El Registro Civil especial de la familia real y el divorcio de una Infanta de España

Hace ya una semana desde que 'Lecturas' saliera a los kioscos con las fotos de Iñaki Urdangarin de la mano de Ainhoa Armentia. De la inicial incredulidad hemos pasado a un escenario diferente, donde el "son cosas que pasan" se ha traducido en una "interrupción de la relación matrimonial". El comunicado que la infanta Cristina y su marido enviaron a través de la agencia EFE buscaba sofocar el incendio declarado en torno a sus vidas y a las de sus allegados, así como establecer que las cosas se harán "de mutuo acuerdo", aunque el acoso mediático y los nuevos datos que se publican continuamente no ayudan.

Una de las cuestiones que suscitan más curiosidad es cómo quedarán resueltos los flecos económicos y legales en un eventual divorcio. Si sucede como en el caso de la infanta Elena, que tardó dos años en divorciarse de facto, puede que no sea un paso que den inmediatamente. En la Casa del Rey, como medida de protección, suelen firmarse unas capitulaciones matrimoniales antes de casarse en las que están previstas una serie de situaciones. No solo tienen que ver con cuestiones económicas, también pueden incluir aspectos "que atañen a la confidencialidad" debida por Urdangarin a la institución, explica una fuente cercana a los entresijos de Zarzuela.

"Lo normal es que las capitulaciones matrimoniales se inscriban en el Registro Civil del lugar de celebración del matrimonio, junto a la inscripción del matrimonio celebrado", destaca un abogado, pero en el caso de la familia real (y la Infanta lo era en sentido estricto cuando se casó), estarán en un libro guardado bajo siete llaves y al que solo tienen acceso las personas que representan a las más altas instituciones del Estado. Se trata del Registro del Estado Civil de la Familia Real de España.

Este registro especial se reguló en el Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, y en su artículo primero especifica que en él "se inscribirán los nacimientos, matrimonios y defunciones, así como cualquier otro hecho o acto inscribible con arreglo a la legislación sobre Registro Civil, que afecten al Rey de España, su Augusta Consorte, sus ascendentes de primer grado, sus descendientes y al Príncipe heredero de la Corona". Hay que recordar que la infanta Cristina se casó el 4 de octubre de 1997, siendo rey su padre, Juan Carlos I. En el caso de que doña Cristina se divorciara de Iñaki Urdangarin, la anotación ya no se llevaría a cabo en este registro especial, sino en el ordinario que sea competente, dado que desde la proclamación de Felipe VI no forma parte de la familia real.

El real decreto continúa describiendo cómo este singular registro "se llevará en un solo Libro Especial, confeccionado al efecto y con todas sus hojas en blanco. Los asientos se practicarán sucesivamente, sin distinción de secciones". La persona al cargo de este documento tan sensible es el ministro de Justicia, "asistido como secretario por el Director general de los Registros y del Notariado". Las funciones que la legislación general atribuye a los órganos del Registro Civil quedarán encomendadas, en cuanto se refiere al de la familia real, "exclusivamente al ministro". El titular de Justicia en el año 97 era el popular Ángel Acebes.

Hay varias razones por las que existe un registro especial para los miembros de la familia real. Una de ellas es teñir de solemnidad documental los acontecimientos privados que, en el caso de esta familia, tienen una dimensión pública. Otra, la discreción. "Las certificaciones sólo podrán expedirse a petición del Rey o Regente, de los miembros de la Familia Real con interés legítimo, del Presidente del Gobierno o del Presidente del Congreso de los Diputados. Se extenderán de oficio y en papel especial", continúa el real decreto.

Las herencias

Existe un registro especial para los miembros de la familia real desde el siglo XIX, como explica Antonio Pau Pedrón, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, en el manual 'El registro civil de la Familia Real'. En él establece la diferencia entre los acontecimientos familiares que sí requieren de este registro especial y otros actos más privados para los que los Borbones han utilizado recientemente el sistema tradicional:

"Desde el año 1975, el Ministro de Justicia no ha autorizado ningún negocio jurídico de carácter privado otorgado por miembros de la Familia Real. Don Juan de Borbón, Conde de Barcelona, hizo testamento ante el Notario de Madrid don Luis Coronel de Palma, Marqués de Tejada, ante el cual sus herederos hicieron también, un tiempo después, la aceptación y partición de la herencia. Doña María de las Mercedes, Condesa de Barcelona, hizo testamento ante el Notario de Madrid don Antonio Uribe Sorribes, y la aceptación de su herencia la hicieron el Rey y sus hermanas las Infantas ante el Notario de Madrid don Carlos Rives Gracia, quien autorizó igualmente los instrumentos de transmisiones de inmuebles que formaban parte del caudal relicto", explica.

Los orígenes de este archivo especial donde inscribir los hechos relativos al estado civil de la familia real "no pueden determinarse con precisión". El primer testimonio está en la Constitución de 1812, cuyo artículo 209 disponía que "de las partidas de nacimiento, matrimonio y muerte de todas las personas de la Familia Real, se remitirá una copia auténtica a las Cortes, y en su defecto a la Diputación Permanente para que se custodie en su archivo".

En la Segunda República, se ordenó que este archivo especial se enviara al Registro Civil ordinario, y no volvió a tener entidad propia hasta el año 1975. Entonces, se incluyó el acta de nacimiento del rey Juan Carlos, que estaba en el Registro Civil Consular de Roma y en el Registro Civil Central, y las actas de los demás acontecimientos de la familia que se encontraban en sus correspondientes registros territoriales.