La juez impulsa la causa contra Castaño por presunta malversación en la Fundación Cela

Marina Castaño y otras tres personas investigadas por un presunto delito de malversación de caudales en la Fundación Camilo José Cela serán juzgadas por un jurado popular, después de comparecer este jueves ante el Juzgado número 2 de Padrón. La Audiencia de A Coruña rechazó los recursos contra el auto de cierre de la instrucción, por lo que tanto la viuda del nobel como el resto de acusados se sentarán en el banquillo por el pago en 2010 de 150.000 euros con fondos de la Xunta al exgerente de la entidad y amigo personal de Castaño, Tomás Cavanna, por un supuesto falso despido, abonado como dietas para reducir su tributación.

Los investigados son Castaño, Cavanna, el 'exconselleiro' de Manuel Fraga Dositeo Rodríguez y su hija, Covadonga Rodríguez. Todos ellos comparecieron ante la titular del Juzgado número 2 de Padrón, para que se les diera traslado de la imputación conforme a la Ley del Jurado. El abogado de Dositeo Rodríguez, quien ejercía de patrono de la fundación y también era miembro del Tribunal de Cuentas autonómico, consideró que la acusación “no tiene recorrido”, una vez que la Xunta ha decidido no personarse en la causa como perjudicada. “Que no ejercite la acusación quien teóricamente sería el perjudicado por la malversación avala la tesis de la defensa de que se ha pagado siempre con el beneplácito y el visto bueno de la Administración autonómica”, afirmó el letrado.

El auto de la juez revela que, en efecto, Dositeo Rodríguez comunicó el despido supuestamente simulado a dos cargos de la Xunta: al entonces secretario general de la Consellería de Cultura, Antonio Fernández-Campa, en la actualidad gerente del Servicio Galego de Saúde, y al secretario general de la Presidencia de la época, Valeriano Gómez, ahora al frente de la Consellería de Facenda. La Audiencia confirmó la sospecha de que la salida de Cavanna de la Fundación Camilo J. Cela “no se trató de un despido, sino de un cese más o menos voluntario”, así como que “hubo una negociación entre las partes para determinar el monto indemnizatorio” con un intercambio de correos electrónicos “sumamente elocuente”.

En ese intercambio de correos, consta “la exhortación de la presidenta de la fundación”, Marina Concepción Castaño López, a la directora, Covadonga Rodríguez del Corral, con fecha 5 de mayo de 2010, “a que todo lo referente al despido de Tomás Cavanna se haga como él y ella dispongan, pues los servicios prestados a la fundación durante tantos años lo hacen merecedor de ‘una ilimitada generosidad”. Ese mismo día Covadonga Rodríguez comunicaba a su padre que Cavanna reclamaba 150.000 euros, lo que le hacía exclamar: “¡Alucino!”

Siguiendo el rastro de los correos electrónicos, se comprueba que, pese a la opinión de su hija, Dositeo Rodríguez escribió a Cavanna para defender la cuantiosa indemnización propuesta por la viuda del nobel. Le comunicó que “había hablado con el secretario general del presidente y que a este le parecía excesiva, pero que el secretario general de la Consellería de Cultura (a quien considera más importante) estaba de acuerdo”. Dositeo Rodríguez aclara “en varios pasajes” de su 'e-mail' que la fundación carece de fondos y que, como el dinero se pagará con fondos públicos, “la Consellería de Cultura debía estar de acuerdo”.

Marina Castaño y los otros tres investigados se enfrentan a penas de entre tres y seis años de cárcel por un supuesto delito de malversación de fondos públicos, así como a inhabilitaciones de entre seis y diez años, de acuerdo con el Código Penal. Ninguno de los investigados ni el resto de los abogados quiso hacer declaraciones tras ser citados por la juez.

La juez cree también que Castaño y Cavanna derivaron a una sociedad privada durante años las devoluciones del IVA que recibía la fundación (exenta de tributación)

La gestión de Cavanna y Castaño de la Fundación Cela llevó a la entidad a una situación delicada, lo que provocó su rescate por parte de la Xunta en 2010. A partir de ese momento pasó a tener carácter público, con la finalidad de proteger un valioso patrimonio configurado por manuscritos, epistolario del escritor y pinacoteca, entre los que se encuentran lienzos de Picasso y Miró. La Consellería de Cultura pasó a ocupar la presidencia del patronato y fue justo en ese momento cuando Cavanna solicitó el generoso despido, con cargo a fondos públicos.

La juez cree también que Castaño y Cavanna derivaron a una sociedad privada durante años las devoluciones del IVA que recibía la fundación (exenta de tributación por ser sin ánimo de lucro), un caso que se instruye en una pieza separada. En cambio, en un auto de junio la titular del juzgado dictó el sobreseimiento provisional de capítulo relativo a la contratación por la fundación de un ordenanza que en realidad prestaba sus servicios como mayordomo en el domicilio de Castaño en Madrid.

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