El 'consentimiento de la reina': la estratagema de Isabel II para guardar uno de sus grandes secretos

No hay dos secretos mejor guardados en todo el Reino Unido. Y ambos están ligados a una mujer, la soberana Isabel II. El primero es qué es lo que lleva realmente en su bolso. El segundo es cuánto dinero tiene. Se han escrito incluso libros sobre ello, infinidad de artículos, miles de teorías y suposiciones. Se estima que su riqueza asciende a cientos de millones de libras. Pero la verdad es que solo un reducido grupo de personas sabe con certeza la respuesta. El resto de los mortales vive en la ignorancia.

Lo de conocer el contenido del bolso tendría su aquel. ¿Un walkie para hablar con James Bond? ¿Unas galletas para sus perros? Se trata más de pura curiosidad, cotilleo si me lo permiten. Pero lo del patrimonio son ya palabras mayores, un asunto de Estado. Sobre todo si la monarca, de 94 años, ha influido, supuestamente, en las decisiones del Gobierno para impedir la tramitación de una ley que la habría obligado a hacerlo público. ¿Ha bloqueado Isabel II una normativa que afectaba a sus intereses?

Según 'The Guardian', sí. El rotativo ha sacado a la luz unos documentos de noviembre de 1973 que sugieren que los abogados personales de la monarca presionaron con éxito a los ministros para cambiar un proyecto de ley con el fin de ocultar al público su “vergonzoso” patrimonio privado. El entonces primer ministro Edward Heath presentó la propuesta de ley de transparencia.

Pero los memorandos desenterrados ahora de los Archivos Nacionales revelan que, tras la supuesta intervención de la monarca, el Ejecutivo acabó insertando una cláusula para eximir a las empresas utilizadas por los “jefes de Estado” de las nuevas medidas. Según el rotativo, el acuerdo de la década de los 70 se utilizó en la práctica para crear una corporación fantasma respaldada por el Estado que, según se cree, ha ocultado las participaciones e inversiones privadas de la soberana hasta, al menos, 2011.

Para tal maniobra se habría utilizado un procedimiento parlamentario arcano, conocido como el 'consentimiento de la reina', para influir secretamente en la formación de las leyes británicas. A diferencia del procedimiento más conocido de 'asentimiento real' -una formalidad por la cual la monarca tiene que firmar todas las leyes aprobadas en Westminster para darles validez-, el 'consentimiento de la reina' obliga a los ministros a avisar a la jefa de Estado cuando la legislación pueda afectar la prerrogativa real o los intereses privados de la Corona.

La página web de Bukingham Palace lo describe como “una convención establecida desde hace mucho tiempo”, y los eruditos constitucionales (de un país que no cuenta con Constitución escrita como tal) han tendido a considerarla como un ejemplo opaco, pero inofensivo (al menos hasta ahora) del boato que rodea a la monarquía. En cualquier caso, Thomas Adams, un especialista en derecho constitucional de la Universidad de Oxford que revisó los documentos de hace más de cuatro décadas, recalca que el procedimiento permite “el tipo de influencia sobre la legislación con la que los grupos lobbies solo podrían soñar”.

Desde el Palacio de Buckingham niegan que la soberana haya querido bloquear ninguna normativa. “El consentimiento de la reina es un proceso parlamentario, con el papel de la soberana puramente formal. El consentimiento siempre lo otorga el monarca cuando lo solicita el Gobierno. Cualquier afirmación de que se ha bloqueado la legislación es simplemente incorrecta”, señala un portavoz.

“El Parlamento decide si se requiere el consentimiento de la reina, independientemente de la Casa Real, en asuntos que afecten los intereses de la Corona, incluida la propiedad personal y los intereses personales del monarca. Si se requiere consentimiento, el proyecto de ley, por convención, se entrega al soberano para que lo otorgue únicamente por consejo de los ministros y como un asunto de dominio público”, añade.

El ducado de Lancaster es de donde provienen la mayoría de los ingresos para los gastos personales de Isabel II. Se trata de un portafolio que consiste en 18.454 hectáreas de tierra en Inglaterra y Gales, y comprende la propiedad comercial, agrícola y residencial. Aunque está clasificado como propiedad privada de la reina y se hereda, la monarca no lo puede vender.

La reina paga voluntariamente impuestos sobre los ingresos, pero las cuentas anuales no revelan la cantidad. Las ganancias de este ducado se utilizan principalmente para financiar las oficinas de los miembros de la familia real que ayudan a Isabel II en su rol de jefa de Estado: la princesa Ana, el duque de York, el conde y la condesa de Wessex, el duque de Kent, el duque y la duquesa de Gloucester.

El ducado de Lancaster no cubre los costes de los viajes, que son pagados por el contribuyente, y tampoco se hace cargo de las oficinas del príncipe Carlos, la duquesa de Cornualles, el duque y la duquesa de Cambridge, que son financiados por el ducado de Cornualles (cuyo objetivo principal es proporcionar ingresos al heredero para sus gastos personales).

Por otra parte, otra de las principales fuentes del ingreso público de la reina proviene del Sovereign Grant o subvención soberana, un porcentaje fijo de las ganancias del Crown Estate o Patrimonio de la Corona, un negocio comercial inmobiliario independiente con uno de los portafolios más grandes en el Reino Unido y un capital cuyo valor registró un récord histórico de 17 millones de dólares en 2014.

La mayoría de los activos de la cartera están en Londres, donde se incluye la popular Regent Street, una de las calles con más comercios de la capital británica. Pero también hay propiedades en Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Los terrenos incluyen el Gran Parque de Windsor y el hipódromo de Ascot, pero la mayor parte del portafolio está formado de propiedades residenciales, oficinas comerciales, tiendas y negocios y parques comerciales.

El Crown Estate se remonta a 1760 cuando el rey George III llegó a un acuerdo con el Gobierno para que los ingresos excedentes de las tierras de la Corona fueran destinados al Tesoro. A cambio de esto, el rey no tenía que pagar ni por los costos del Gobierno civil ni por las deudas acumuladas por reyes anteriores y recibiría un pago anual. Desde entonces, cada monarca que ha reinado ha renovado el pacto. En el marco del actual acuerdo de financiación, todas las ganancias del Crown Estate van al Tesoro y 15% del dinero es entregado a la reina.