La estrategia de Arantxa Sánchez Vicario para evitar su entrada en prisión

Arantxa Sánchez Vicario ha vuelto a dar un golpe de efecto en el caso que la enfrenta a cuatro años de prisión por un delito de alzamiento de bienes. Tal y como ha publicado el diario ‘El País’, la tenista ha presentado un escrito de defensa ante el juez asumiendo su culpa y mostrando arrepentimiento con un único objetivo: que la Fiscalía rebaje la pena propuesta a siete meses para evitar entrar en la cárcel.

Su argumento se fundamenta en que, aunque se declara culpable de lo que se le imputa, lo es porque fue “víctima” de su marido, Josep Santacana, al que señala como responsable de la dilapidación de la fortuna que amasó durante su carrera deportiva. “Con este paso adelante Arantxa está asumiendo, pese a todo, su responsabilidad y colaborando con la justicia; es una deportista íntegra”, señalan fuentes cercanas a la extenista citadas por ‘El País’.

Un escrito contundente con el que la tenista pretende hacer cambiar de opinión a la citada Fiscalía apenas unos meses antes de verse sentada en el banquillo de los acusados junto al que fue su pareja sentimental durante tantos años.

Será el Juzgado de Instrucción 4 de Barcelona quien analice este último escrito como ya hizo con los presentados por el fiscal y el Banco de Luxemburgo, que actúa como acusación particular, y que terminaron con el procesamiento del matrimonio y otras cinco personas acusadas por presunta colaboración para cometer este delito.

El escrito de la Fiscalía

La Fiscalía pedía en su escrito 4 años de prisión y multa de 8.700 euros para Arantxa Sánchez Vicario y para su ex, Josep Santacana, por un presunto delito de alzamiento de bienes. Para ellos, se piden tres años y medio de cárcel.

El documento, que habla de "ánimo de un enriquecimiento ilícito", aseguraba que la tenista y Santacana vendieron, presuntamente, sus propiedades en España y Andorra para evitar pagar la deuda que tenían con la entidad bancaria. Hay que recordar que la pareja tenía que pagar más de 6 millones de euros dejados como aval para encarar una multa que ascendía a los 3,5 millones de euros más intereses por evasión fiscal. Dicha multa fue impuesta por el Tribunal Supremo en 2009. Supuestamente, Arantxa y Santacana vendieron bienes para evitar abonar esta cantidad que se les reclamaba por la vía civil. Por tanto, para el fiscal esto supondría un delito de alzamiento de bienes.

Mientras Arantxa Sánchez Vicario y José Santacana batallaban en los juzgados de Miami y Esplugues de Llobregat por las condiciones de su divorcio, otro proceso judicial se ha estado llevando a cabo en Barcelona casi en silencio. El Banco de Luxemburgo presentó una querella contra ambos, sus empresas y sus administradores, y ahora, casi tres años después de la instrucción, la Fiscalía reclama pena de cárcel para la expareja y sus socios por un presunto delito de alzamiento de bienes. A lo largo de todo el escrito de la Fiscalía, se señala la actuación supuestamente delictiva de Sánchez Vicario, algo que ha llevado a cabo, según el Ministerio Público, “bajo las directrices del acusado, José Santacana”.

Tal como se redactaba en el auto del Ministerio Fiscal, “en fechas 27 de abril y 1 de octubre de 2010, la entidad Banco de Luxemburgo abonó a la entidad Banco de Sabadell las cantidades respectivamente de 4.184.659,84 euros y 1.065.340,16 euros como garante de la cantidad que esta última tuvo que abonar como garante a su vez de la deuda tributaria que la acusada mantenía con la Agencia Tributaria Española”.

Declaración de insolvente

Sánchez Vicario nunca devolvió el dinero y se declaró insolvente en los juzgados, una teoría que no convenció a la entidad bancaria. Así, investigaron hasta el último milímetro de los movimientos de la pareja y dieron con todo, según señala la Fiscalía. El proceso judicial empezó hace años y no siempre por lo penal. El 16 de marzo de 2011, el banco demandó a la tenista en un procedimiento ordinario en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Esplugues de Llobregat que finalizó con sentencia de fecha 16 de septiembre de 2013 por la que se estimaba la demanda y condenaba a la acusada al pago de la cantidad de 5.250.000 euros más intereses y costas.

Pero Arantxa nunca pagó, así que ante el impago, en noviembre de 2013, el banco decidió interponer una demanda de ejecución en el mismo juzgado, en 2014, por una cantidad total de 7.563.969,44 euros, puesto que a la deuda inicial sumaban los intereses.

Según la Fiscalía, “la acusada, bajo las consignas de su marido, el acusado, José Santacana, y en colaboración, en la forma que se dirá, con los demás acusados (apoderados y testaferros varios), con ánimo de enriquecimiento ilícito, y pleno conocimiento, ambos, inicialmente, de la expectativa de la obligación de pago de la misma, al recibir burofax con la reclamación de la deuda [...] idearon un plan consistente en descapitalizar su numeroso patrimonio, frustrando de este modo el cobro de dicha cantidad por parte de la referida entidad”.

El fiscal les acusa de “vaciado de cuentas corrientes, resultando que las cuentas de las que era titular la acusada, tras despacharse ejecución, no tenían saldo para embargar”. Los considera responsables de la “desaparición de los créditos cobrados por la acusada derivada de procedimientos judiciales haciendo desaparecer el dinero de forma immediata e impidiendo de este modo el embargo de las referidas cantidades”. También considera que llevaron a cabo la “desaparición de los créditos cobrados por la acusada derivados de reportajes en medios de comunicación, cobrando de forma opaca o haciendo desaparecer el dinero nada más recibirlo e impidiendo de este modo el embargo de las referidas cantidades”. En este apartado aparecen tanto exclusivas con revistas del corazón (17.000 euros y 24.000 por sendos reportajes), como los emolumentos por el libro ‘Arantxa, vamos’, que fueron 12.500 euros.

Uno de los apartados más importantes del escrito del fiscal es el “proceso de despatrimonialización inmobiliario a través de sociedades de las que era titular real o fiduciaria la acusada, llevándose a cabo bajo las directrices del acusado”. En este caso acusan a ambos de haber vendido todo su patrimonio inmobiliario, numerosas casas, locales y terrenos que detallan en una extensa y minuciosa lista.