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CASO NÓOS

La infanta Cristina paga los 587.413 euros que le pide la Fiscalía Anticorrupción

Menos de una semana. Eso es lo que la infanta Cristina ha tardado en reunir los 587.413 euros que la Fiscalía Anticorrupción le reclamó el pasado martes

Foto: La infanta Cristina, el pasado 8 de febrero en los juzgados de Palma de Mallorca (Gtres)
La infanta Cristina, el pasado 8 de febrero en los juzgados de Palma de Mallorca (Gtres)

Menos de una semana. Eso es lo que la Infanta Cristina ha tardado en reunir los 587.413 euros que la Fiscalía Anticorrupción le reclamó el pasado martes como beneficiaria a título lucrativo de los delitos fiscales que se le atribuyen a su marido, Iñaki Urdangarin. Así lo ha confirmado el bufete de su abogado Miquel Roca a primera hora de este lunes cumpliendo de esta forma con las palabras que el letrado pronunció hace unos días y en las que aseguraba que la hermana del Rey Felipe VI consignaría “de forma inmediata” la cantidad solicitada por el fiscal Pedro Horrach.

La infanta Cristina (Gtres)
La infanta Cristina (Gtres)
Una vez entregada dicha cantidad, la infanta Cristina y su equipo de abogados confían en que se archive la acusación que pesa sobre ella y que ni la Abogacía del Estado ni la Agencia Tributaria formulen ninguna acusación. Si esto sucede, la hija de Don Juan Carlos no se sentará en el banquillo de los acusados.

La cantidad que la Infanta ha consignado este lunes es la mitad de los fondos que, según el Ministerio Público, ingresó de forma ilícita la empresa Aizoon, propiedad de Doña Cristina y su marido al 50%, y que destinaron a pagar gastos personales. El fiscal Pedro Horrach considera que, a pesar de que la Infanta desconocía de dónde procedían parte de los fondos de los que se nutría Aizoon, “se benefició” porque Iñaki Urdangarin los destinó a pagar servicios y suministros de carácter personal y familiar.

Quien aún no ha movido ficha ha sido el duque de Palma, para quien la acusación pública solicita una pena de 19 años y 6 meses de prisión y una multa de 3,5 millones de euros por desvío de fondos públicos mediante varios presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo. 

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