Imputan a Javier Sánchez Vicario y a su padre por apropiación indebida

La Audiencia de Barcelona ha ordenado este jueves reabrir la querella que presentó la extenista Arantxa Sánchez Vicario contra su padre Emilio, su hermano Javier, el abogado Bonaventura Castellanos y el economista Francisco de Paula Oro, a los que acusa de haberse apropiado de más de 16 millones de euros de su fortuna. 

En un auto del tribunal de la sección décima de la Audiencia, los magistrados revocan el sobreseimiento de la querella que dictó el juzgado de instrucción número 28 de Barcelona y le ordena que tome declaración como imputados al padre, al hermano, al abogado y al economista en relación a delitos de apropiación indebida, administración desleal, delito societario y falsificación documental.

La juez instructora consideró que no existían indicios de criminalidad para imputar a las personas querelladas por la extenista y que, en cualquier caso, la competencia para su investigación correspondía a tribunales de Andorra, Luxemburgo y Suiza, porque las cuentas bancarias de donde se sacó el dinero estaban en estos países. Arantxa recurrió la decisión de la juez y ahora la Audiencia no sólo le ha dado la razón, sino que reprocha a la instructora que no siguiera "la tramitación adecuada porque abrió diligencias indeterminadas en lugar de las correspondientes previas" y sobreseyó la causa provisionalmente sin hacer ninguna diligencia.

La querella de Arantxa Sánchez Vicario fue presentada el 13 de noviembre de 2012 y la juez dio traslado de ella al ministerio fiscal el 18 de diciembre para que presentase un informe. El tribunal reprocha a la juez que admitiera la presentación de un escrito firmado por Castellanos "quien aún ni siquiera era parte en el procedimiento, en el que, haciendo uso de su condición profesional de abogado, formulaba alegaciones y aportaba prueba documental solicitando la inadmisión de la querella".

La Audiencia dice que la actuación de la jueza instructora dejó en "manifiesta indefensión a la presunta perjudicada" y que el archivo de la querella sin la incoación de ninguna causa ni la práctica de ninguna diligencia no permite "averiguar la suficiencia o no de los indicios racionales de criminalidad".

En su querella, Arantxa Sánchez Vicario explica que ejerció de tenista profesional desde que tenía 14 años y hasta los JJOO de Atenas de 2004, y durante todo este periodo su padre y el abogado Castellanos asumieron todas las decisiones relativas a la administración de las empresas que ellos mismos iban constituyendo y dirigiendo con los poderes notariales otorgados por ella. Según la querella, la finalidad era "proteger su patrimonio e invertir los elevados beneficios económicos que la tenista ganaba".

La querellante sostiene que dada la "lógica confianza" en su progenitor y en el abogado de la familia no decidió implicarse en la gestión empresarial hasta el año 2005 cuando se encontró "por sorpresa" con que la Inspección de Hacienda le impuso una sanción de 5,2 millones de euros por liquidación incorrecta de su IRPF. Esta multa provocó una pérdida de confianza y la extenista asegura que encomendó una auditoría interna de las cuatro sociedades titulares de su patrimonio inmobiliario y financiero, de la que ella era la accionista mayoritaria.

Arantxa Sánchez afirma que esta auditoría reveló la existencia de numerosas órdenes de reintegro de fondos en efectivo y transferencias bancarias emitidas por su padre, su hermano, el abogado y una cuarta persona ajena al ámbito familiar por un importe total de más de 16 millones de euros, por lo que decidió revocar los poderes notariales y les requirió que aportasen la documentación para justificar aquellos gastos.