El precio del alquiler de la mansión de Malú en La Finca, nueva batalla en la guerra de las hermanas Cereceda

“Muy Sra. Mía: el pasado 28 de marzo tuve ocasión de conocer a través del periódico digital El Economista que la casa que mi padre tenía en la urbanización La Finca había sido alquilada recientemente a su novio (don Albert Rivera Díaz) y a usted. […] Dicha noticia me provocó alarma e indignación pues a pesar de que soy socia -de forma directa, en un 10,89% y de forma indirecta, en un 21,10%- de la mercantil La Finca Real Estate Management SL (propietaria de la citada casa), ni mi hermana Susana (que participa en dicha sociedad en un porcentaje parecido al mío) ni sus administradores me habían informado sobre tal particular. […] Quiero dejar suficientemente claro que yo no he tenido nada que ver con este negocio ni, mucho menos, con el irrisorio, amén de insultante, alquiler (según manifiesta la noticia de El Economista) de 3.500 euros”.

Ese es el fragmento inicial, puntos suspensivos mediante, de un burofax (a cuyo contenido ha tenido acceso Vanitatis en exclusiva) remitido el pasado 4 de julio por Yolanda García Cereceda a María Lucía Sánchez Benítez. Pero vayamos por partes. Yolanda es la hija menor de Luis García Cereceda (1937-2010), constructor, gran amigo de Adolfo Suárez o Felipe González, un hombre que siempre supo bailar con el poder cambiante y que fundó a las afueras de Madrid la urbanización La Finca, un búnker para ricos y famosos de ayer, hoy y siempre con las medidas de seguridad más extremas de toda la capital. Un reducto antipaparazzi donde, pensemos que esto es un spot televisivo, vivir sin ser visto.

María Lucía Sánchez Benítez, la destinataria del citado burofax, no les sonará de nada porque el más común de los mortales la conoce como Malú. Se trata de una cantante de éxito, coach del programa ‘La Voz’ y, a la postre, pareja sentimental de Albert Rivera, líder de Ciudadanos, algo que se confirmó de manera más o menos oficial el pasado viernes, con una coreográfica salida del hospital (con mensajes de amor impresos en las camisetas y en las miradas) en el que el político había pasado varios días ingresado a consecuencia de una gastroenteritis. Tres meses atrás la cosa era distinta. La relación se llevaba, en vísperas de dos procesos electorales, bajo el más absoluto secretismo. Y Malú decidió en ese contexto mudarse a La Finca para, precisamente, vivir sin ser vista.

Pero La Finca se convirtió tras la muerte del patriarca de los Cereceda en una suerte de Falcon Crest patrio salpicado por procesos judiciales constantes, incapacitaciones, desahucios, cambios accionariales y burofaxes. La muerte de Luis García Cereceda provocó numerosos conflictos entre sus dos herederas, Susana y Yolanda, que recibieron, grosso modo, el 51% y el 49% de las acciones respectivamente. Y de aquellos polvos, estos lodos.

Tres burofaxes y un aviso de denuncia

Yolanda remitió un primer burofax el pasado 20 de junio a la empresa dueña de la propiedad alquilada a Malú, La Finca Real Estate Management, para comunicar que había tenido conocimiento de “que la vivienda habitual que constituía el domicilio de nuestro padre, y que estaba ofertada en el mercado en unas condiciones de alquiler de 250.000 euros anuales, ha sido alquilada al presidente del partido Ciudadanos, Sr. Rivera, por una cantidad insignificante, con evidente perjuicio económico para la sociedad”.

La cosa llegó hasta la Junta General de Accionistas de la empresa, celebrada el pasado día 26 de junio, en la que, fuera del orden del día, los representantes de Yolanda en esa cita pidieron explicaciones sobre el supuesto alquiler de la mansión más grande de La Finca, unos 14.000 metros cuadrados de parcela, a Albert Rivera, a lo que se les respondió que no existía contrato alguno con ese particular. Preguntada después por Malú, la dirección respondió sin embargo que no es la junta el lugar para valorar esos asuntos y mucho menos para desvelar en público datos de clientes, cuando su máxima es precisamente la discreción.

