Iñaki Urdangarin: ¿ensañamiento?, ¿cabeza de turco? Opinan abogados penalistas

“Cualquier abogado con experiencia sabe que defender a un personaje público tiene un plus de dificultad, por eso precisamente corre más riesgo, porque además los medios están encima y lo dificultan todavía más”. Habla José María Fuster Fabra, uno de los abogados penalistas más reconocidos de España. Y habla de Iñaki Urdangarin y su situación penitenciaria. El marido de la infanta Cristina acaba de lograr el tercer grado mientras algunos de sus ‘compañeros’ de causa hace meses que disfrutan de la semilibertad.

Le hemos preguntado a su abogado, Mario Pascual, quien nos dice que algún día darán su opinión, aunque no por el momento. Así que nos hemos puesto en contacto con penalistas del país, destacados abogados que conocen la ley al dedillo y que han analizado el caso de Urdangarin y tienen sus conclusiones. Coinciden en lo difícil de juzgar a alguien cuando existe un juicio paralelo en la sociedad, y algunos señalan que al querer ser tan rigurosos con Urdangarin se han pasado de tuerca.

“¿Es razonable que haya tenido que pasar 24 horas al día en prisión durante dos años y medio? ¿Era necesario? No, lo más razonable hubiera sido que le dieran el tercer grado en el primer momento en el que ingresó en prisión”. Jorge Muñoz Cortés es magistrado en excedencia y socio coordinador de Penal y Corporate Compliance en Martínez-Echevarría & Rivera Abogados. Antes de expresar su opinión -“subjetiva”, avisa-, analiza con pausa y argumentos todos los recodos de la ley y del sistema penitenciario. “El sistema penal se basa en la reinserción del penado como principio básico y en un penado como Urdangarin, totalmente socializado, con una conducta normalizada, habría que haber buscado un equilibrio entre el derecho a defensa de la sociedad, la prevención de los delitos y el principio de venganza, se tenía que haber puesto en una balanza junto con el principio de reinserción”.

"Ha habido ensañamiento"

La ley dicta que si alguien tiene una sentencia de más de cinco años debe entrar en prisión, y Urdangarin fue condenado a cinco años y diez meses por varios delitos. “Hay conductas graves que no pueden pasar impunes y es muy importante tener en cuenta la necesidad de la sociedad de ver que no hay impunidad”, dice Muñoz Cortés. Entrar en prisión es una forma de cumplir condena, pero también lo es el pago de la responsabilidad civil y de las multas impuestas por un tribunal: “La responsabilidad civil es una forma de reconocer la culpa y resarcirse, evita la impunidad del delito porque no todas las penas son cárcel”.

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Para acceder a un tercer grado hay muchos condicionantes y tener en cuenta la situación personal del penado es fundamental. “Si aíslas a un condenado de este tipo, muchas veces es más pernicioso para su resocialización, a Urdangarin la cárcel le perjudicaba más que la libertad”, añade. Muñoz Cortés concluye: “Iñaki Urdangarin ha vivido un calvario, la pena de banquillo habrá sido peor para él que para otros individuos pasar seis meses presos. Yo no digo que sea un santo, pero no es razonable lo que ha vivido. En su caso, evidentemente, influye el espejo social, la labor ejemplificativa, y ha habido ensañamiento”.

Quién es quién en el proceso

El camino de Urdangarin hasta el tercer grado ha sido largo. Su abogado lo pidió en el primero momento, cuando el marido de la infanta Cristina ingresó en prisión, en junio de 2018. Entonces se lo denegó la Junta de Tratamiento de la cárcel de Brieva, entidad que rechazó otras peticiones de tercer grado hasta que llegó el momento que aceptó recomendarlo para Urdangarin.

Para llegar hasta aquí ha habido una lucha encarnizada entre todos los actores: la Junta de Tratamiento de la cárcel, responsable de analizar al situación de cada preso y decidir si recomienda que se le otorgue un cambio de régimen penitenciario. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de Interior, la encargada de decidir. Las decisiones de este organismo se pueden recurrir ante el juez de Vigilancia Penitenciaria, que deberá dictar sentencia. Y las sentencias del juez las puede recurrir la defensa y Fiscalía, cuyo recurso deberá analizar un tribunal superior.

