Borrell vendió acciones de Abengoa con información privilegiada el mes que quebró

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ordenó vender acciones de su exesposa en Abengoa en el momento crítico de la compañía y con información privilegiada. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) confirmó el miércoles que lo ha sancionado por ordenar la venta de 9.030 euros en títulos "de una persona de su entorno cercano" en noviembre de 2015 "con información relevante que todavía no había sido publicada". Abengoa presentó concurso de acreedores el 25 de ese mes y en ese periodo las acciones cayeron un 65%. Borrell ha estado a punto de librarse de que se conociera su sanción porque una reforma legal urgente del Gobierno vigente desde principio de este mes y que trasponer una directiva europea de 2014 permite a la CNMV ocultar casos cuando el daño a la persona va a ser "desproporcionado".

El ministro de Exteriores confirmó el miércoles en los pasillos del Congreso que, como adelantó 'La Información', ha sido sancionado por la CNMV por el uso de información privilegiada cuando era consejero de Abengoa. Según la CNMV, Borrell ordenó la venta de acciones de "una persona de su entorno cercano" que no identifica pero que, según el diario que lo adelantó, es su exmujer. Para ello, usó "información relevante que todavía no había sido publicada" y que Borrell conocía por ser consejero de la empresa, hoy quebrada.

El 25 de ese mes, Abengoa anunció que si no encontraba inversor, presentaría concurso de acreedores "a la mayor brevedad posible". Comenzó entonces lo que acabó siendo una de las grandes quiebras en España -con una quita brutal de más del 90%- y el fin de una época. La empresa que EEUU había llegado a poner como modelo de renovables no se ha recuperado. A principios de noviembre de ese año, las acciones clase B —las más comunes y sin derecho a voto— de la empresa de ingeniería sevillana cotizaban a un euro la acción y a finales de mes estaban a 0,35, lo que supone una caída del 65%. El 25 de noviembre de ese año, las acciones cayeron un 54% en un día, entonces la mayor caída de la empresa. Borrell declaró como testigo en la Audiencia Nacional por la quiebra, pero no fue imputado.

El expediente se inició en julio de 2017 y concluyó con una sanción el 27 de septiembre de este año. "Hablamos de una cuantía de 9.000 euros que representaba una parte muy, muy pequeña de los valores que desgraciadamente perdí. Si hubiera tenido información privilegiada, no lo habría perdido todo", justificó el ministro. A preguntas de este diario en la Cámara, no quiso desvelar la cuantía de la multa, pero explicó que es muy superior a los 9.030 euros que salvó para su exesposa de la quema de Abengoa. Según los informes de gobierno corpotaivo, los últimos ejercicios, Borrell recibió 300.000 euros anuales por pertenecer al consejo de Abengoa, al que se incorporó en 2009. En 2015, tenía 71.695 acciones con derecho de voto (clase A) que, según sus declaraciones, perdió íntegramente.

Si hubiera tenido información privilegiada, no lo habría perdido todo

La ley establece que "todo el que disponga de información privilegiada deberá abstenerse de ejecutar por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente [...] cualquier tipo de operación sobre los valores negociables". La ley establece para los directivos sancionados por infracción muy grave multa de hasta dos millones de euros o "el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas gracias al incumplimiento, en caso de que puedan determinarse".

La sanción de la CNMV a Borrell ha estado a punto de quedar sepultada en un cajón o de publicarse de forma anónima. Una reforma legal que entró en vigor el pasado 30 de septiembre aprobada de urgencia permite a la CNMV eludir nombres cuando considera que el daño a la persona pudiera ser "desproporcionado". La norma fue aprobada por le Consejo de Ministros solo un día después de que la CNMV sancionase a Borrell. Traspone una directiva europea que tenía que estar en vigor en julio de 2017 y el Ministerio de Economía niega que tenga que ver con el caso de Borrell.

