Gomendio denuncia por "fraude académico" a su exmarido ante el presidente del CSIC

Trabajaron juntos en el CSIC durante 15 años. Compartían grupo de investigación en la Agencia Estatal antes de que ella la abandonara en enero de 2012 para acudir a la llamada del por entonces recién designado ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert. Escasos meses después de su nombramiento como secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, el matrimonio de Monserrat Gomendio Kindelan se rompió y el divorcio acabó en los juzgados, donde se procederá a la división patrimonial de un ingente botín en gananciales, ya que Gomendio tiene una fortuna declarada de 14,5 millones de euros. Pero el contencioso judicial ha acabado trasladándose también a los despachos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas tras una denuncia por “fraude académico” de Gomendio a su ex, en la que le acusa de agenciarse la autoría de ciertos trabajos conjuntos y que ha provocado víctimas colaterales.

Un becario predoctoral del antiguo grupo de investigación que codirigía el extinto matrimonio en el CSIC se convirtió en destinatario involuntario del fuego cruzado entre Monserrat Gomendio y el que fuera su esposo, Eduardo Raúl Roldán. Ambos coordinaban la tesis doctoral de un joven que responde a las iniciales de A.V.S. y cuyo trabajo versaba sobre aspectos concretos de la reproducción sexual de los mamíferos. Con fecha 11 de abril de 2014, el citado becario envía carta sellada por el Museo Nacional de Ciencias Naturales a la que había sido su codirectora de tesis, Monserrat Gomendio, hasta enero de 2012, cuando se marcha al ministerio. En ella le solicita la aceptación de su renuncia como codirectora por dejación de sus funciones.

Diez días después de la recepción de la misiva, Monserrat Gomendio contesta al remitente a través de su bufete de abogados, asegurando que la decisión de causar baja como codirectora de la tesis doctoral correspondía exclusivamente a ella y que no lo haría hasta que se le enviase una copia del trabajo final del doctorando y de las publicaciones en revistas especializadas relacionadas para saber el grado de autoría que ella tenía en las mismas. Además, con relación al motivo de la solicitud de la renuncia ­–el hecho de que Monserrat Gomendio no hubiera participado en la tesis desde su llegada al ministerio– se asegura que en ningún momento ni el becado ni el otro codirector, Eduardo Raúl Roldán, se pusieron en contacto con ella en relación con dicha tesis, ni se le requirió actuación o revisión alguna respecto de la misma.

Un Comité de Ética como mediador

Dos meses después, la cosa habría de complicarse sobremanera porque, tal y como demuestra la documentación a la que ha tenido acceso Vanitatis, el Comité de Ética del CSIC abrió un proceso de investigación sobre este tema a instancia del presidente del organismo, Emilio Lora-Tamayo, tras la recepción por su parte de una carta de Monserrat Gomendio remitida el 9 de junio. Vanitatis ha podido constatar por fuentes del CSIC que ese mismo día Eduardo Raúl Roldán fue citado en el despacho del presidente para explicarle las razones que le llevaban a elevar al Comité de Ética esta acusación de “fraude académico” (figura que no existe en España, pero sí en algunos países de Europa).

Tan solo cuatro días después de aquella reunión, el 13 de junio, el Comité de Ética cita al doctorando y le toma testimonio. Pocos días después hace lo propio con otros dos integrantes del grupo de investigación (un estudiante de doctorado y un investigador posdoctoral). También cita a Eduardo Roldán, que se niega a acudir y solicita que su declaración y la respuesta del comité sean escritas y se produzcan mediante correspondencia escrita para que haya constancia documental de todo el proceso por si hubiese que judicializarlo posteriormente.

En ese intercambio de cartas, el exmarido de Gomendio denuncia la falta de información sobre el proceso que se ha abierto contra él, solicita recurrentemente el documento de su exesposa por la que se abrió el expediente e información concreta sobre la acusación que se le imputa. Fuentes oficiales del CSIC han querido aclarar en conversación con Vanitatis que el comité respetó en todo momento las normas de funcionamiento aprobadas en 2008, que remiten a su vez a lo dispuesto en la ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. El denunciado sostenía sin embargo en sus reclamaciones que no se estaba cumpliendo el artículo 35a de ley 30/1992, en el que se dice que los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen derecho “a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de los documentoscontenidos en ellos”.

A día de hoy, seis meses después del inicio del proceso, el caso está resuelto, según aseguran fuentes no oficiales del CSIC, aunque todavía no existe comunicación oficial de la decisión de su presidente, que es el único que puede sancionar administrativamente al denunciado, ya que el comité solo tiene una función consultiva. Lo que sí está claro a estas alturas es que el proceso abierto retrasó irremediablemente la defensa de la tesis doctoral por parte del becario, que estuvo a punto de perder un contrato postdoctoral que le había ofrecido una universidad extranjera. Finalmente, ciertas gestiones posibilitaron que todo se llevara a efecto. En el transcurso de las mismas, Eduardo Roldán renunció a la dirección de la tesis objeto de litigio académico. Vanitatis se ha puesto en contacto con todos los protagonistas de esta historia, que no han querido hacer declaraciones al respecto.

Primer asalto para Roldán

El juez declara disuelto el matrimonio y atribuye el uso del domicilio conyugal por los dos primeros años al marido, aunque será alterno desde entonces y hasta la aclaración de la cuestión patrimonial. Rechaza a su vez la medida cautelar sobre la pensión de los hijos y la única pretensión de la secretaria de Estado que se acepta esel bloqueo de una cuenta bancariacomún del matrimonio, en la que ahora no se puede operar sin autorización previa de ambas partes.