pensar que no quisiera hacer todo por las buenas? Lo he intentado con todas las fuerzas”. Así comenzó Arantxa Sánchez Vicario la rueda de prensa en la que le declaraba la guerra pública a sus padres, la misma en la que presentó el libro que dio paso al escándalo, Arantxa ¡Vamos!

Ahora, meses después de que se abriese la polémica, la parte denunciada declara que está “abierta a reunirse”. La parte denunciante, por otro lado, explica que este nuevo proceso será una etapa en la que, “sin renunciar a los derechos judiciales, se intentará llegar a un acuerdo”. 60 días nos separan del desenlace.