Francia y Alemania reaccionan para que Bruselas actúe frente al oasis de los paraísos fiscales

Toca salir al paso de los acontecimientos. El escándalo y la alarma social que ha originado la publicación de los denominados offshore leaks, una filtración masiva de 2,5 millones de archivos, con cuentas y documentos mercantiles de 120.000 empresas tapadera y fiducias registradas en paraísos fiscales (Islas Vírgenes, Cook, Bermudas y otros lugares), que esconden en muchos casos operaciones de blanqueo y evasión fiscal, obligan a los políticos a dar un paso en la lucha contra estos actos criminales.

Francia, que acaba de vivir un escándalo mayúsculo con la tardía confesión, tras meses de mentiras, de un ministro de tener una cuenta en Suiza, y Alemania, con el gobierno de Merkel queriendo ganarse el favor de los electores de cara a las elecciones de septiembre, han dado un paso al frente y en breve, quizás esta semana, anunciarán una postura común para luchar contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, ante el escarnio que supone para los ciudadanos que sufren las políticas de austeridad el conocimiento del calado de estos delitos. La Comisión Europea ha estimado en 1 billón de euros la cantidad defraudada anualmente al fisco en Europa, en gran medida por la economía sumergida.

El ministro francés de Economía, Pierre Moscovici, anunció ayer en una entrevista que “en pocos días haremos una propuesta común con Alemania para atacar el fraude. Hay que automatizar el intercambio de información bancaria entre los estados miembros de la UE”. Su homólogo alemán, Wolfgang Schäuble, recibió con entusiasmo la publicación de los primeros artículos realizados con el material conseguido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. “Estoy feliz con este asunto pues incrementará la presión para acabar con el secreto bancario”. El semanario alemán Focus ha cifrado en 100.000 el número de contribuyentes alemanes con cuentas en paraísos fiscales. Schäuble ha alentado a los periodistas para que entreguen los nombres que tengan a las autoridades.

El intercambio de información bancaria en la UE solamente existe bajo rogativa judicial y se consiguió tras duras negociaciones a finales de 2010. Austria y Luxemburgo, los dos países europeos más “paradisíacos” en materia fiscal se niegan incluso a dar datos sobre cuentas por sospechas reclamando pruebas concretas.

El ministro alemán ya criticaba el viernes la posición de estos dos países. Luxemburgo, consciente de que ya hasta Suiza empieza a plantearse un secreto bancario muy limitado, y que no puede mantenerse como hasta ahora, se ha mostrado dispuesto a avanzar en el intercambio automático. “En esto no nos oponemos ya estrictamente”, afirmaba el sábado en una entrevista al Frankfurter Allgemeine el ministro luxemburgués de Finanzas, Luc Frieden. Hay que recordar que en diciembre, Luxemburgo hizo un llamamiento a las plazas financieras más importantes del mundo para reforzar sus lazos y proteger la confidencialidad de los datos de los clientes. Austria ya ha dicho que no está dispuesta a cambiar sus normas.

Al menos en la zona euro, el hecho de que se haya acordado una supervisión única encomendada al Banco Central Europeo podría ser una herramienta excelente para luchar contra esta lacra, ya que la institución podría acceder a las cuentas de los bancos supervisados. Otra medida que se baraja es la retirada de licencias a los bancos que participen en el fraude fiscal, tal como ha declarado el secretario de Estado de Bélgica, John Crombez, encargado de la lucha contra el fraude.

Algunos países, con Francia a la cabeza, quieren que la Unión Europea cuente con una legislación equivalente a la FATCA de Estados Unidos, una norma muy severa que obliga a los bancos a dar información sobre las cuentas de titulares estadounidenses so pena de retirarles la licencia para trabajar en el país. Washington, con esta legislación y otras medidas de presión, ha conseguido torcer el brazo al secreto bancario de Suiza, y ha sido esta una de las razones por las que los helvéticos han comenzado a cooperar con las autoridades, como se ha podido comprobar en España con el caso Bárcenas.

En cuanto a Londres, que pretende sostener que no tiene jurisdicción sobre los paraísos fiscales del Caribe, ya ha sido advertido el gobierno del conservador Cameron por parte de diversas ONG que no puede ser cabeza del G8 con una postura de tolerancia respecto a la criminalidad fiscal.

En España, tras el escarnio que ha supuesto la amnistía fiscal concedida por el Gobierno de Rajoy, nadie ha elevado la voz con motivo del offshore leaks, lo que resulta incomprensible, teniendo en cuenta las necesidades de ingresos fiscales para evitar un rescate. Los inspectores fiscales calculan que la economía sumergida y el fraude sustraen al Fisco más de 30.000 millones de euros año, una cantidad con la que casi se pueden pagar los intereses de la deuda.