El Parlamento británico investiga la desaparición de príncipes saudíes a manos de Mohamed bin Salman

Crispin Blunt, de 60 años, diputado conservador británico, es inasequible al desaliento. Ya lo intentó el año pasado y este otoño ha vuelto a la carga: Ahora quiere saber qué suerte han corrido los dos destacados miembros de la familia real saudí desaparecidos después de la designación, en julio de 2017, tras un golpe palaciego, de Mohamed bin Salman (MBS), de 35 años, como príncipe heredero. Es ahora el hombre fuerte de Arabia Saudí porque su padre, el rey Salman bin Abdulaziz, de 84 años, está delicado de salud.

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Jorge C. Parcero

Mohamed bin Nayef, de 61 años, fue príncipe heredero y ministro del Interior hasta 2017 cuando el rey Salman cambió de parecer y eligió a MBS para sucederle. Considerado en Occidente como un valioso aliado, porque ayudó en la lucha antiterrorista desde su cartera de Interior, despareció en marzo pasado. Ese mismo mes fue también detenido el príncipe Ahmed bin Abdulaziz al Saud, de 78 años, hermano pequeño del rey. Su esposa, Massa bint Ahmed al Sudaria, también ingresó en prisión. Al príncipe septuagenario se le ha acusado de “traición” quizás porque meses antes en Londres mostró públicamente su desacuerdo con la intervención militar saudí en la guerra de Yemen.

Estas desapariciones se enmarcan en los esfuerzos del actual príncipe heredero por consolidar su poder eliminando a sus hipotéticos rivales, incluidos a miembros de la familia real que carecían de ambición política, como los que encerró tres meses en el hotel Ritz Carlton de Riad, convertido en una cárcel de lujo en la que se practicó la tortura.

Una de esas integrantes de la realeza saudí es la princesa Basma bint Saud Abdulaziz al Saud, de 56 años, encarcelada en un penitenciario de Riad, junto con su hija, desde febrero de 2019. Durante el pasado Ramadán (mes de ayuno para los musulmanes) pidió “misericordia”, invocando argumentos religiosos, a su primo MBS y a su tío el rey Salman porque había enfermado, pero no obtuvo respuesta alguna.

Blunt, el justiciero

Con el propósito de averiguar la suerte corrida por los dos príncipes que llevan ya nueve meses detrás de los barrotes, el diputado Crispin Blunt ha puesto en pie un panel parlamentario, presidido por él mismo e integrado por otro diputado conservador, Imran Ahmad Khan, por la portavoz adjunta del grupo de los liberales demócratas en Westminster, Layla Moran, y por dos asesores legales procedentes de prestigiosos bufetes de abogados. Blunt es parlamentario tory desde 1997, fue presidente de la comisión de Asuntos Exteriores y fue también secretario de Estado de Justicia encargado de las instituciones penitenciarias.

“Hemos solicitado una visita [a los presos] para examinar las condiciones en las que están, así como un permiso para someterles a una evaluación independiente de su estado de salud”, explicó hace un mes Crispin Blunt a la prensa. Corren rumores preocupantes sobre el deterioro de la salud del príncipe septuagenario.

“Somos conscientes de que nuestro panel se crea cuando los líderes de las principales economías van a ser acogidos por Riad este año”, recalcó Blunt, aludiendo a la cumbre del G20 que se celebrará en la capital saudí del 21 al 22 de noviembre. “Aunque esta reunión sea ahora ante todo virtual Arabia Saudí desempeña actualmente la presidencia del G20 y es crucial que cumpla con sus obligaciones a propósito del trato otorgado a los activistas y grupos de oposición”, concluyó.

Es ahora, por tanto, el momento de obtener concesiones de MBS, el hombre fuerte de Arabia Saudí, al que se le considera autor intelectual del asesinato, en octubre de 2018 en el consulado saudí en Estambul, del periodista disidente Jamal Khashoggi. “Confiamos en que el Gobierno de Arabia Saudí se dé cuenta de que tiene mucho que ganar si coopera con nuestro panel”, afirmó el parlamentario conservador.

El príncipe Khalid bin Bandar, embajador saudí en el Reino Unido, mantuvo, el 5 de octubre, una primera reunión informal con Crispin Blunt y el 26 se reunió con todo el panel. Ha tramitado la petición a su Gobierno, pero a día de hoy no ha recibido respuesta alguna.

En prisión sin juicio

Hace un año, en septiembre de 2019, el diputado conservador, ya puso en pie en Westminster el Panel de Revisión de las Detenciones (Detention Review Panel) para tratar de averiguar la tortura, el acoso sexual y las agresiones sufridas por diez jóvenes mujeres saudíes miembros de Women to Drive, una asociación que reivindicaba el derecho de las mujeres a conducir. La mitad de ellas permanecen en prisión, sin haber sido juzgadas, desde mayo de 2018. También han dejado de recibir con regularidad visitas de sus familiares y asistencia jurídica. Su lideresa, Loujain al-Hathloul, de 31 años, está en huelga de hambre desde el 26 de octubre para exigir que no se la maltrate en la cárcel.

El anterior panel fundado por Blunt no obtuvo la autorización de Riad para visitar a las activistas encarceladas. Aun así elaboró un informe, entrevistando a exiliados y familiares de reos, en el que señalaba que el trato dado a las mujeres activistas por el Gobierno de Arabia Saudí era equiparable a la tortura, según el derecho internacional. Los integrantes del panel se mostraron “profundamente preocupados por sus condiciones de detención”. Poco después de la cumbre tradicional del G20 se celebrará también este otoño en Riad una segunda reunión de los gobiernos de las veinte principales potencias económicas, pero esta vez específicamente dedicada a la mujer.

En EEUU, 45 congresistas demócratas de la Cámara de Representantes instaron por carta, el 21 de octubre, al presidente Donald Trump a boicotear la cumbre del G20 a menos que Arabia Saudí no tome rápidamente medidas para mejorar la situación de los derechos humanos.

Dos días antes, 65 diputados del Parlamento Europeo habían enviado también una carta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, pidiéndoles que la UE redujera su nivel de participación en la cumbre de Riad. Entre los firmantes de esta misiva había diputados de Esquerra Republicana de Catalunya, de Podemos e Izquierda Unida. Ninguno del PSOE, del PP, de Ciudadanos ni de Junts x Cat quiso suscribirla.