Una de las empresas de Joaquín Torres, en concurso de acreedores

Duros momentos para Joaquín Torres. Tras el atropello sufrido a finales de enero en Madrid, por el que ha perdido el 80% de audición en su oído izquierdo, el arquitecto ha solicitado el concurso voluntario de acreedores para una de las muchas empresas en las que ocupa un cargo directivo, declarándose en suspensión de pagos, tal y como ha publicado el Boletín Oficial del Estado con fecha del 30 de enero de 2014 (el concurso fue solicitado 15 días antes). Se trata de la empresa A-cero Inmobiliaria Joaquín Torres Arquitectos S.L., sita en A Coruña, de la que es administrador único y cuya actividad es la promoción de proyectos inmobiliarios, como así ha podido confirmar Vanitatis a través de la agencia de rating española Axesor.

A pesar del duro varapalo que ha supuesto para Joaquín Torres tomar esta difícil decisión, obligado por las circunstancias que le rodean, él ha querido aclarar a Vanitatis que “mi voluntad es salvar a la empresa del concurso de acreedores llegando a un acuerdo con los bancos”. Además, el arquitecto ha querido dejar claro en todo momento que el resto de las empresas que gestiona funcionan correctamente, especialmente el estudio de arquitectura que dirige y que lleva el mismo nombre que la inmobiliaria que se encuentra ahora en apuros, lo que ha provocado que muchos creyesen que los problemas de Torres eran aún mayores.

“El estudio lo gestiona a otra empresa”, aclara. Concretamente a A-cero Joaquín Torres Arquitectura Sociedad Limitada Profesional. “Mis 125 trabajadores están seguros en su puesto de trabajo, todos los proyectos siguen adelante y el estudio sigue en pie con total normalidad”, ha querido subrayar a este medio.

Los motivos que Joaquín Torres aduce para explicar la complicada situación en la que se encuentra la inmobiliaria que lleva su nombre son diversos. En primer lugar, sostiene que su empresa, como cualquier otra del sector, se ha visto perjudicada por la crisis y compara la situación en la que ahora se encuentra con la que viven otros empresarios que en su día decidieron invertir en ladrillo.

Pero la razón principal del concurso de acreedores, según el propio Joaquín, son los impagos provenientes de tres empresas del sector con las que mantiene en la actualidad tres frentes abiertos en los tribunales. “Entre Procisa y otras dos entidades me deben más de 10 millones de euros y esto supone un grave problema. Los tres casos están denunciados y estamos seguros de que ganaremos pero, hasta entonces, estos tres asuntos nos han complicado mucho las cosas”, asegura Torres a Vanitatis.

Guerra con las hermanas Cereceda

Procisa es la empresa propiedad de la familia Cereceda, fundadores de La Finca. Las desavenencias entre el arquitecto y la familia de Luis García Cereceda comenzaron tras la muerte del constructor, al posicionarse de parte de su viuda en la guerra que mantenía con sus hijas, Susana y Yolanda. Tras su pérdida, éstas trataron de desahuciar a Torres judicialmente por el impago del alquiler de una de sus lujosos chalets, deuda que ascendió a los 45.000 euros (pagaba 9.000 euros al mes). “Yo alego en mi defensa que esto no es un desahucio, sino que había un acuerdo tácito que me obligaba a vivir allí. Ellos me traen y ahora me echan. Entiendo que no lo tenemos fácil para ganar. Mi intención es irme de aquí. Estamos preparando una casa. Yo no me quedo donde no me quieren, pero pienso dar guerra”, declaraba el arquitecto en su momento a este diario. Finalmente, un juez le obligó a abandonar La Finca. 

Además, llegó más allá en sus afirmaciones asegurando que la empresa que gestiona la heredera de Cereceda le debe una cuantiosa suma de dinero, por lo que “yo no soy quien les debe a ellas”, aseguró a la vez que decía sentirse víctima de un engaño: “Cuando comencé a trabajar con Luis García Cereceda, él me impuso como condición vivir en Madrid. En aquel momento me puso un piso en la calle Serrano que pagaba él. Posteriormente, me pidió que me trasladara a vivir a La Finca. Yo no quería, porque no me lo podía permitir y no quería contar con el dinero de mi familia. Luis me dijo que no me preocupase, me cedió una parcela en la urbanización y yo proyecté una casa. Caí en su trampa. Más tarde, Luis comenzó a enfermar y opté por vender la casa por 8 millones y medio de euros y liquidé el terreno con él, que se había valorado en 3 millones de euros. Después, me fui a vivir a una casa de 800 metros en la zona donde viven Cristiano Ronaldo y los Thyssen. Firmé un contrato de alquiler con derecho a compra, en el que se estipulaba un alquiler de 9.000 euros y una compra de 5 millones de euros. En cuanto al tiempo de validez del contrato se firmaron 3 años con opción a ampliar dos más. Cuando se cumplieron los tres años solicité un año más, pero Luis ya había muerto y Susana me dijo que me fuera. En ese momento decidí dejar de pagar y poner varias demandas, una por cada proyecto que he hecho, que han utilizado y que no me han pagado. Todas ellos suman 8 millones y medio. Si Susana no me hubiese dicho que me fuese, nunca hubiese reclamado nada”, narraba. Ahora, esta supuesta deuda que se dirime en los tribunales es la que le ha empujado a tomar una difícil decisión, aunque se siente confiado en que el desenlace será positivo no sólo para él, sino también para sus trabajadores.