El pazo de Meirás, más cerca de pasar de la familia Franco a manos públicas

El pasado mes de julio, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ordenaba hacer constar en el registro de la propiedad que el pazo de Meirás, ubicado en el municipio coruñés de Sada, estaba inmerso en una causa judicial. Una medida cautelar que buscaba evitar que la familia Franco vendiera la que en tiempos fue residencia veraniega del dictador.

Y a partir de mañana, en ese mismo juzgado comenzará la audiencia previa con la presentación por parte del Estado de una demanda de juicio para pedir que se declare la nulidad de la donación del pazo efectuada en el año 1938 entre la Junta pro Pazo y Francisco Franco.

También se tratará de declarar nula la escritura de compraventa firmada en 1941 y que se declare que pertenecen al Estado las edificaciones y los terrenos que lo componen.

La demanda presentada por la Abogacía del Estado para recuperar la propiedad de manos de sus actuales propietarios argumenta que "la situación posesoria de Francisco Franco y sus herederos se basa en un título, la escritura de compraventa de 1941, que es un texto simulado y completamente nulo, y cuya finalidad exclusiva era permitir, en el futuro, una posesión de Franco y sus herederos a título particular".

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La mencionada escritura de compraventa se cerró entre la entonces propietaria del pazo de Meirás, Manuela Esteban Collantes (viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán), y la Junta pro Pazo del Caudillo, por un precio de 406.346 pesetas.

La titular del juzgado ha admitido además que el Ayuntamiento de A Coruña se persone en el procedimiento sobre la propiedad como parte interesada, a instancias de una moción presentada por el BNG y ampliada por la Marea con el objeto de reclamar también la propiedad de la casa Cornide –un edificio de estilo barroco situado en la Ciudad Vieja coruñesa– que también está en manos de la familia Franco.

Los Franco, que están obligados a abrir la casa al público un determinado número de días al año, pusieron a la venta el pazo en 2018 por 8 millones de euros. Un movimiento auspiciado por los nietos del dictador y acelerado tras el fallecimiento de la única hija de Franco, Carmen Polo. Ese mismo año unos activistas ocuparon el pazo con el objetivo de que este fuera “devuelto al pueblo”.