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La justicia sí debe ser igual para los miembros de la realeza
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OPINIÓN

La justicia sí debe ser igual para los miembros de la realeza

La justicia debe ser igual para todos, pero no siempre se cumple con esa premisa, sobre todo si se trata de una persona de renombre, amplia fortuna económica o pertenece a una familia importante

Foto: La familia real británica, en una imagen de archivo. (Reuters/Paul Hackettt)
La familia real británica, en una imagen de archivo. (Reuters/Paul Hackettt)

Según las leyes de los países considerados plenamente democráticos, hay una verdad indiscutible que se repite por los máximos responsables de juzgar a las personas que han violado las normas legales: la justicia es igual para todos. Sin embargo, la realidad demuestra que no siempre ese enunciado se cumple cuando el que se ha saltado las leyes es una persona de gran renombre, amplia fortuna económica o que pertenece a una familia importante, máxime si se trata de un integrante de la realeza.

En teoría sí parece que se van a respetar las normas legales, puesto que se inicia el proceso sumarial, se investigan los hechos de forma exhaustiva por parte de los encargados de llevar a cabo esa tarea y finalmente se fija la fecha del juicio en el que se van a probar los hechos denunciados o se va a exonerar al acusado si se puede demostrar que él no ha infringido la ley.

Pero hete aquí que esos personajes siempre tienen acceso a eludir la vergüenza de comparecer ante un tribunal y someterse al dictado de las leyes por medio de un acuerdo entre las partes implicadas que siempre lleva incluida una fuerte suma de dinero que se entrega a la víctima para que retire su demanda.

placeholder El príncipe Andrés. (Getty)
El príncipe Andrés. (Getty)

Esto es lo que ha ocurrido en el caso del príncipe Andrés de Inglaterra, quien se ha librado finalmente de tener que comparecer ante un tribunal de justicia de los Estados Unidos para responder de los cargos que le acusaban de violación a Virginia Giuffre cuando ella era menor de edad. Los abogados del tercero de los cuatro hijos de la reina Isabel II han llegado a un acuerdo con la defensa de la mujer para retirar los cargos que iban a sentar en el banquillo de los acusados al miembro de la familia real británica. Todo por el módico precio de 14 millones de euros que el príncipe Andrés entregará a la señora Giuffre, de los que se quedará una parte ella y el resto lo entregará a una asociación creada por la denunciante para ayudar a las víctimas de abusos sexuales.

Los medios de comunicación británicos han mostrado su irritación por el citado acuerdo económico, del que una parte se hará cargo la propia soberana británica, y condenan lo que consideran una injusta evasión del príncipe a la acción de la justicia. Hasta hace un par de días, se daba por seguro que el aún duque de York cumpliría con su deber de enfrentarse a la acusación de Virginia de violación, que él no reconoce, y de abusos sexuales, que sí admite el acusado. Por eso, al anunciarse que finalmente el hijo de Isabel II ha echado mano de su privilegio de ser una persona que ha disfrutado siempre de tener a su disposición una gran fortuna, heredada de su familia, ha provocado una fuerte controversia en la que el escándalo no solo le afecta a él, sino también a la institución de la Corona británica.

La clave de las casas reales para mantener el apoyo de los ciudadanos, dado que no se someten a votación para permanecer en sus cargos, es ejercer la ejemplaridad en todas sus acciones. Y si no respetan esa ejemplaridad e incluso caen en el error de saltarse la ley, lo mínimo que se espera de ellos es que se sometan a la justicia ordinaria, como cualquier otro ciudadano.

placeholder Iñaki Urdangarin, en el banquillo. (EFE/Cati Cladera)
Iñaki Urdangarin, en el banquillo. (EFE/Cati Cladera)

Pero no siempre cumplen con esa premisa los miembros de la realeza. Quizá porque les cuesta renunciar a lo que ocurría siglos atrás, cuando gozaban del privilegio de no tener que someterse a la justicia y de poder actuar con total impunidad.

Según las leyes de los países considerados plenamente democráticos, hay una verdad indiscutible que se repite por los máximos responsables de juzgar a las personas que han violado las normas legales: la justicia es igual para todos. Sin embargo, la realidad demuestra que no siempre ese enunciado se cumple cuando el que se ha saltado las leyes es una persona de gran renombre, amplia fortuna económica o que pertenece a una familia importante, máxime si se trata de un integrante de la realeza.

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