Italia juzga la Operación Cóndor

“Estoy aquí para obtener justicia y para que no se olvide lo que ocurrió hace casi 40 años. Los jóvenes de hoy tienen que saber lo que pasó, si no lo hacen, corremos el riesgo de que en el futuro vuelva a repetirse una situación así”. Aurora Melloni explicaba con estas palabras el porqué de su larga lucha para que los responsables del secuestro y asesinato de su marido, Daniel Banfi, paguen por lo que hicieron. Melloni es una de las familiares de los 23 ciudadanos latinoamericanos de origen italiano cuyas muertes comenzaron ayer a ser juzgadas en Italia.

Todos ellos fueron víctimas de la Operación Cóndor, el pacto que hicieron las dictaduras militares de Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Bolivia y Paraguay en aquellos años para intercambiar información que permitiera reprimir, perseguir y eliminar a activistas de izquierdas o implicados en la lucha por las libertades civiles.

En el proceso que se abrió ayer en Roma con su primera audiencia preliminar hay 35 imputados: 17 uruguayos, 12 chilenos, 4 peruanos y 2 bolivianos. Son generales, coroneles, comisarios, agentes de policía y otras personas implicadas en la muerte de los 23 asesinados. Entre ellos está Francisco Morales Bermúdez, que fue presidente de Perú de 1975 a 1980, Pedro Richter Prada, quien fue su primer ministro, o Juan Carlos Blanco, ministro de Exteriores durante la dictadura militar uruguaya.

"La ley es igual para todos"

Ninguno de ellos se presentó ayer en el aula del juicio. Sí que estaban allí Melloni, otros familiares de las víctimas y algunos de los promotores del proceso, como Jorge Ithurburu, impulsor de la asociación 24 marzo, que ha trabajado para que el llamado Proceso Cóndorpudiera hacerse realidad. En él, Italia se juega mucho.

En todos sus juzgados, por encima de donde se sienta el tribunal, puede leerse este tema, escrito en letras de grandes dimensiones: “La ley es igual para todos”. En este juicio Italia debe demostrar que cumple con esta consigna con todos sus ciudadanos, más allá de la distancia a que se encontraran y del tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos a juzgar.

“Empezamos después de que el juez Baltasar Garzón lograra la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998. Desde entonces las viudas de los desaparecidos y asesinados fueron presentando denuncias que se unificaron en un proceso único. Ha habido que esperar todo este tiempo para comenzarlo debido a los conocidos problemas de lentitud de la Justicia italiana”, explica Ithurburu.

En esta fase preliminar, que podría prolongarse hasta final de año, el magistrado, Alessandro Arturi, escuchará las razones de la acusación y de la defensa para decidir luego si comienza o no el proceso. Ayer Arturi aceptó que se presenten como partes demandantes el Estado italiano, el Estado uruguayo y el Frente Amplio, la fuerza política izquierdista de aquel país latinoamericano y al que pertenece su actual presidente, José Mújica. Por el contrario, el juez rechazó la solicitud que en este mismo sentido había presentado el Partido Democrático (PD), la principal formación del centro izquierda italiano.

Secuestros y muertes

“Nosotros éramos del Frente Amplio y debido a la persecución de la dictadura militar huímos a Argentina. Allí todavía no mandaban los militares, pero tras la muerte de Perón hubo una gran represión y empezó a aplicarse la Operación Cóndor. Las fuerzas uruguayas actuaban sin problema dentro del territorio argentino. Es lo que hizo el comisario Hugo Campos Hermida, que fue quien vino a buscarnos. Secuestró a mi marido y un mes y medio después encontré su cadáver”, recuerda Melloni, quien entonces tenía dos hijas pequeñas.

A Daniel Banfi, se lee en las actas del proceso, lo ametrallaron junto a otros militantes de izquierdas en la noche entre el 29 y el 30 de octubre de 1974 en la localidad de San Antonio de Areco, cerca de Buenos Aires. Sus cuerpos fueron hallados con las manos atadas a la espalda y medio cubiertos de cal, para dificultar así su identificación.

Ernesto Magorno, diputado del PD, ha sido otro de los impulsores del proceso. Representa a una de las víctimas, Andrés Humberto Bellizzi, un joven que pertenecía a una familia italiana emigrada a Uruguay. “Sus padres vivían en una localidad muy pobre de la región de Calabria, al sur del país. Fueron a Uruguay intentado salir de la pobreza y se vieron sacudidos por estos eventos terribles. El muchacho era militante contra la dictadura y gracias a la Operación Cóndor, fue localizado en Argentina, secuestrado y asesinado”, cuenta Magorno.

Los EEUU, implicados

El abogado Arturo Salerni, otro de los promotores del proceso, recuerda que no resultó ajeno a la Operación Cóndor el Gobierno de Estados Unidos, muy preocupado en aquellos años por evitar a cualquier precio que el comunismo prendiera en “su patrio trasero” de América Latina. Salerni representa a la familia de Juan José Montiglio, un joven chileno de origen italiano que permaneció al lado de Salvador Allende hasta los últimos momentos. Consiguió salvar la vida cuando Augusto Pinochet tomó el Palacio de la Moneda, pero éste luego le identificó y ordenó su fusilamiento.

“Si somos optimistas, dentro de un año o dos podríamos tener ya las condenas en primer grado, siempre que el juez decida que se hace el proceso. Espero que no se demoren mucho más las cosas, pues la mayoría de los imputados pueden morir de viejos en los próximos años”, dice Salerni. En caso de que las condenas llegaran en firme, se abriría un desafío diplomático para Italia, pues debería pedir la extradición de los posible culpables a sus países de origen, ya que ninguno de ellos reside en territorio italiano.

“Ese es un problema a largo plazo. Habrá que ver cómo están los pactos de reciprocidad para las extradiciones en ese momento. En teoría sí que podrían venir a Italia para cumplir sus penas”, explica la abogada Monica Morisi, defensora de oficio de varios de los imputados chilenos. Sus representados, como ha ocurrido con el resto de imputados, no se han puesto en contacto con ella ni han dado señal alguna. “Hay uno de ellos que no sé ni siquiera si sigue vivo”, reconoce Morisi. Anxia Torti, otra de las abogadas defensoras, también asignada de oficio, dice que a pesar de que sus representados no se hayan puesto en contacto con ella, los letrados seguirán adelante con el proceso y les defenderán lo mejor posible.