Borrell trata de aislar al Ejecutivo de la multa por Abengoa y no recurrirá ante Economía

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, no va a recurrir la sanción de la CNMV por el uso de información privilegiada en Abengoa. Borrell debía recurrir ante Economía, lo que le había colocado en un callejón sin salida -"no me parece políticamente correcto"-. Así que será sancionado en firme y la multa, por "infracción muy grave", se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Borrell, que se ha negado a pedir perdón a los accionistas, solo ha admitido que la venta de acciones de su exmujer mientras Abengoa se preparaba para el concurso de acreedores que acabó matando la empresa "fue un error que puede constituir solo una falta administrativa". El PP le reclamó que "no sea un escudo humano de un presidente al que no eligieron los españoles".

Borrell se encontraba encerrado en laberinto sin salida. O aceptaba la sanción de la CNMV -algo difícil para alguien con su carácter y acostumbrado a llevar la razón- o recurría ante el Ministerio de Economía, paso previo a ir a los tribunales. Que un ministro recurriera ante su propio Ejecutivo y sin apenas probabilidades de éxito -Economía rechaza un 90% de estos recursos- le ponía en una tesitura imposible. Así que ha optado por aceptar la sanción por usar información privilegiada. Se convierte así en el primer ministro sancionado por usar su puesto de directivo para lucrarse gracias a información interna de la compañía.

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Rafael Méndez

A preguntas del PP en la sesión de control, Borrell minimizó la venta de 9.000 euros de acciones de su exmujer justo antes del crac de Abengoa, una de las mayores quiebras de España y que atrapó a miles y miles de inversores. Se refirió al caso como "la operación de venta de acciones de una cartera que me había sido encomendada" y admitió que "no fue adecuada por el momento y por la apariencia de ilegalidad". Sí concedió que "fue un error que puede constituir solo una falta administrativa". En los pasillos, a preguntas de los periodistas, se negó a detallar cuándo dio la orden de venta. "No voy a dar más información". La CNMV fecha la operación en noviembre de 2015, y el día 25 de ese mes Abengoa anunció que iría a concurso.

Borrell insistió que su actuación fue correcta. "No comparto la resolución de la CNMV". "No hice uso de información que pude obtener". Y racalcó en que los 9.000 euros que salvó de la quema de Abengoa para su exmujer fueron "una parte muy, muy pequeña" de todo lo que perdió él. Borrell, consejero de Abengoa con una retribución de 300.000 euros al año, se comió sus acciones sin venderlas -entre otras cosas habría tenido que informar de ello al ser consejero-.

El ministro admite que la venta de acciones "no fue adecuada por el momento y por la apariencia de ilegalidad"

Legalmente, el ministro podía plantear un recurso ante Economía, paso previo imprescindible antes de ir a los tribunales. "Me cabe la posibilidad de recurrir está decisión pero tengo que ir por un recurso previo de alzada ante el ministro de Economía. No me parece políticamente correcto", señaló el ministro antes de que se le acabara el tiempo. A preguntas de los periodistas se negó a pedir perdón a los accionistas de Abengoa que perdieron toda su inversión. "Es que yo también era accionista". Borrell esgrime que él se comió sus acciones -71.000, según la memoria de gobierno corporativo de 2015, que habían llegado a valer más de 300.000 euros- pero ignora que los consejeros tienen que informar de estas operaciones.

El diputado popular José Ramón García Hernández le interpeló en un tono menos bronco del que habitualmente usa el PP -Borrell tiene peso político sobre todo por su oposición en Cataluña a su independentistas- y le reprochó que vaya a seguir en el Gobierno con una mancha de tal calibre y que en otros países llevaría a la dimisión. "Usted está inhabilitado para cualquier consejo de administración pero no para formar parte del Gobierno de España".

Tanto PDeCAT como ERC, socios de Sánchez en la investidura, han reclamado la dimisión de Borrell. Y aunque Podemos no ha entrado en el caso, desde Izquierda Unida sí ha habido voces críticas. "Usar información privilegiada por su condición de consejero para evitar una pérdida económica, es reprobable desde el punto de vista de la ética empresarial y susceptible de sanción legal como efectivamente ha ocurrido. Como ministro tiene conocimiento por razón de su cargo de información muy sensible. ¿Qué podemos pensar desde la sociedad acerca de alguien con ese tipo de actuaciones en el pasado? Para IU está claro que debe dar explicaciones", opina Carlos Sánchez Mato, uno de los negociadores de IU en el pacto de presupuestos.