La familia de Letizia, imputada en un caso de alzamiento de bienes

Letizia no gana para disgustos. Tras la imputación de su cuñado Iñaki Urdangarin en el Caso Nóos, el percance de su suegro en Botsuana, la batalla que mantienen su hermana Telma y su marido contra los medios de comunicación y las inquietudes artísticas de su tita Henar, que ahora prueba suerte con la interpretación, la princesa de Asturias ha visto cómo ahora su abuela Menchu ha sido llamada a declarar este viernes en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Cangas de Onís después de que la Fiscalía de Asturias la haya imputado por un delito de insolvencia punible tras apreciar indicios de alzamiento de bienes.

Tal y como han desvelado varios medios, el origen de la imputación reside en una denuncia interpuesta por un particular contra Henar Ortiz, quien al parecer contrajo una deuda de más de 22.000 euros con la demandante, Sandra Ruiz. Posteriormente, el juez abrió una investigación en la que acabó por imputar a Menchu Álvarez del Valle, madre de Henar y abuela de Letizia, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

El Ministerio fiscal pidió además que se incluyera a Henar y Jesús Ortiz, padre de la princesa de Asturias, debido a su posible implicación en una serie de maniobras contables de dudosa legalidad que se llevaron a cabo con el objetivo de preservar la casa familiar de Sardéu (Ribadesella) de un embargo para hacer frente a las deudas contraídas. Tal y como recuerda Jaime Peñafiel, fue este último quien al parecer realizó la operación para evitar dicho embargo por parte del banco Banif.

Con todo, los tres familiares de la princesa de Asturias están incluidos en la causa. Mientras Menchu deberá declarar este viernes, a las diez y cuarto de la mañana, las comparecencias del padre y la tía de Letizia se llevarán a cabo en el lugar en el que residen habitualmente, es decir, Madrid y Oviedo, respectivamente.

Para ello, el Juzgado de Cangas de Onís remitió el pasado día 9 de julio los exhortos dirigidos a los dos decanatos con el fin de que se puedan asignar sendas declaraciones a los juzgados de instrucción que corresponda.

Las penas por este tipo de delitos, que atienden al "deber del deudor de responder con todos sus bienes presentes o futuros en caso de incumplir sus obligaciones", se elevan a entre uno y cuatro años de prisión y multas de uno a dos años.