Diego Torres, exsocio de Urdangarin, ya puso a la venta todo su patrimonio inmobiliario

Hace ya tiempo que tomó la decisión porque no puede con sus gastos. Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, vivía hasta hoy pendiente de su posible ingreso en prisión desde hace años, consciente de que le será muy difícil lograr una salida laboral. Por eso, según ha podido saber Vanitatis en exclusiva, ha puesto todo su patrimonio inmobiliario a la venta, incluida su casa de Sant Cugat del Vallés, por la que piden 1,6 millones de euros. El chalé, como les sucedió a los Urdangarin Borbón, pasó de ser la casa de sus sueños a convertirse en una suerte de cárcel. Una pesadilla que tiene como contexto la angustiosa espera por la sentencia del caso Nóos. Hoy mismo se ha sabido que el Tribunal Supremo ha rebajado levemente la pena impuesta al exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, Diego Torres, que se queda en 5 años y 8 meses. Torres fue condenado por la Audiencia Provincial de Palma a 8 años y 6 meses de prisión.

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Tal y como ha podido saber este medio, Torres ha obtenido el permiso del juez para poder poner a la venta sus inmuebles, puesto que tiene su patrimonio embargado desde hace años. Al tener sus casas de Barcelona, Palma y Mahón trabadas judicialmente, el matrimonio no puede vender los inmuebles sin permiso oficial.

Complejo entramado societario

En 2013, el juez instructor del caso Nóos, José Castro, ordenó el embargo de los bienes de ambos imputados -Urdangarin y Torres-, algo que le costó sobremanera por el entramado societario que habían creado. Además de Nóos Consultoría Estratégica, eran socios de Intuit Strategy Innovation Lab, Shiriaimasu, Virtual Strategies, De Goes Center for Stakeholder Management, Blossom Hills, Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, y Aizoon, cuya propiedad Urdangarin compartía al 50% con la infanta Cristina.

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Torres, por su parte, compartía y sigue compartiendo varias de estas sociedades con su mujer, Ana María Tejeiro, empresas que son titulares de parte del patrimonio de la pareja. Por ejemplo, la casa de Sant Cugat que han puesto a la venta está a nombre de Torres, de su mujer, de Intuit Strategy Innovation Lab SL y de Torres Tejeiro Consultoría Estratégica SL. Tal como consta en la nota registral, pesa un embargo del 40% en favor de la Hacienda Pública. Así que para poner esta y las demás propiedades a la venta, Torres ha tenido que pedir permiso al juez en un proceso que se ha alargado meses.

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EC

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Además, una vez consiga un comprador por cada inmueble, deberá lograr otro visto bueno judicial. La situación, en su caso, “es desesperante”, señalan fuentes cercanas al condenado. El propio matrimonio había asegurado en el pasado que su situación es tan límite que en invierno no podían pagar los recibos de la calefacción y la luz.

Levantado el embargo

La venta de la casa, esperan, les ayudará a pasar mejor las penas. Porque Tejeiro quedó absuelta, por lo que podrá mantener todo el rédito que logren del patrimonio a su nombre (aunque sea solo un 40% en algunos casos).

La vivienda está anunciada en una sola página de internet, la de una empresa local. Piden 1.650.000 euros por una casa a los cuatro vientos de 507 metros cuadrados, con cinco habitaciones y tres baños situada en una de las mejores zonas de Sant Cugat, la del Golf. La casa se anuncia de manera muy discreta, sin que se vea la fachada, muy conocida por la mayoría de periodistas que han seguido en algún momento las aventuras y desventuras del matrimonio. La pareja, como decíamos, tiene propiedades en Mahón (Menorca), de donde es Torres, y en Palma de Mallorca. En esta última tienen varios pisos y al parecer uno de ellos ya podría contar con un comprador.

No es la primera vez que Torres tiene que pedir permiso al juez para disponer de líquido. En 2015, el juez Castro le autorizó a disponer de casi 100.000 euros de sus fondos de Luxemburgo para poder hacer frente a sus gastos ordinarios, desde la luz hasta su defensa, liderada de manera contundente por el abogado Manuel González Peeters. Castro le autorizó a usar unos 300.000 euros para su subsistencia y "atender moderadamente las cotidianas necesidades familiares". Si logra vender sus propiedades, podrán llevar su situación con cierta mejoría. Eso esperan, al menos.

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