Cortina negocia con el Ayuntamiento de Pollensa para no tener que demoler su casa

El jueves pasado, Alfonso Cortina, expresidente de Repsol, recibía una mala noticia. Unasentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares(TSJIB) anulaba la licencia de obras del chaléque el empresario posee en la urbanización Formentor, al norte de Mallorca. El juez va más allá en el fallo y ordena la demolición del inmueble o su adecuación inmediata a la legalidad, si es que fuera posible. Por esta razón, Cortina, que no puede recurrir en los juzgados, negocia en estos momentos con el ayuntamiento del municipio de Pollensa, al cual pertenece su vivienda, para intentar impedir el derribamiento de la misma. Así lo confirmaa Vanitatis su abogado, Juan Nadal Aguirre.

La construcción de la vivienda, diseñada por el arquitecto Luis García Ruiz, comenzó el 9 de agosto del año 2005. Meses después aparecieron los problemas, cuando un vecino con finca colindante, que consideraba que se había concedido la licencia sin que la construcción se ajustara a los parámetros de la zona, puso varias denuncias.

El proyecto consistía en una vivienda unifamiliar con un volumen de edificación de 2.859 metros cúbicos y una altura de ocho metros, situada en una parcela de 4.600 metros cuadrados. El visado se consiguió definitivamente dos años después del comienzo de la obra, en octubre del 2007. “Se concedió la licencia y arquitectónicamente no hubo ningún problema. Yo me limité a realizar un diseño conforme a la normativa y así se hizo. La casa se construyó bien y así figura también en el colegio de arquitectos, donde se tiene que visar”, explica el arquitecto García Ruiz en conversación con este medio.

En varias ocasiones se paralizaron las obras por orden del Ayuntamiento de Pollensa, perouna vez solventadas las irregularidades y pagadas las tasas correspondientes por los cambios que se habían producido, se revocó la decisión de los responsables de urbanismo y se otorgó la licencia de finalización de obra. Pero no acabóaquí la historia. Las denuncias se sucedieron igual que las sentencias, unas favorables al empresario Alfonso Cortina, que recurría elvecino, y otrascontrarias, que a su vez apelaba el morador de la casa.

Nueve años ininterrumpidos de litigios que ahora aparentemente finalizan con la sentencia delTSJIB, que acepta tres de las once alegaciones presentadas por el demandante. Y,por lo tanto, obliga al Ayuntamiento de Pollensa a “restablecer la legalidad urbanística infringida mediante la demolición de lo construido y la reposición de los terrenos a su estado natural anterior si es que las obras realizadas no fueren ahora legalizables”.

El impacto visual

Alfonso Cortina no se encuentra en España y ha sido su abogado, Juan Nadal Aguirre, el que ha explicado la situación en su nombre a Vanitatis: “La sentencia dice también que en cuanto a la altura, volumen, superficie y retranqueo se cumplen las normas de ordenamiento urbanístico, pero se destaca el impacto visual negativo que la casa causa en el ambiente”. El demandante aportó, según el abogado, unas fotografías de la casa mientras estaba en construcción, que no tienen nada que ver con el momento actual. “Se plantaron muchos árboles y hay la suficiente vegetación para que ahora esa sensación visual sea muy diferente. Desde el mar casi ni se ve”, aclara el abogado, que asegura que hará “todo lo posible para que no haya que demoler el chalé. Cualquier construcción, sea cual sea, causa un impacto visual y por lo tanto no se entiende que se incida en este asunto para tirar la casa”.

El tercer argumento del TSJIB para fundamentar su fallo asegura que la edificación se ha levantado donde ya había otros cimientos sin demolerlos previamente. “La parcela tenía una casita pequeña que se mantuvo como casa de obra. Se presentó un proyecto de derribo de la casa y se tiró. Nunca fue vivienda. Cuando se inició el proyecto ya no existía y por lo tanto esa reclamación no es válida”, asegura el abogado. Y reitera en nombre de su cliente que “la única cuestión pendiente es la del supuesto impacto visual. Esta casa tenía licencia de obras y se ejecutó según ese permiso. Si el ayuntamiento hubiera considerado que en esa zona solo se podía edificar una planta se habría hecho de esa manera”, confirma el abogado, que considera que no hay una razón justa para estos requerimientos. “Este vecino ha puesto mas de treinta denuncias y de ellas al final solo queda una sin solucionar”, sentencia. El consistorio tiene ahora la última palabra.