El Tribunal Supremo 'derriba' el ático de Carmen Sevilla en Marbella

Carmen Sevilla y otros personajes del mundo de la farándula, además de políticos de la época del ‘pelotazo’ urbanístico en Marbella, acaban de recibir una mala noticia: el Tribunal Supremo ha declarado ilegales las viviendas de su propiedad ubicadas en el complejo Banana Beach, el buque insignia de los desórdenes del gilismo, por no ajustarse al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Cuando uno llega a Marbella, uno de los primeros edificios con los que se topa es precisamente el Banana Beach. El Supremo, con su providencia, puede acabar con esta vista de un plumazo. En la sentencia, a la que ha tenido acceso Vanitatis, recuerda que la construcción fue realizada sobre una parcela calificada por el PGOU de 1986 como “sistema general de áreas libres” y al amparo de una licencia ilegal, “así declarada y anulada por sentencia judicial firme, aparte de que los que intervinieron en su otorgamiento han sido condenados por ello como responsables del delito de prevaricación”. La consecuencia natural de la anulación de las licencias es la demolición de lo construido, según el Supremo, que analiza el proceso de normalización urbanística de Marbella y descarta la arbitrariedad del nuevo Plan General.

Tanto Carmen Sevilla como otros propietarios presentaron un recurso que aludía a la situación de “incertidumbre” en la que quedaban los inmuebles tras entrar en vigor el Plan, y censuraban la “arbitrariedad” del planeamiento. En su sentencia, el Alto Tribunal desecha los argumentos de los propietarios y les recuerda que es abundante la jurisprudencia del propio TS en la que se descarta que los adquirentes de viviendas ilegales puedan impedir la demolición alegando su condición de terceros hipotecarios de buena fe.

Carmen ‘de Marbella’ 

El ático de la popular folclórica es la casa más espectacular de todo el complejo. Cruza el techo de toda la planta del edificio y posee una terraza que es incluso mayor que la vivienda. Lo adquirió en su día por un precio simbólico. En aquella época, Carmen Sevilla era una de las mejores precursoras de las virtudes de Marbella. Durante años se convirtió en la imagen de la clínica alemana Buchinger, donde hacía su dieta anual, basada en la ayunoterapia. Aunque por las noches se escapaba a los cócteles marbellíes y se saltaba la dieta.

Pero lo que ella desconocía era que aquel regalo del inmueble traía una lanza entre el lazo y el celofán. Hasta entonces la actriz había vivido en una casita andaluza que tenía en San Pedro de Alcántara. Después se la vendió a Beatriz de Orleans y se mudó a vivir al mega ático que ahora tantos quebraderos de cabeza le está dando. Allí vivió largos años junto a su marido Augusto Algueró y su hijo. Ahora lo hace en Madrid y probablemente no sea muy consciente de lo que ha ocurrido con su casa de Marbella, porque hace años que es víctima de la triste enfermedad del alzheimer.

Otra de las vecinas de uno de estos 238 pisos de Banana Beach es Yola Berrocal, que también teme por su propiedad. La presentadora ha querido vender su inmueble en más de una ocasión. “Es muy difícil. Desde que estos pisos salen en la televisión ya nadie quiere comprarlos por miedo a que los tiren. Vivimos esperando a que un juez diga que esto hay que tirarlo”, declara.

El Ayuntamiento, sorprendido

El constructor de Banana Beach, Ávila Rojas, señaló a este medio que “no es solo Carmen Sevilla la que tiene un ático en el Banana Beach. Son muchos los propietarios afectados y están organizados. Si quieren demolerlo, tendrán que indemnizar a todo el mundo. Yo compré el Banana Beach cuando era un solar, a precio de mercado. Compré a 50.000 pesetas el metro cuadrado y empecé vendiendo a entre 160.000 y 220.000 pesetas el metro cuadrado ya construido. Después, se ha vendido a 600.000 pesetas (3.600 euros) e incluso a un millón el metro cuadrado (6.000 euros). Actualmente, está todo vendido y las viviendas disponen hasta de licencia de primera ocupación”.

Para el actual concejal de Urbanismo de la ciudad, Pablo Moro, es inconcebible que un edificio así pueda demolerse y significa a Vanitatis que “sería una barbaridad tirar este complejo en el que viven 300 familias. Nosotros en su día quisimos incluir la edificación en el PGOU, pero la Junta se negó. En caso de hipotética demolición, tendrá que ser el tribunal el que designe quien asume los gastos”.

En su día, el Ayuntamiento de Marbella aseguró a los propietarios del Banana Beach que, incluso en el caso de que el nuevo PGOU legalizara el edificio, eso no evitaría la demolición si los tribunales acordaran la ejecución de la sentencia que anula la licencia urbanística.

Exista o no demolición, a modo ejemplarizante, potestad última en manos de los jueces, lo cierto es que las 238 viviendas, construidas en la franja litoral y asentadas en un sistema general de espacios libres, estuvieron siempre llamadas a quedar al margen de la ley. Sobre todo a raíz de la primera sentencia por delito urbanístico, en 2005, contra el exalcalde Julián Muñoz y otros exediles del GIL, que se produjo precisamente en el conocido como ‘caso Banana Beach’. Fue una condena de seis meses de prisión lo que marcó el comienzo del resto de penas de cárcel que vendrían después. De aquellos polvos, estos lodos.