La infanta Cristina y Urdangarin se deshacen del palacete de Pedralbes por 6,9 millones

Ya está hecho. El nº 11 de Elisenda de Pinós en Barcelona tiene nuevo dueño. Tras año y medio a la venta y una sustancial rebaja sobre el precio solicitado inicialmente, el palacete de Pedralbes ha cambiado de manos hoy mismo.La cifra finales la autorizada por el juez Castro a finales de enero como mejor precio posible, 6.950.000 euros, que estámuy lejos de los 9,8 millones que lainfantaCristinaeIñaki Urdangarinpedían en un principio. De ella, en cualquier caso, deben descontarse la seguramente abultada comisión deColdwell Banker,la agencia especializada en inmuebles de lujo que ha hecho posible la venta, ylas arras depositadas en un principio.

Al parecer, una familia podría ocupar el chalé de modo inminente. En cuanto esté plenamente amueblado. Eso permitirá que la nota registral del inmueble deje de estar vedada a los medios: así como no suele haber mayor inconveniente en conocer la titularidad de cualquier mansión, casa o garaje en territorio español, a Vanitatis le ha sido imposible constatar a nombre de quién figura el nº 11 de Elisenda de Pinós hasta ayer mismo.

El levantamiento del embargo sobre la mitad indivisa propiedad de Urdangarin, ordenado por el juez Castro el 5 de febrero, hizo posible que se haya consumado por fin la venta. Aunque ha sido un camino de casi seis meses, entorpecido por los recursos de los exduques de Palma y de la acusación popular. En el escrito que la defensa de Iñaki Urdangarin –a la que se adhirió la de la infanta Cristina– presentó al juez Castro a finales de enero se especificaba que la hipoteca con La Caixa estaba en 4,4 millones de euros (montante anterior en el tiempo al embargo judicial), así como las dos cifras siguientes: 437.215 euros por la cancelación de un producto derivado suscrito con Caixabank y una deuda de Iñaki Urdangarin con la Agencia Tributaria de 253.705,12 euros. Urdangarin pretendía resolver la hipoteca, enjuagar esas deudas a continuación y, lo que sobrase, ser destinado al juzgado nº 3 de Palma como fianza. Castro no lo aceptó y la Audiencia Provincial se inhibió al respecto.

Ahora, vendido ya el palacete y, según el auto del juez Castro, los exduques deberán consignar en el juzgado 967.693,50 euros por parte de Urdangarin y 713.988,38 euros por parte de la infanta “como medida cautelar para garantizar el resultado de una sentencia condenatoria, el de las responsabilidades civiles, multas y costas”.