Las claves que Borja Thyssen deberá aclarar ante el juez si quiere evitar condena

Los problemas de la familia Thyssen Cervera con Hacienda parecen de difícil solución. Borja Thyssen, hijo de la baronesa, ya tiene fecha del primer juicio al que debe enfrentarse por presunto fraude fiscal cometido en 2007. Será el 13 de noviembre cuando el único hijo de Tita Cervera deba declarar ante el juez y argumentar por qué no presentó declaración fiscal en España pese a que tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria consideran que era residente español. Tiene además otro juicio pendiente por otro supuesto delito fiscal cometido en la declaración de 2010.

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Las dificultades por las que pasan Borja y su esposa, Blanca Cuesta, encausada en la segunda acusación, han hecho que la pareja se acerque a la baronesa. Cuando el tiempo arrecia, es mejor hacer piña, ventilar los problemas íntimos a puerta cerrada. Y así ha sido: hasta han pasado el verano juntos, algo casi insólito. Con todo, queda mucho camino por recorrer para llegar a una reconciliación total.

Con la fecha del juicio ya fijada, Borja deberá aclarar ante el juez por qué declaró su residencia en Andorra cuando vivía, según el fiscal, más de 183 días en España. Y por qué no presentó la declaración fiscal en España. Según la ley, ese es el límite para poder declarar la residencia en el extranjero y Borja Thyssen no cumplía con las exigencias legales mínimas.

1,4 millones ocultos

La investigación comenzó en 2013, cuando la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid le denunció por simular la residencia en Andorra y evitar tributar en España. El caso estuvo tres años en el Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón hasta que en octubre de 2016 la Fiscalía presentó su acusación. Según el escrito fiscal, tal y como adelantó El Confidencial en su momento, Thyssen Cervera había ocultado 1,4 millones a Hacienda.

La cantidad corresponde a los pagos realizados por la revista '¡Hola!' con motivo de una serie de exclusivas entre las que se cuentan su boda y el bautizo de su primer hijo. Thyssen, siempre según el escrito del Ministerio Fiscal, ingresó el dinero a través de una sociedad en Nevada (EEUU), Gobrach LLC. Se da la circunstancia de que esta compañía aparece en los Papeles de Panamá. El dinero de ahí iba a una cuenta en Andorra.

La Fiscalía denunció que Borja no presentó la declaración en 2007 “a pesar de que durante dicho año residió más de 183 días en España”. Y sus ingresos fueron a parar a su cuenta de Andorra, pese a que tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria consideran que pasó más de la mitad del año en España. Por este caso, Borja Thyssen tuvo que depositar una fianza de 630.000 euros y la Fiscalía solicita dos años de cárcel.

La defensa de Borja

La defensa de Borja Thyssen dijo en su momento que todas las sociedades que tiene en el exterior están declaradas a Hacienda: "Como ya se ha declarado en reiteradas ocasiones, la totalidad de las sociedades de mi cliente de cualquier nacionalidad fueron declaradas a la Hacienda española en el correspondiente modelo 720 en los ejercicios en los que fue residente fiscal en España".

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Este será el primer juicio del hijo de Tita Cervera pero no el último. Está pendiente de otra causa en la que se le acusa de un presunto fraude fiscal de 336.417,89 euros cometido en la declaración de la renta de 2010. Según la Fiscalía, tanto él como su mujer, Blanca Cuesta, habrían simulado actividades económicas a través de la sociedad propietaria de su casa en Ibiza. Aquel año, el matrimonio declaró tener una ganancia patrimonial de más de dos millones de euros, pero no declaró 1,5 millones, “ocultando por lo tanto” esta cantidad, según el fiscal.

La citada sociedad ibicenca es Cas Capeto SL, participada por otra sociedad, Caribean Breeze, SL, que ni siquiera presentó cuentas ante el Registro Mercantil. Ni una ni otra tenían en realidad empleados o relaciones comerciales. Si ninguna de las dos sociedades tenía actividad, no era legal transferir los ingresos y gastos a esas empresas.

Trampas a Hacienda

Es decir, Borja Thyssen contravino la ley al realizar transferencias a la sociedad propietaria de la casa, transferencias que se computaron contra las cuentas de la empresa a cambio de unos bienes y servicios que debería haber declarado como “retribuciones en especie”. Se trataba, según la acusación, de trampear a Hacienda y pagar menos impuestos.

Así, la acusación de la Fiscalía es clara: se trata de “un negocio jurídico simulado. [...] La interposición de la persona jurídica inactiva tenía como único objeto evitar la relación del verdadero sujeto pasivo con el hecho imponible”. Por estos hechos, la Fiscalía pide tres años de cárcel y un millón de euros de multa.