Un acuerdo de Felipe González con Rabat 'cubre' la devolución automática de 'ilegales'

El último gran asalto a la frontera de Ceuta ha dejado imágenes en las que se ve a un grupo de inmigrantes llegando a nado a territorio español y a agentes de la Guardia Civil procediendo justo después a su devolución inmediata a Marruecos. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tendrá que explicar hoy en la Comisión de Interior esa devolución, que ha provocado críticas de ONG y los partidos de la oposición al considerar que esas expulsiones incumplen el ordenamiento español.

Pero hay un convenio que abre la puerta a su legalidad. El Gobierno de Felipe González suscribió un acuerdo bilateral con el Ejecutivo alauita en 1992 que habilita a las fuerzas de seguridad españolas a devolver a Marruecos en un plazo inferior a 10 días a todos los inmigrantes de terceros países que consigan entrar en suelo nacional. Las únicas condiciones que claramente fija ese acuerdo de cooperación bilateral es que Marruecos y España acepten esa entrega y que se acredite que los expulsados han cruzado efectivamente la frontera. Precisamente, en las imágenes del asalto a la frontera de Ceuta de la semana pasada, se aprecia cómo los inmigrantes devueltos alcanzan la playa a nado y también que los responsables policiales marroquíes aceptan su entrega.

El acuerdo fue firmado por el entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, y su homólogo marroquí, Driss Basri, el 13 febrero de 1992, aunque no se publicó en el BOE hasta el 25 de abril de ese año. No obstante, el acuerdo comenzó a aplicarse con carácter provisional, a la espera de que ambos países confirmaran que la normativa respetaba sus respectivos ordenamientos constitucionales. La ratificación definitiva no se produjo hasta el 13 de diciembre de 2012, más de dos décadas después. El BOE publicó ese día la entrada en vigor con todos los efectos de ese acuerdo.

Unas exigencias laxas

El convenio exige que las expulsiones se realicen tras cursar una “solicitud de readmisión” con todos los “datos disponibles sobre la identidad” de los inmigrantes. Sin embargo, no aclara qué datos deben constar como mínimo cuando los inmigrantes carecen de documentos de identidad, como suele ser habitual. Además, fuentes de la Guardia Civil consultadas por este diario “aseguran que la comunicación que se establece entre los responsables policiales de ambos lados de la frontera para proceder a la entregadeben considerarse como la petición formal” que fija el convenio. Las mismas fuentes precisan, además, que todas estas devoluciones son registradas por el Instituto Armado,dejando “constancia fehaciente”de que se han producido estas devoluciones, “por lo que no hay oscurantismo alguno”.

El Consejo de la Unión Europea aprobó en 1995 una batería de recomendaciones para tratar de corregir los posibles vacíos que la devolución acelerada podía estar generando en todos los Estados miembros. En concreto, el Consejo estableció, por ejemplo, que los países utilizaran para las expulsiones de nacionales de terceros países al menos un “acta de puesta en la frontera/readmisión por procedimiento acelerado”, una “solicitud de readmisión/devolución en tránsito” o un “acta de puesta en la frontera/readmisión”. Además, establecía las pruebas que se consideraban válidas para demostrar que una persona había cruzado ilegalmente al territorio de un Estado miembro. Sin embargo, esas recomendaciones nunca han sido implementadas y sólo se considera de aplicación el convenio firmado por el Gobierno de Felipe González.

Mayor seguridad jurídica

Desde la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) defienden la legalidad de las devoluciones inmediatas, “siempre y cuando se aplique a personas a las que los agentes han visto entrar ilegalmente en territorio español y mediando el acuerdo con las autoridades de Marruecos”, aunque reclaman al Ministerio del Interior que clarifique los procedimientos para mejorar la seguridad jurídica de los inmigrantes y los agentes del Instituto Armado. “Se trata de un mecanismo imprescindible”, afirman, “para poder combatir el efecto llamada. El mensaje que se manda es claro: pisar territorio español no es suficiente para poder quedarse”.

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria en el cuerpo, no entra a valorar la legalidad del convenio, pero exige que se apruebe cuanto antes un protocolo para que los agentes sepan cómo tienen que actuar en estos casos de “devoluciones en caliente”. “Hace muchos meses que solicitamos a la Dirección General de la Guardia Civil y al defensor del pueblo que aclararan cómo se tiene que proceder, pero no hemos obtenido ninguna respuesta”, denuncia un portavoz de la AUGC. "Y eso sólo genera incertidumbre a los guardias civiles, que no saben qué tienen que hacer cuando se presenta un caso de este tipo".

Comparecencia en el Congreso

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, utilizará otro argumento este jueves en el Congreso de los Diputados para explicar la actuación de los agentes de Ceuta. Fuentes cercanas al Ministerio aseguran que defenderá en la Comisión de Interior que la Guardia Civil devolvió a Marruecos a los inmigrantes que llegaron a nado a la costa española porque “técnicamente no puede considerarse que estuvieron en suelo nacional”. “Si no se les interceptó en la línea de la frontera en pleno mar fue por razones humanitarias”, aseguran estas fuentes. “Interceptarlos ahí podría haberles provocado heridas con las hélices, por ejemplo. Lo que se hizo fue seguirlos con la mirada en todo momento y devolverlos en cuanto estuvieron en una situación de seguridad”.

El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, fue más lejos este miércoles en la defensa de los intereses del Instituto Armado y aseguró desde Ceuta, tras reunirse con los responsables de la Comandancia de la ciudad autónoma, que los servicios jurídicos del cuerpo se querellarán a través de la Fiscalía General del Estado contra todos aquellos que en su opinión han “injuriado” a la Guardia Civil por su actuación en el último asalto a la valla fronteriza.

Al menos 14 personas han perdido la vida en ese intento desesperado de llegar al primer mundo. Este jueves se recuperóen aguas españolasel segundo cadáver. Aún quedarían otros tres por ser encontrados.