Arantxa Sánchez Vicario vendió su piso de Diagonal por solo 300.000 € y con 'bicho'

Por mucho que quieran evitarlo, Arantxa Sánchez Vicario y Pepe Santacana siguen unidos. El proceso judicial que emprendió el Banco de Luxemburgo (BL) contra el todavía matrimonio los mantiene a ambos en el disparadero. La entidad bancaria ha recopilado decenas de pruebas contras las actuaciones que llevaron a cabo cuando se les acusó de varios delitos económicos y deberán responder ante la justicia tarde o temprano.

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Las presuntas argucias con las que pretendieron evadir sus responsabilidades (según el Banco de Luxemburgo) son varias. Una de las más notables está relacionada con el piso de la avenida Diagonal en el que vive la madre de la tenista, Marisa Vicario. Un piso que, tras la separación, Marisa se ha quedado en usufructo. Según las pruebas aportadas por la entidad a las que ha tenido acceso Vanitatis, el inmueble se vendió en 2016 por 300.000 euros, una cantidad casi irrisoria si tenemos en cuenta el mercado inmobiliario barcelonés, donde un piso de 200 metros cuadrados en esa zona puede llegar a costar más de un millón. La novedad, además del precio de la vivienda, es que en la venta se incluyó el acuerdo al que Arantxa había llegado con sus padres para que vivieran en el piso durante tres años, algo impensable si tenemos en cuenta que la pareja vendía la propiedad a unos 'desconocidos'.

En la venta nadie se percató de que constaba una cláusula por la que Marisa Vicario podía seguir viviendo en el inmueble por un acuerdo alcanzado con su hija. Es lo que se conoce en el argot inmobiliario como 'venta con bicho', cuando el inmueble tiene un inquilino. O nadie se percató o pensaron que nadie se daría cuenta, comentan fuentes cercanas al caso.

"Comisión de nuevos actos delicitivos"

Sabíamos que el piso se había vendido, pero no conocíamos la cantidad exacta. Y mucho menos que en la venta se hubiera ‘colado’ el contrato con los padres. Siempre según los documentos aportados por el BL, la venta del inmueble supone “la comisión de nuevos actos delictivos por los querellados después de la interposición de la querella”. La empresa Euroilla Inversiones SL era la propietaria del piso y de dos plazas de aparcamiento situadas en el mismo edificio. La empresa, “controlada y dirigida por los querellados -señala el banco-, procedió a la transmisión a Private Buildings de las tres fincas en escritura el 20 de septiembre de 2016”.

Sánchez Vicario y Santacana no podían mover su patrimonio al deber más de cinco millones al banco. “Esta conducta es de extrema gravedad -insiste la querella- si se tiene en cuenta que la misma se produjo una vez ya presentada la querella y después de abiertas las diligencias”. Porque, añaden, “esta sociedad incumplió la prohibición de disponer de bienes de la compañía Euroilla Inversiones SL notificada por este juzgado a la sociedad en comparecencia de 11 de junio de 2016 y contenida en el auto de 27 de junio de 2016”.

“Tal actuación demuestra absoluto desprecio por la obligación de cumplir las obligaciones eludidas”, escriben. Porque Private Buildings, tal y como consta en el Registro de la Propiedad, “adquirió todas las fincas -es decir, el piso y las dos plazas de aparcamiento- sin otorgar hipoteca de ningún tipo y sin ni tan siquiera realizar una ampliación de capital”.

No es todo. Además, incluyen, “mantuvo el derecho de habitación instrumentado en su día a favor de los padres de la querellada, absolutamente en contra de cualquier práctica de mercado y de los criterios de la lógica humana y la conducta personal”. El escrito es contundente: “Tan grosera actuación ha logrado quebrantar más si cabe el derecho del acreedor y multiplicar el perjuicio causado”.

El largo proceso

La historia viene de lejos. Lo hemos contado aquí desde el principio. Arantxa había acumulado una deuda de 5,2 millones de euros con Hacienda por el impago de impuestos durante los años 1989 y 1993. Había declarado su residencia en Andorra y un juzgado decidió que no era cierto, por lo que debía abonar los impuestos impagados. Para hacer frente a esa deuda con Hacienda, pidió un aval al Banco Sabadell; un aval que fue contraavalado por un dinero que tenía depositado en el Banco de Luxemburgo.

Por este motivo, la entidad bancaria la acusa de un delito de alzamiento de bienes, porque la extenista vendió sus propiedades, según el banco, que considera que se deshizo de sus inmuebles y no saldó la deuda que contrajo con ellos hace años. Un delito que, por el momento, la juez está investigando. El Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona admitió la querella a trámite, que se amplió contra Santacana y algunas empresas. El tribunal, pudimos confirmar, considera que hay "indicios serios de criminalidad".