El día que un juez robó la felicidad a la infanta Cristina: 7 años después del "no me consta"

El 8 de febrero de 2014, la infanta Cristina se convertía en el primer miembro de la familia real que se sentaba ante un juez en calidad de investigada. Fue un día que podemos calificar de histórico, aunque no con la connotación positiva que suele tener este adjetivo. Más bien todo lo contrario: supuso una mancha en la historia de la familia real que a día de hoy aún no se ha borrado. Han pasado siete años desde aquel particular 'paseo de la vergüenza' que la hija del rey Juan Carlos tuvo que hacer ante la prensa para acceder a los juzgados de Vía Alemania de Palma de Mallorca. Siete años desde aquellos "no lo sé" y "no me consta" de los que llenó su declaración ante el juez Castro, convertido en el azote del matrimonio Urdangarin Borbón y para muchos casi en un héroe nacional.

Ese 8 de febrero, la Infanta llegó a los juzgados poco antes de las 10 de la mañana, cuando estaba prevista su declaración. Sus nervios eran visibles y actuó como si se tratara de un compromiso oficial de la agenda en la que meses antes había estado incluida: sonrisas, saludos y apretones de manos, incluso al guardia de seguridad que custodiaba la entrada. Fueron seis horas contestando preguntas del juez, que se recogieron en 120 folios. En sus respuestas, se desvinculó completamente de las cuentas fiscales de Aizoon, la sociedad patrimonial a través de la cual la pareja facturaba y que tenía sede en el palacete de Pedralbes, la que fue su residencia en Barcelona. Pero también manifestó la confianza absoluta en su marido, asegurando que había firmado todo lo que se le había dicho, sin preguntar y escudándose en el amor por él.

Esa declaración, o más bien el hecho de que se la incluyera como investigada en el caso Nóos, precipitó dos cosas. Por un lado, la abdicación del rey Juan Carlos, que se daba solo unos meses después. Por otro, la distancia con el entonces príncipe Felipe, su hermano, que una vez convertido en Rey cortó todos los lazos con ella, simbolizando su enfado al retirarle en 2015 el título de duquesa de Palma, concedido por el rey Juan Carlos tras su boda con Iñaki Urdangarin. La Casa Real no se podía permitir más patinazos y el hecho de que el juez Castro decidiera enviarla a juicio por delitos fiscales era grave. Si se había convertido en la primera persona de la familia real en declarar ante un juez como investigada, también sería la primera en sentarse en el banquillo de los acusados.

El juicio llegaba en 2016 y se extendía durante varios meses. Durante el proceso se hizo aún más evidente la separación familiar, ya que Iñaki y Cristina no se alojaron en el palacio de Marivent, como sí había ocurrido tres años años, cuando el caso Nóos empezaba a esbozarse y la imagen de la Corona no estaba tan tocada. Llegado el juicio, la pareja estaba vetada en Marivent, por lo que tuvieron que buscarse otro lugar donde pernoctar mientras estaban en la isla. Se apuntó entonces a la casa de la infanta Pilar en Calviá o incluso a la casa de Rosario Nadal, aún bandos amigos del matrimonio.

Si ya el panorama de un juicio no era precisamente favorable a la Casa Real, aunque don Felipe hubiera hecho un radical cortafuegos, llegó la esperada sentencia. La infanta Cristina era condenada a pagar una multa económica, pero quedaba absuelta. Una situación muy diferente a la su marido, condenado a seis años de cárcel, en la que no tuvo más remedio que ingresar en junio de 2018. Desde entonces, las visitas de la Infanta a nuestro país han sido más que frecuentes. Aquí ha recibido el apoyo tanto de la reina Sofía como de la infanta Elena, además del de la familia Urdangarin Liebaert, agradecida por la incondicionalidad que la hija de los Reyes eméritos ha mostrado hacia Iñaki. Y es que, aunque han cambiado muchas cosas -y muchas, sustancialmente- en estos siete años, lo que no ha variado es el amor que la infanta Cristina ha demostrado por su marido, a pesar de su condena y de su paso por la cárcel.