Los abogados de Yolanda decidieron entonces mandar dos nuevos burofaxes, en este caso a Albert Rivera y Malú. Los documentos son prácticamente idénticos. Arrancan tal y como lo hacía esta noticia y terminan así: “Le pido, [...] al objeto de evitar innecesarios y molestos procesos judiciales, que me aclare y justifique […] si es cierto que usted y su novio vienen abonando […] una renta mensual de 3.500 euros por el uso y disfrute de la casa que fuera de mi padre y cuyo alquiler en el mercado ronda los 25.000 euros mensuales. Le ruego que me remita […] copia del contrato firmado que le permite y faculta para utilizar y morar en la referida vivienda. Excuso decirle que la negativa (o un mero silencio) por parte suya a la petición de información […] me dará pie a considerar como veraz la noticia […] e iniciar las acciones legales que poner fin a […] tan impúdico y obsceno arrendamiento, en claro perjuicio societario”. En el documento enviado a Rivera hay una apelación directa, además, a la transparencia a la que le obliga su profesión.

Puestos en contacto con el gabinete de comunicación de Ciudadanos, se muestran contundentes con el asunto: “El señor Rivera no tiene contrato alguno de alquiler con La Finca y, por tanto, esta señora [en referencia a Yolanda] debe haberse equivocado de destinatario”. El equipo de Malú, por su parte, solo quiere apuntar que, en el caso de su representada, “hay un contrato legal con un precio pactado entre las partes”. Ninguno de los dos interpelados ha contestado al burofax de Yolanda.

Con la venia, señoría

Por su parte, los portavoces oficiales del grupo La Finca, presidido por Susana García Cereceda, insisten en dos cuestiones que ya defendieron en la Junta General: “La empresa no facilita datos de clientes o no clientes de la misma y todos los precios de los alquileres o ventas de sus inmuebles están ajustados a las reglas del mercado”.

Los abogados de Yolanda reconocen el contenido de los tres burofaxes y advierten que, de no tener respuesta, están dispuestos, en representación de los intereses de su clienta, a llegar con este asunto a los tribunales. Sería la enésima vez que las hermanas Cereceda o sus asesores se ven las caras delante de un juez. Yolanda perdió en 2010 la custodia de sus hijos y en 2011 fue tutelada por una fundación por “problemas psicológicos”. Hasta 2016, Yolanda no recuperó la plena capacidad sobre sí misma y sus finanzas. Para entonces, las empresas de su padre habían vivido varios cambios societarios, entre escisiones, fusiones y demás. Yolanda vive en España desde ese año, 2016, antes lo hizo en EEUU y Holanda. Y hace unos meses recuperó también la custodia de sus hijos. Desde que dejó de estar tutelada, ha interpuesto innumerables procesos judiciales para intentar demostrar que los movimientos de las empresas perjudican sus intereses. Algunos de esos procesos han sido ya desestimados por un juez.

En los nueve años que han pasado desde que murió el constructor Luis García Cereceda, además del enfrentamiento entre hermanas, con una ingente herencia por medio, la viuda del constructor, Silvia Gómez Cuétara, alias la Divina, fue desahuciada precisamente de la casa que estos meses ha habitado Malú, también tras otro proceso judicial de meses. Otro que también fue desalojado vía judicial de la urbanización búnker, en este caso por impago, fue el arquitecto Joaquín Torres, ahijado de Luis García Cereceda y responsable del diseño de muchas de las casas del complejo.

El alquiler de Malú en La Finca es el enésimo argumento en un conflicto interminable de dos hermanas que llevan más de diez años sin dirigirse la palabra salvo cuando el juez les da la venia.