"Deshumanización"

De todos ellos, solo el juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, el que le tocaba a Urdangarin por jurisdicción, se ha mostrado a su lado en todo momento. Primero, cuando pidió poder salir varios días para realizar tareas de voluntariado, y después, en las sucesivas peticiones de ampliar esas salidas y pasar al final a tercer grado. El último auto, de 21 de enero de 2021, viene a confirmar lo que ya afirmó el 18 de septiembre de 2019, que “la realización de una actividad en el exterior es más que positiva para reducir o eliminar la desocialización y deshumanización, la destrucción del individuo que conlleva la soledad absoluta a la que se le ha sometido, lo cual conecta con algo esencial en cualquier programa de tratamiento, fomentar la autoestima”.

“Quedó claro desde el primer momento que se tenía que predicar con el ejemplo, así que por ser quien es no se podía quedar con una pena mínima”, opina Montse Tiffon, abogada penalista y socia de TIDA Asesores. “Su defensa tenía toda la razón en pedir el tercer grado desde el primer momento porque es lo más razonable, pero me da la sensación de que lo han tratado como un cabeza de turco y no han respetado el principio de igualdad ante la ley. Deberíamos tener claro que si todos somos iguales ante la ley, tenemos que serlo en todo”.

"Le ha perjudicado"

Tiffon considera, como el resto de especialistas consultados, que “ser una figura pública en este caso le ha perjudicado porque han querido dar ejemplo con él”. El papel del abogado defensor de Urdangarin ha sido clave, consideran, y no entienden cómo no se le ha otorgado el tercer grado desde el primer momento que entró en prisión: “Es cierto que una de las condiciones de peso es el haber cumplido la mitad de la condena, pero en un caso como el suyo, con la responsabilidad civil pagada, la buena conducta, el arraigo, tener un trabajo, la Junta de Tratamiento de prisión a su favor…”.

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“Entrar directamente en régimen de tercer grado es muy difícil, se da excepcionalmente”, matiza Montse Antolino, fundadora de Antolino Abogados y reconocida penalista. “El primer requisito es haber pagado la responsabilidad civil. En el caso de Urdangarin, su abogado tiene razón: podría haber tenido un tercer grado directo al haber pagado la responsabilidad y al haber asumido la culpa, porque además tiene familia, casa, arraigo... Parece que es una decisión política más que que otra cosa”, continúa.

"Por ser quien es"

Otra cuestión que se tiene en cuenta, según Antolino, “es el tipo de delito: estamos hablando de un delito económico, no de sangre, es evidente que este señor no volverá a cometer los delitos que cometió”. Esta abogada, que opositó durante seis años a la Abogacía del Estado, remarca algo: “Nos tiene que quedar claro que cuando hablamos de pasar de un grado a otro, hablamos del reglamento penitenciario, no del delito; es decir, hablamos de la forma y no del fondo. Aquí radica la trampa: muchas veces en la Dirección General lo que discuten es el delito en sí mismo y no el reglamento y su aplicación, por eso son tan estrictos a veces”. En el caso de Urdangarin, “como la gente tiene mucho desconocimiento del reglamento y al ser él quien es, aplicaron la ley de forma muy estricta cuando podían haberle dado la semilibertad hace mucho tiempo”.

“Bueno, el tercer grado es un tanto aleatorio -puntualiza Fuster Fabra-, hay un gran margen de discrecionalidad, entra la Junta de Tratamiento, el juez de Vigilancia Penitenciaria, la Fiscalía... Son muchos los agentes que intervienen y cada caso es un mundo. Mira la sentencia del procés, ¿deberían estar libres los condenados del 1-O? Otro caso que recuerdo especialmente duro: Isabel Pantoja; fue un ejemplo claro de llevar la ley al límite”.

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Este prestigioso penalista añade: “Decir que la aplicación de la ley en el caso de Iñaki Urdangarin es un error, que ha pagado por ser quien es, es más complejo. A ver, los personajes públicos siempre son utilizados, y a veces es en su beneficio, otras en su detrimento, pero hay que tener en cuenta que los jueces siempre aplican las leyes en función de las circunstancias particulares de cada caso”. Y en el caso Nóos, recuerda Fuster Fabra, “cualquier actuación relacionada con Urdangarin tiene un eco mediático que no beneficia a nadie, tampoco a él”. Con todo, concluye: “Aunque puede ser que en algunos momentos se haya llevado la ley al límite, siempre ha sido dentro de la legalidad, y eso es lo más importante”.