Tras conocer las comisiones de Corinna... ¿puede el Rey hacer negocios privados?

“Trabajo sí, negocios no”. La máxima, que los cronistas reales atribuyen al Rey Juan Carlos, fue pronunciada tras obligar a su primogénita a cerrar Global Cinoscéfalos SL, empresa que compró en 2007 y en la que el fiel secretario Carlos García Revenga figuraba como administrador. No ocurrió lo mismo con la presencia de su segunda hija, la infanta Cristina, en lo más alto del organigrama de Nóos. Las consecuencias son bien sabidas. Los miembros de la Familia Real no deben abrir negocios, decía el Rey. Sí trabajar por el bien de España. Sin embargo, ¿qué hay de él mismo? Ayer, la revista Interviú publicó un reportaje en el que se estimaba que Corinna zu Sayn-Wittgenstein amasó 30 millones de euros como resultado de diez años de gestiones comerciales (reuniones, contactos, cierre de acuerdos) al calor de Don Juan Carlos. Los mismos años, más o menos, que estuvo entrando y saliendo discretamente de España.

El diario norteamericano The New York Times elevó en septiembre de 2012 la fortuna personal del Rey Juan Carlos en torno a los 2.000 millones de euros. Zarzuela no se querelló ni desmintió tan abultada cifra comunicado oficial mediante. Verdad es que se trataba nada menos que del Times, pero también es cierto que el diario, aunque admitía que puede haber bienes de Patrimonio Nacional incluidos entre tantos millones, no aportaba un solo dato ni fuente en que apoyar su estimación. Lo mismo que la NBC, en junio de 2014, a punto de producirse la abdicación. Una cifra mareante y ninguna cita bibliográfica o fuentes confidenciales.

En cualquier caso, sea cual sea la enigmática cifra y la recóndita cuenta que la guarde, parece haber consenso en que nuestro Rey jubilado no es precisamente pobre. Así pues, y con la comisionista Corinna tan presente, es momento de preguntarse si Don Juan Carlos pudo realizar negocios durante sus casi 39 años de reinado. ¿Fue legítimo en caso afirmativo? No, según nuestros expertos. No habría sido legítimo, pero tampoco ilegal. No solo por el carácter inviolable de la figura del Jefe del Estado, sino porque no hay norma alguna que lo prohíba. Leen bien. Ninguna norma impide al Rey, Juan Carlos o Felipe, cobrar una comisión por cerrar –pongamos por caso– un contrato multimillonario con un emirato árabe.

La Constitución no se lo prohíbe

“No existe prohibición constitucional alguna que limite los negocios particulares de la monarquía. La inviolabilidad y la irresponsabilidad del Rey, que sí que proclama la Constitución, dificulta justamente cualquier tipo de supervisión de sus actividades privadas e imposibilita el control judicial. Por otra parte, la configuración y regulación del Patrimonio Nacional, el conjunto de bienes asignados a la Corona, es realmente oscuro: lo que sale a la luz es la asignación que reciben el Rey y los miembros de su familia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero no el patrimonio asociado a la Casa Real”, afirma Héctor López Bofill, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat Pompeu Fabra.

De la misma opinión es Rafael Murillo, profesor de la misma materia en la Universidad CEU San Pablo. “No hay normativa que impida al monarca ejercer actividad privada. Puede actuar como cualquier ciudadano, si bien la otra persona debería saber de su condición de inimputable: no podría reclamarle sobre cualquier incidencia que se produzca sobre ese negocio jurídico. Ese el mayor problema que veo, porque al Rey no se le puede limitar el derecho de realizar actividades mercantiles, ya que no está sometido a ninguna incompatibilidad, técnicamente hablando. Hay que entender que el monarca se debería dedicar en exclusiva a las funciones de monarca. Por eso recibe un salario. Pero jurídicamente no existe ningún límite”.

La ley le exige exclusividad en la Jefatura del Estado

El argumento es simple pero muy claro. Sin embargo, hay excepciones con otros servidores de la patria. Ministros, diputados y senadores, entre otros, sí están limitados por la incompatibilidad. “Un diputado tiene que solicitar la autorización del Parlamento; por ejemplo, para dar clases. En el Congreso existe la Comisión del Estatuto del Diputado, que determinará la compatibilidad de la actividad parlamentaria con la mercantil. Con un senador ocurre igual”. Enriqueta Expósito, catedrática de la Universidad de Barcelona, se pronuncia en el mismo sentido haciendo un importante apunte inicial: “Nada que tenga que ver con el titular de la Corona tiene más regulación que los preceptos constitucionales que integran el Título II de la Constitución de 1978. Nos movemos en un marco jurídico de absoluta parquedad en el que los problemas que pudieran plantearse solo pueden tener respuesta por la vía interpretativa. Creo que hay unanimidad en la doctrina constitucionalista en afirmar la dedicación exclusiva del monarca a las funciones que corresponden al desempeño de la Jefatura del Estado. Exclusividad que implica no poder desempeñar ninguna otra función pública que no derive de su cargo, pero tampoco ninguna actividad mercantil o profesional”. En efecto. Según la Ley 5/2006, de 10 de abril, hay conflicto de intereses “cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos o intereses compartidos con terceras personas”.

¿Es aplicable esta ley al Rey? “Mi opinión es que sí. Y, por tanto, en el desempeño de sus funciones de Jefe del Estado no podría desempeñar ninguna otra actividad. ¿Qué sucedería en caso de haberla realizado? Nuevamente hacemos uso de la interpretación. Y en esta cuestión el nudo gordiano es ¿quién controla al Rey? La Constitución también dispone que es inviolable y no puede exigírsele responsabilidad alguna. Y estas son prerrogativas que protegen al Rey incluso una vez ha dejado de serlo si los hechos acontecieron durante el tiempo que desempeñó la Jefatura del Estado”, concluye Expósito.

¿Creen ustedes que Felipe VI cobrará alguna comisión, obtendrá beneficios por la compra de acciones o especulará en bolsa alguna vez en su vida? El catedrático de Constitucional por la UNED Antonio Torres del Moral urge al nuevo Rey a ser claro en esta zona gris de la monarquía: “Felipe VI debe pronunciarse al respecto. Esta es una cuestión delicada y llevará tiempo formalizarla jurídicamente, pero es hora de hacerlo. Al que no le convenga pertenecer a la Familia Real porque quiere dedicarse a los negocios, que salga de ella. Si esa familia goza en monopolio nada menos que de la Jefatura del Estado, con el máximo reconocimiento del Derecho Público, significa que su suerte está ligada inextricablemente a la del Estado. Si a este le va bien, a ellos les irá bien. Pero eso no puede extenderse a los negocios privados. Si quieren invertir, ahí tienen la Deuda Pública y los Bonos del Tesoro. Los negocios privados son lícitos para cualquier otro; si Bonos y Deuda dan poco rendimiento, que renuncien a su puesto sucesorio en la Familia Real y privaticen su existencia. Pero no pueden mezclarse ni compatibilizarse. ¿Qué ocurriría si tuviesen acciones en una multinacional que entra en conflicto con los intereses de España? ¿De parte de quién estarían? ¿De la empresa o del Estado que están representando?”.