Hasta ahora, la ley española obligaba a la CNMV a publicar en el 'Boletín Oficial del Estado' todas las infracciones graves y muy graves una vez que fueran firmes, aunque un reglamento europeo vigente desde 2016 ya establecía la posibilidad de no publicar alguna sanción. La de Borrell aún no es firme en vía administrativa. Él puede recurrir al Ministerio de Economía y se publicaría una vez este órgano haya decidido. Después, puede plantear un contencioso judicial. El ministro señaló que estudia recurrir la decisión de la CNMV porque, en su opinión, no hubo uso de información privilegiada: "Discrepo de las consideraciones de la CNMV y estamos estudiando con mi abogado las posibilidades de poner los recursos". Una vez que el caso se hizo público, la CNMV confirmó todo en su web con nombre y apellidos, a pesar de que la sanción aún no es firme.

Con la nueva ley, aprobada por decreto ley el pasado 29 de septiembre, la publicidad de las sanciones no es automática. El decreto ley es una forma urgente de aprobación de la que tira el Gobierno de Sánchez ante su debilidad parlamentaria. En este caso, Economía justifica que traspone una directiva europea que tenía que estar en vigor el 3 de julio de 2017 y España está amenazada de multa por el retraso.

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Con la nueva norma, la CNVM puede modular "excepcionalmente" la publicidad de las sanciones. Cuando la CNMV "considere que la publicación de la identidad de la persona jurídica destinataria de la sanción o de los datos personales de la persona física sancionada pudiera ser desproporcionada o pudiera causar un daño desproporcionado a las entidades o personas físicas sancionadas", puede optar por dilatar la publicación, publicarla de forma anónima o incluso "no publicar en modo alguno la sanción impuesta".

Una portavoz de Economía niega que la aprobación de esta norma tenga nada que ver con el caso de Borrell. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ya afirmó en su primera comparecencia en el Congreso que pretendía trasponer directivas pendientes como esta. La norma se ha aprobado un día después de que el ministro conociera su sanción y si 'La Información' no lo hubiera destapado podría haber intentado que no se publicara una vez que fuese firme alegando un daño desproporcionado.

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La norma española deriva de una directiva europea aprobada en 2014 y que es de obligado cumplimiento. Esa directiva señala que "para asegurar un efecto disuasorio para el público en general, también las decisiones tomadas por las autoridades competentes deben en principio publicarse". Pero luego matiza que "si dicha publicación causa un daño desproporcionado a las personas implicadas y pone en peligro la estabilidad de los mercados financieros o una investigación en curso, las autoridades competentes deben publicar las sanciones y medidas protegiendo el anonimato y conforme al derecho nacional, o bien diferir su publicación". La norma española va más allá, al contemplar incluso que no se publique nada.

El caso de Borrell se suma a las polémicas de los dimitidos Carmen Montón y Màxim Huerta más la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el de Ciencia, Pedro Duque. Tras las dos primeras dimisiones exprés, Moncloa ha dado orden de resistir y no piensa entregar ninguna cabeza más de ministro, salvo que realmente sea imposible aguantarlo. Al contrario que Delgado o Duque, las explicaciones de Borrell no han sido cambiantes las primeras horas. Confirmó la noticia, aunque no desveló la cuantía de la sanción.

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Políticamente, Borrell es mucho más importante que Montón, Huerta, Duque o Delgado. El ministro de Exteriores tiene especial protagonismo en Cataluña y estaba casi ejerciendo de vicepresidente. Fue él quien, en lo peor de la crisis de Cataluña, plantó cara al independentismo y acudió a movilizaciones como la de Sociedad Civil Catalana. Tiene las simpatías de Ciudadanos, que el miércoles en principio no saltó contra él. En 2012 ya tuvo que dejar la dirección del Instituto Universitario Europeo de Florencia porque no había comunicado su entrada en el consejo asesor de la empresa. Borrell es el ministro más rico del Gobierno, según la declaración de bienes e intereses publicada por Administración Territorial.