El abogado de Manu Tenorio relata en 'Vamos a ver' los problemas del cantante con sus 'inquiokupas’

Manu Tenorio y su mujer, Silvia Casas, siguen tratando de lidiar con uno de sus mayores problemas. En el chalet adosado que tienen en el municipio de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, se encuentra actualmente viviendo una familia con hijos. Según explicaba el abogado de Tenorio, Samuel Morales, en ‘Vamos a Ver’, los inquilinos dejaron de pagar el alquiler a mediados del año pasado.

“La relación con los inquilinos empieza en el año 2021, cuando ellos entran efectivamente con un contrato de arrendamiento. El problema viene a partir de mayo de 2023, cuando los inquilinos dejan de pagar a mi cliente, y ahí empieza el calvario para estas personas, porque al final es una situación bastante compleja”, aseguraba. En una entrevista en exclusiva para ‘Jaleos’ la propia Casas confirmaba que se trataban de ‘inquiokupas’: "Sí, es cierto. Llevamos así un año. Realmente son inquiokupas, porque entraron con contrato y luego dejaron de pagar", transmitían desde el medio.

Por su parte, el letrado hablaba, en unas declaraciones realizadas a ‘En boca de todos’, de las consecuencias que está teniendo todo este proceso para el exconcursante de ‘Operación Triunfo’: "Mi cliente está sufriendo problemas psicológicos, le está afectando en su carrera profesional y la verdad es que ellos no tienen por qué soportar esta situación de ninguna de las maneras", afirmaba.

Además, aseguraba que han intentado solventar esta situación de forma amistosa. “Yo estuve hablando con ellos a comienzos de verano y me dijeron que estaban trabajando, pero que no podían pagar”, confesaba Morales.

Esta mañana, en ‘Vamos a Ver’, el abogado de Tenorio definía al cantante como una persona empática, de la cual se estaban aprovechando por su perfil mediático: “Es una batalla larga y complicada, sobre todo para mi cliente, que es una persona bastante razonable, bastante cercana y la verdad es que lo está pasando bastante mal”.

Según el letrado, las cifras de deuda están alcanzando niveles bastante altos. “Aproximadamente, el procedimiento judicial lleva unos 10.000 euros, sin tener en cuenta el tema de las costas a nivel jurídico y demás”, afirmaba Morales, quien también ha querido hacer hincapié en que la sociedad debe “buscar una solución” a este tipo de casos.