Victoria para los Sussex: consiguen la revisión judicial de su caso contra el Gobierno

El príncipe Harry y Meghan Markle están celebrando una nueva victoria de su batalla legal contra el Ministerio del Interior británico. Los duques de Sussex solicitaron una revisión judicial del caso que ha sido aprobada y, por tanto, la decisión del Ministerio de no permitirles financiar su seguridad directamente con la policía en suelo británico sigue en tela de juicio. Después de que el mismo organismo del Gobierno decretara que su seguridad no se podía financiar con dinero público desde que renunciaron como miembros activos de la Casa Real, la única alternativa de la pareja fue pagarse su propio cuerpo de seguridad privado.

Este complicado caso solo se puede entender en su totalidad si nos remontamos al inicio de toda la contienda. A mediados del pasado enero, la amenaza del hermano de Guillermo de demandar al Gobierno de su país si no aumentaban la seguridad de él y su familia cuando viajaran a Reino Unido hizo correr ríos de tinta. En aquel entonces era solo una medida de presión sin confirmar con la que, además, alegaban que no podían viajar a Londres por ver su integridad comprometida. Ahora, medio año después, resulta que el príncipe Harry hablaba en serio.

Dos años después de que renunciaran a su asignación y a sus obligaciones reales, los duques de Sussex presentaron una "carta de acción previa" al Ministerio del Interior. En ella advertían que solicitarían una revisión judicial -que hoy ha sido aprobada- si no tenían seguridad continua en territorio inglés. La decisión del Gobierno de Reino Unido de eliminar la seguridad policial del príncipe y su familia en el país halla justificación en el hecho de que ya no ocupan un cargo público. En pocas palabras, el Estado sostiene que al dejar de ser miembros de la realeza en funciones, perdieron también su derecho a ser protegidos con dinero público.

Sus representantes legales aseguraron que los Sussex no podían regresar a su hogar por lo peligroso que era hacerlo sin un cuerpo de seguridad sin jurisdicción y acceso a la inteligencia de Reino Unido. Algo indispensable (según su equipo) para mantenerlos a salvo como es debido. Es por ello que el príncipe Harry y su mujer estaban dispuestos a cubrir todos los costes de contar con la protección de la policía británica. Algo que les fue denegado y catalogado de irrelevante "porque el equipo de protección personal de la policía no está disponible de forma privada", tal como explicó el abogado del Gobierno, Robert Palmer.

En el documento de la resolución del Tribunal Supremo de Justicia se explican varios de los puntos claves del caso. El objetivo de la solicitud presentada por el equipo legal del príncipe Harry y Meghan Markle no era otro que determinar "si algunas de las razones legales da lugar a un caso discutible que requiera consideración en una audiencia final". Tras las consideraciones del juez, Mr. Justice Swift, se ha determinado que sí hay motivos para una revisión judicial.

Concretamente, hay dos decisiones del Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas (Ravec, por sus siglas en inglés) -adscrito al Ministerio del Interior- en las que se centrará la revisión. La primera tiene que ver con la decisión del organismo de cesar la seguridad policial del duque y su familia a partir del 31 de marzo del 2020 debido a que el nuevo rol del demandante (Harry) ya no encajaba en ninguna de las categorías que justifican la protección a costa del Estado.

Estas categorías son las siguientes: la primera corresponde a personas determinadas solo por las posiciones que ocupan (ministros, la reina...); la segunda, a personas que Ravec considera oportunas por la probabilidad de un ataque o por el impacto que podría tener un ataque a la persona (políticos y miembros de la realeza); la tercera se otorga en casos puntuales previa investigación de riesgos, y hay una cuarta que permanece oculta. Especifican en el documento que, antes de su renuncia, el duque de Sussex tenía protección porque se ajustaba a la segunda categoría.

La segunda decisión que se discute tiene que ver con la forma en la que esos arreglos se aplicaron cuando el príncipe Harry viajó a Londres en enero y julio de 2021. A principios de ese año fue la primera vez que se puso en práctica la decisión del organismo con respecto al duque. Sin embargo, cuando visitó Reino Unido en abril del año pasado para asistir al funeral del duque de Edimburgo, el nieto de la reina Isabel sí contó con la protección de un cuerpo de seguridad "bajo arreglos diferentes fuera de la competencia de Ravec". Partiendo de esta disparidad, el letrado decidió que debía haber otra audiencia para poner fin a la batalla legal que enfrenta a la Casa Real y al Gobierno británico.

Esta contienda comenzó a principios de año, pero no se pudo resolver antes de la celebración del Jubileo de Platino de la reina, que cumplió 70 años en el trono el 6 de enero. Es por eso que Meghan, Harry y sus hijos viajaron a su hogar con un número reducido de personal de seguridad privado. Cabe destacar que el alto nivel de seguridad en los eventos públicos de la realeza implica que también contaron con la protección de la Policía Metropolitana de Londres a lo largo de su semana en suelo británico, tal como apuntó 'Times' entonces.