Un juez de Marbella podría decretar orden de busca y captura para Sean Connery

Se le está acabando la paciencia a la justicia con el actor Sean Connery. Esta vez le ha dado un “ultimátum”: si en un plazo de seis meses él y su esposa, Micheline Anne Jeanne Connery, no acuden a declarar sobre el caso de presunta corrupción inmobiliaria en Marbella en el que están procesados, el juez podría decretar para el matrimonio  una “orden internacional de búsqueda, detención y puesta a disposición judicial”.

La pareja está imputada en un caso relacionado con la recalificación de una parcela donde estaba el chalé en el que ambos pasaban sus vacaciones en Marbella desde los años 70. Tres décadas después la pusieron en venta y en la parcela se construyó un complejo de viviendas de lujo presuntamente contrario a las normas urbanísticas con un permiso de construcción fraudulento.

El juez ha pedido a través de la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia de España un "nuevo recordatorio" de la petición de ejecución de una comisión rogatoria librada a las autoridades judiciales de Bahamas. Desde 2010 el matrimonio ha puesto todo tipo de trabas para acudir a declarar, alegando diversos problemas de salud.

Aunque parece clara la implicación de los Connery en la estructura societaria creada por un despacho de abogados de Marbella, "parece claro" que el control de ésta y las operaciones en las que intervino la pareja se llevaron a cabo por dos de los letrados procesados.

Esta instrucción coincidió con el escándalo del Caso Malaya en el que diecisiete personas fueron procesadas por diversos delitos como malversación de caudales públicos, fraude, prevaricación y cohecho entre otros.

La operación policial que motivó la apertura de este procedimiento se denominó Goldfinger, en referencia a la película de 1964 en la que Sean Connery interpreta el papel del agente secreto británico James Bond.