La residencia en Abu Dabi, una ventaja para Juan Carlos I en su juicio en Londres

El único proceso judicial pendiente que queda en el expediente del rey Juan Carlos I tiene visos de alargarse ‘in aeternum’. La demanda que Corinna Larsen presentó contra el rey Juan Carlos I en Londres por acoso sigue por el momento su curso, aunque el juez ni siquiera se ha pronunciado todavía sobre si da veracidad o no a los argumentos de la examante del monarca. Lo que sí ha negado es que don Juan Carlos sea inviolable ante la jurisdicción de ese país, algo que enreda aún más el proceso.

Son muchas las claves que explican los pasos que quedan por dar y una de ellas es fundamental. Su decisión de mantener su residencia oficial y fiscal en Abu Dabi le beneficia en varios supuestos, sobre todo en el caso de que el juez británico llegue al extremo de citarlo a declarar, algo poco habitual al tratarse de un caso civil. Sea como sea, es el magistrado quién tiene la última palabra.

Si este extremo sucediera, algo que en principio no es necesario al tratarse de una demanda civil, el Rey emérito podría negarse y nadie le puede obligar puesto que no existe un tratado bilateral entre Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos. Si tenemos en cuenta que en ningún momento ha dado la espalda al caso, todo lo contrario, ha plantado cara, podríamos entender que si se le pidiera declarar, aceptaría, aunque podría hacerlo por videconferencia, puesto que reside lejos.

Los puntos de vista

Desde Vanitatis hemos revisado la ley británica en la página del Gobierno en la que se da cuenta de todo lo relevante a un caso civil, como el que afecta al exrey, y además hemos hablado con un bufete de abogados de Abu Dabi. El despacho Al Rowaad, con sede en el emirato, informa sobre la situación actual entre jurisdicciones británicas y emiratíes. “No existe un tratado bilateral por el que haya un reconocimiento recíproco de los tribunales de cada país, o sobre las sentencias y peticiones de cada uno de los países”. Es decir, que la justicia británica no reconoce a la emiratí y viceversa.

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Esta falta de acuerdo, señalan, “ha provocado muchos problemas a las partes cuando ha habido procesos judiciales y la única opción válida es iniciar una demanda contra el sujeto en el país al que pertenece”. Y añaden: “Nunca, eso sí, se puede ir contra la ley del país en el que reside el sujeto”. Así pues, decíamos, si el juez británico decidiera llamar a declarar a don Juan Carlos, este podría negarse al ser residente en Emiratos. Y nadie podría obligarle a acudir a no ser que la demanda se interpusiera en Abu Dabi, siguiendo, eso sí, las leyes de ese país.

Compensación económica

Otra cuestión clave son las peticiones de Corinna Larsen, quien ha reclamado una orden de alejamiento de 150 metros y además una compensación económica por las pérdidas que dice haber sufrido ante el acoso. Y aquí vuelve a tener peso la residencia del Rey emérito, puesto que no pueden reclamarle nada en Emiratos al no haber tratado bilateral, tal y como señalan desde Al Rowaad. Además, cabe recordar que Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, con lo que se complica aún más el caso.

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Lo que aquí hemos escrito es lo que podría suceder, son supuestos, porque hasta este martes no sabemos qué intenciones tiene el juez. Lo único que se sabe hasta el momento es que le ha negado la inmunidad que el antiguo soberano español demandó como ex jefe de Estado. Ahora, queda por saber todo lo demás, ni siquiera sabemos si va a haber juicio.

Apelación 'real'

Desde el tribunal han admitido que a partir del momento en el que se conozcan los detalles del caso, esto es, si se acepta la demanda de Corinna a trámite y si se decide juzgar la causa, Clifford Chance, el bufete al que ha contratado el Rey, puede apelar, lo que alargaría el proceso durante meses y hasta años.

Y así sucederá, si tenemos en cuenta lo que señalaron desde la defensa del emérito: “Su Majestad está decepcionado por la decisión del Tribunal inglés de rechazar su petición de inmunidad para ser procesado. Él y sus asesores legales están estudiando la resolución argumentada para decidir si la recurren al Tribunal de Apelación”.

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El juez Matthew Nicklin ha tirado de ironía británica en sus argumentos y ha llegado a plantearse situaciones inverosímiles: “Si mañana el acusado entra en una joyería de Hatton Garden y roba un anillo de diamantes, ¿no debe enfrentarse a una causa civil o criminal en esta jurisdicción?”. La famosa inviolabilidad que esgrimía don Juan Carlos en su defensa no se basaba en la ley española, sino en una norma aprobada en Reino Unido en 1978. Se trata, como se ha contado ya, del State Inmunity Act (SIA), una ley que regula la inmunidad de jefes de Estado extranjeros en suelo británico.

Escrito "difuso"

Desde el despacho que defiende a Larsen, Kobre & Kim, remiten al comunicado que emitieron la pasada semana ante la decisión del juez Nicklin: “Es una muestra de que este demandado no puede escudarse tras su posición, poder o privilegios para esquivar esta demanda. Juan Carlos de Borbón y Borbón deberá ahora rendir cuentas ante un tribunal por su conducta en tanto que particular. Este es el primer paso en el camino hacia la justicia. Los espantosos hechos de este caso se presentarán por fin ante un tribunal”.

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Un primer paso, lo dicen bien desde este bufete, puesto que nada está dicho todavía, ni siquiera si va a haber juicio. Y si lo hubiera, al tratarse de una causa civil, los demandados delegan en sus abogados sus declaraciones, tal y como se explicita en la página de Justicia del Gobierno británico. El juez, mientras, calificó el escrito de acusación de Corinna Larsen como “difuso, con mucha narrativa y pocas pruebas”. Lo dicho, ‘in aeternum’.