El abogado de la familia Parra: "Ortega Cano será condenado, como mínimo, a tres años de cárcel"

Este martes 12 de marzo, a las 10 de la mañana, Ortega Cano se enfrentará a la peor faena de su vida. El torero rendirá cuentas ante Sagrario Romero, la jueza sustituta del Juzgado de lo Penal Número 6 de Sevilla, acusado de un delito de homicidio imprudente y dos contra la seguridad vial: conducir supuestamente bajos los efectos del alcohol y exceso de velocidad. Debido a la masiva afluencia de medios de comunicación que se espera, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reservado la mayor sala de vistas de los juzgados sevillanos. El diestro se enfrenta a una pena de cuatro años de cárcel y a seis años de retirada de carnet. Luis Romero, abogado de la familia Parra, asegura que será condenado “como mínimo, a tres años de cárcel” pero, ¿es posible que eso ocurra?. ¿Cuáles son las claves principales de este juicio tan esperado?

“Lo primero que va a ocurrir nada más empezar es que se preguntará a las partes si hay cuestiones previas como la presentación de nuevas pruebas. La parte contraria pedirá la invalidez de la prueba de alcoholemia. La jueza tiene dos posibilidades: deliberar y resolver el mismo día o especificarlo en la sentencia como ocurre en el 95% de los casos”, asegura Luis Romero, el abogado de la familia del fallecido Carlos Parra.

La clave: La validez de la prueba de alcoholemia

Sin lugar a dudas, una de las cosas que más preocupan al torero es que la prueba de alcoholemia sea considerada válida. Según el escrito presentado por la defensa del torero: “Nuestro representado no había ingerido bebidas alcohólicas y conducía a una velocidad permitida reglamentariamente. Con anterioridad al día 28 de mayo de 2011, nuestro representado estaba en tratamiento médico por arritmias cardiacas. Tras el accidente, el Sr. Ortega Cano fue trasladado al Hospital Virgen Macarena de Sevilla, donde se le practicaron varias transfusiones de sangre (…) El análisis realizado por el Instituto Nacional de Toxicología, a los efectos de este procedimiento penal, es nulo de pleno derecho”.

Sin lugar a dudas, esas afirmaciones contradicen el escrito presentado por el Ministerio Fiscal el 7 de diciembre de 2011: “El acusado circulaba en condiciones no apropiadas para ello, debido a la previa ingestión excesiva de bebida alcohólica que le mermaba los reflejos (…) haciendo que su conducción fuera irregular, realizando maniobras arriesgadas para él mismo y los demás usuarios de la vía. Debido al estado en el que se encontraba y siendo prioritario atender a su grave situación física, no se realizó por los agentes de la Guardia Civil la prueba de alcoholemia reglamentaria. En el momento de ser ingresado, se realizaron dos extracciones de sangre con finalidad terapéutica. El 10 de junio de 2011, el Juez Instructor ordenó la remisión de muestra suficiente al Instituto Nacional de Toxicología. Sin embargo, se detecta Alcohol Etílico en proporción de 1,26 g/L en la sangre del acusado”.

Teniendo en cuenta esta situación, ¿qué pasaría la prueba de alcoholemia no es considerada válida? Según el abogado de los Parra, Luis Romero: “Aunque no haya un resultado positivo hay varias circunstancias que agravan esa imprudencia como el haber conducido por el carril contrario. Había exceso de velocidad. Hay informes oficiales puestos en duda por la parte contraria. Era de noche. A esto hay que sumarle la conducción temeraria ratificada por el conductor que lo vio minutos antes del accidente. Debido a esto nosotros pedimos una pena de cuatro años de cárcel que es lo máximo. Si se tiene en cuenta que la imprudencia es grave tal y como avalamos, hablamos de una condena penitenciaria de dos años y medio a cuatro años”.       

Una indemnización millonaria

Según el escrito del fiscal, las compañías aseguradoras ‘Línea Directa’ y ‘Mutua Madrileña’, como responsables civiles directas, en virtud de sus respectivas pólizas, y el acusado solidariamente con la entidad BARSEMA S.A., como responsables civiles subsidiarios, indemnizarán a los perjudicados con las siguientes cantidades:

Dña. Manuela Gurruchaga (viuda) 119.731,161€ más 5.640€ por los daños en el vehículo; Dña. Sara Parra (hija) 19.955,18€; D. Samuel Parra (hijo) 19.955,18€; Dña. Carmen Castillo (madre del fallecido) 9.977,58€.

Sin embargo, los abogados de la familia Parra reclaman en su escrito de acusación “una indemnización en concepto de responsabilidad civil, lucro cesante y daños moral, la cantidad de 439.467,72€ a la que habrá de detraerse la suma de los 84.809,55€ ya abonados". A esto hay que sumarle los 60.000 euros que solicitan los abogados para Manuel Parra, hermano del fallecido, por daño moral. Solicitan además el abono de los intereses.

Un tercer implicado que aún no ha hablado públicamente

Minutos después del fatídico accidente acaecido aquel 28 de mayo de 2011, Mariano Álvarez chocó contra el motor del vehículo de Carlos Parra al no poder evitar el golpe porque su vehículo derrapó con los líquidos vertidos tras el choque anterior. Mariano ha sido indemnizado con 5.864,51€ por los daños que sufrió su furgoneta. Él fue el primero en socorrer a Ortega Cano y su testimonio será fundamental para explicar lo que le dijo el torero nada más producirse la colisión contra el Seat Altea de Carlos Parra, que murió en el acto a causa de un traumatismo torácico severo y rotura cardiaca.

Según el escrito del fiscal, “el impacto se produce de forma fronto-angular izquierdo, circulando el vehículo del acusado en ese momento a 125,2 kms/h, y el del Sr. Parra a 51 kms/h”. Teniendo en cuenta los atestados presentados por la Guardia Civil de San Juan de Aznalfarache y de Sevilla, que corroborarían el exceso de velocidad del coche de Ortega Cano, la defensa del torero ha aportado a la causa dos informes periciales que aseguran que su cliente circulaba a una velocidad de entre 79 y 96 hms/h.   

Testigos rechazados en el juicio

El 23 de mayo de 2012, la jueza que ha llevado el caso hasta hace unos meses, Trinidad Vergara emitía un auto en el que declaraba pertinentes algunas pruebas aportadas por la acusación y la defensa y rechazaba otras. La jueza no ha considerado necesarios varios testigos propuestos por la defensa de Ortega Cano como el médico que debía certificar su dolencia cardiaca y otro que explicaría el protocolo de extracción de sangre. También se consideran innecesarios los testimonios de las personas que estuvieron con el diestro antes de las 20:30, pero sí acepta los que lo hicieron hasta las 22:00, que deberán certificar que el torero no bebió ni un gota de alcohol.

Por último, la jueza también ha rechazado los testimonios de los doctores que estaban de guardia en el Hospital Virgen Macarena cuando ingresó el torero y del forense que firmó la autopsia de Carlos Parra, que perdió la vida con tan sólo 48 años.     

Entre uno y tres meses para conocer la sentencia

El juicio está previsto que dure cinco sesiones y finalizará el 19 de marzo, Día del Padre. Una vez esté visto para sentencia, se conocerá el futuro de Ortega Cano, entre uno y tres meses después de la celebración del juicio. Mientras llega ese día, el diestro se aferra a la fe y acatará lo que la jueza decida, aunque espera que la condena no sea de cárcel.