Ecologistas 1 - matrimonio Aznar Oriol 0: multa para los terratenientes de Cabañeros

Se da por zanjada una de las polémicas que rodea ala casa que la familia formada por el naviero Alejandro Aznary la empresaria Mónica Oriol tienen en el corazón del Parque Nacional de Cabañeros, que en origen era una fincapropiedad de la familia Aznar desde 1930, antes de que fuera vendida alEstado en 1983. Entonces17.400 hectáreas pasaron a titularidad pública y7.000más unacasonaquedaron en manos de los Aznar.Años más tarde, en 1995, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de José Bono creó elParque Nacional de Cabañeros, entre las provincias de Ciudad Real y Toledo. Hasta ayer había dos demandas pendientes impulsadas porEcologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF. Una referente al camino que une la finca con la carretera CM-4107, que actualmente une aHorcajo de los MontesconRetuerta de Bullaque,ambas localidades en lamilla de oro de la caza en Ciudad Real.Y otra, relativa a las obras de ampliación de la casa y la creación de un parking y una campa de evisceración para las piezas cazadas.

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Ana Sánchez Juárez

La noticia que ahora nos ocupa conciernea la primera demanda de los ecologistas.En una sentencia sobre la que ya no cabe recurso,el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 10 confirma la sanción de 10.000 eurosimpuesta a los propietarios de la finca de Cabañeros, la familiaAznar-Oriol, por haberse excedido en los trabajos de acondicionamiento del camino de acceso al terreno.

Cuando la familia Aznar vendió parte de su finca al Ministerio de Defensa, aún no existíala carretera CM-4107.En pleno proceso de compra, la Diputación realizó un camino como posible trazado inicial de la carretera, aunque finalmente no fue utilizado para tal uso. Desde la familia AznarOriolaseguran que dicho camino, existente desde 1984,no era utilizado por Alejandro Aznarni los invitados a su finca hasta que, tras las obras de la ‘nueva’ vivienda, expresaronsu deseo de entrar a Cabañeros por ese camino yacometieron unas obras (sin licencia) que ahora han sidodeclaradas ilegales.

Sin carretera de acceso a la finca

Con el fallo, el tribunal desestima el recurso que habían interpuesto los propietarios del terreno y da la razón a SEO/BirdLife, entidad personada en el proceso desde el inicio del expediente en representación de las tres organizaciones.Las tres ONG ambientales recuerdan que "el proceso de autorización de la pista, de unos 1,5 kilómetros, estuvo plagado de sombras e irregularidades". WWF, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción lamentan que, en vez de colaborar con la conservación de este espacio, la empresa Inmobiliaria de Bullaque(titular de los terrenos) continúe presentando recursos contra las sanciones que se le imponen.

Desde Ecologistas en Acción aseguran a este medio que "lo importante no son los 10.000 euros, sino que hay que eliminar lo que han modificado. El gran triunfo es que debendevolverlo a su anterior uso permitiendo, como dice la sentencia, que la vegetación recolonice nuevamente los bordes del camino. Nunca será la carretera de acceso principal a su finca. Han utilizado este camino como si fuera de uso privado y no lo es. Como dicta la sentencia, de los 1,4 kilómetros de longitud, más de 1.000 metros pertenecen ala Cañada Real Segoviana y por tanto son zona de paso de ganado. La Junta de Castilla-La Mancha tuvo en su día que sancionara la Inmobiliaria del Bullaque por haber instalado sobre la vía una 'puerta que la ocupa transversalmente', para impedir el paso.La Justicia nos ha dado la razón y gana el medioambiente", recalcan.

¿Que pasa con la otra sanción de 200.001 euros?

Pero la verdadera sentencia que tiene en vilo a la familia Aznar-Oriol está por llegar.Alejandro y Mónicadecidieron acometer en 2012 las obras de su casa de recreo en la Finca Cabañeros,de 7.000 hectáreas. Allí, sobre una antigua casona familiar que data de 1930, hicieron la reforma. Mientras solicitaban las licencias yantes de obtenerlas, Alejandro y Mónica comenzaron a edificar un aparcamiento para16 vehículos y una explanada encofrada para la evisceración. Es decir, un espacio de más de mil metros habitual en las fincas de caza donde obligatoriamente se tiene que habilitar un sitio para manipular las reses o, si no, se debenmandar a una sala de despiece.Tantoel aparcamiento como la explanada de evisceración recibieron el visto bueno del técnico del parque(cuyo informe adjuntamos) y de Basilio Rada,el presidente de la Comisión Mixta de gestiónde los parques nacionales de Castilla-LaMancha.

¿Qué pasó? Los ecologistas dicen que ni el aparcamiento ni la explanada aparecían en la primera licenciay los demandados,que las dos nuevos espacios superaron perimetralmentelas medidas por las que obtuvieron la licencia, pero que licencia tienen. Desde el entorno de Alejandro Aznar lo resumen: "Presionados por los grupos ecologistasse está aplicando la ley de manera purista". El 26 de mayo de 2015, la secretaría de Estado de Medio Ambiente condenó a unamulta de 200.001 euros por infracción muy grave a Inmobiliaria del Bullaque. Sentencia que no es en firme ya que está en la actualidad recurrida por lo contencioso-administrativo. Y que los grupos ecologistas esperan ahora que sea tan positiva como la que dirimió sobre el camino, que ahora acaban de ganar.

Los triunfos de los ecologistas en el Parque Nacional de Cabañeros hace que los otros propietarios de este espacio natural vean sus acciones vigiladas con lupa. Hay que recordar quede las 40.856 hectáreas de este parque que ocupa las provincias de Ciudad Real y Toledo, son de titularidadpública un 55.19% yel restante 44.81% pertenece a manos privadas. Los Oriol Aznar, cuya finca dio origen al parque, no son los únicos apellidos ilustres en la zona. Dentro del parque está tambiénEl Avellanar deAlberto Alcocero un 50% de Las Cuevas, propiedad deAlberto Cortina, además de otras.

Otro de los puntos calientes del parque es la caza. Gracias al Partido Popular, el Senado aprobó unaenmienda que permite la caza en los parques nacionales hasta 2020. Algunos de los propietarios de fincas privadas en este espacio aseguran que es "la única salida lógica". Y lo argumentan: "El control de población lo llevamos a cabo los propietarios porque el parque no tiene capacidad ni medios para hacerlo, ni tampoco está legitimado para hacerlo dentro de las fincas privadas. Si no existiera ese control de población, se haría un daño a la vegetación tan acusado que se comprometería la propia conservación del parque”.

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