Archivan provisionalmente la causa penal contra el cantante Francisco González: no ha podido ser localizado para declarar

En ocasiones, la Justicia no se detiene, pero sí se queda en pausa. Es lo que ha ocurrido con la causa penal contra el cantante Francisco González, que ha sido archivada provisionalmente al no haber podido ser localizado para declarar, según ha podido conocer Vanitatis. El procedimiento, abierto por un presunto impago de la pensión de su hija, se encontraba en fase de diligencias previas desde su admisión a trámite. En este contexto, el intérprete de ‘Latino’ debía comparecer en sede judicial en calidad de investigado. Algo que, por ahora, no ha sido posible.

Según recogen las resoluciones a las que ha tenido acceso este medio, el juzgado no ha podido tomar declaración al investigado al no haber logrado localizarle, pese a las gestiones realizadas tanto por el propio juzgado como por la Policía Judicial. Tal y como se expone en el auto, fechado en el pasado 26 de marzo, esta situación impide continuar con la tramitación de la causa sin haber escuchado su versión de los hechos, lo que le situaría en una posible situación de indefensión y ha llevado a acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Por eso, hasta que pueda ser localizado, el procedimiento queda en suspenso.

Lejos de dar por concluido el caso, la resolución plantea una nueva vía para intentar desbloquear la situación. El Juzgado de Instrucción nº 33 de Barcelona ha acordado oficiar a la Guardia Civil con el fin de proceder a la localización del cantante y poder practicar su citación en calidad de investigado. Según se recoge en la providencia, una vez se produzca dicha localización, deberá comparecer en sede judicial dentro de los plazos previstos, momento en el que podrá prestar declaración y designar defensa, lo que permitiría retomar el curso de unas diligencias que, por ahora, permanecen en punto muerto a la espera de que estas actuaciones surtan efecto.

Cabe recordar que la condición de investigado no implica culpabilidad y forma parte del desarrollo del procedimiento judicial. Es al Juzgado al que le corresponde determinar los hechos y, en su caso, las posibles responsabilidades. En este sentido, y dentro del marco legal aplicable, el delito de impago de pensiones queda recogido en el artículo 227 del Código Penal, que contempla penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses para aquellos casos en los que se acredite judicialmente el incumplimiento de las obligaciones económicas establecidas.

Una historia judicial que se remonta a más de dos décadas

El enfrentamiento entre Francisco y Denia Apolinar —tanto público como judicialmente— se remonta a 2001, cuando salió a la luz que la exbailarina había tenido una hija con el cantante. Eso sí, el artista negó de forma reiterada la paternidad. Una postura que ha mantenido durante todos estos años. Sin embargo, el 19 de mayo de 2006, cuando Naomi tenía cinco años, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gavà (Barcelona) la reconoció como hija biológica después de que el intérprete no se presentase a las pruebas de paternidad. Además, desde 2013, se le impuso la obligación de abonar una pensión de alimentos a favor de la menor.

Tras cumplir los 18 años, Francisco presentó una demanda de modificación de medidas en la que solicitaba la suspensión de dicha pensión o que se redujera de 500 a 150 euros mensuales. También pidió quedar exonerado del pago de gastos extraordinarios. Para justificar esta solicitud, alegó un empeoramiento de su situación económica y defendió que su vástago ya contaba con ingresos propios. Sin embargo, la Justicia desestimó la solicitud tanto en primera como en segunda instancia, al no quedar acreditada la independencia económica de la joven, que seguía residiendo con su madre y carecía de recursos suficientes para mantenerse por sí misma.

Pero ese no fue el último capítulo judicial. En los últimos años, la cuestión del pago de la pensión de alimentos ha derivado en distintos procedimientos judiciales. Entre ellos, llegó a ordenarse el embargo de los ingresos del cantante —incluidas cantidades procedentes de su actividad profesional— como medida para garantizar el cumplimiento de la obligación económica que se fijó en su día. Un movimiento que evidenció hasta qué punto el conflicto había escalado más allá del plano personal, trasladándose de forma sostenida al ámbito judicial y marcando una dinámica que, lejos de cerrarse, continúa encontrando nuevos escenarios en los tribunales. Ahora, el procedimiento penal se encuentra en fase de instrucción y pendiente de evolución judicial