El albacea de Carlos Cano evita la cárcel tras pagar 300.000 euros a sus herederas

El que fuese el mejor amigo y abogado de Carlos Cano, José María Rosales de Angulo, ha evitado la condena por supuesta apropiación indebida a la que se enfrentaba tras ser acusado por la familia de su representado de embolsarse casi 500.000 euros que no le correspondían. Las herederas del cantante habrían retirado la acusación particular -que pedía al albacea hasta 5 años de cárcel- tras llegar a un suculento acuerdo económico del que no habían trascendido datos hasta ahora.

Apropiación indebida y administración desleal: estos dos cargos son los que habrían llevado al antiguo albacea de Carlos Cano ante la Audiencia Provincial de Granada esta misma semana tras la denuncia de Alicia Sánchez, viuda del autor, y sus dos hijas, Amaranta y Paloma, de no haber sido retirados en el último momento.

300.000 euros por evitar la cárcel

Según ha podido confirmar Vanitatis por fuentes cercanas al procedimiento, ambas partes han llegado a un acuerdo económico que satisfaría los términos planteados por las herederas y además haría que el abogado evitase la cárcel y -lo que es peor- su inhabilitación. 300.000 euros es el precio que pagará finalmente el antiguo albacea por el abandono del proceso.

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“No puedo confirmar ni desmentir los términos del acuerdo. Lo que sí es cierto es que mis representadas, una vez satisfechas sus reclamaciones económicas, han preferido mirar al futuro sin rencor y retirar la acusación contra Rosales”, ha explicado Eliseo M. Martínez, abogado de las herederas, en conversación telefónica con este medio.

“Se enfrentaba a una pena de cárcel de hasta cinco años y también a una posible inhabilitación para el ejercicio de la abogacía, pero las herederas de Carlos Cano han optado por desistir de esas peticiones para no infligirle más daño. Rosales se va sin pena ni gloria”, continuaba el abogado de la acusación.

Un misterioso desvío de casi medio millón

Corría el año 2005. Rosales de Angulo era administrador solidario, gestionaba cuentas bancarias y los derechos de Cano. Cuando falleció el cantante, su viuda e hijas decidieron seguir confiando en él, hasta que un día le pidieron que rindiera cuentas. Cuando les puso al corriente de la situación patrimonial comprobaron que existía un desfase, pues debía haber más de un millón de euros y no había ni 40.000.

“A lo largo de la instrucción se demostró que el abogado que tenía que encargarse de gestionar la empresa familiar tras la muerte de Carlos Cano en 2000, aprovechó esa circunstancia para simular que la sociedad estaba en la ruina. Se puso un sueldo de 3.000 euros al mes y disfrutó de vacaciones pagadas por la empresa en hoteles de cinco estrellas mientras que una hija de Cano tuvo que dejar sus estudios universitarios para ponerse a trabajar. Todo eso ha quedado acreditado en esos años”, ha explicado a Vanitatis Eliseo M. Martínez.

Por esta razón, el 12 de abril de ese mismo año (2005) lo cesaron de su cargo. A partir de entonces varios peritos (uno nombrado por el juzgado y los señalados por ambas partes) escudriñarían entre 70.000 folios para poner un poco de luz en la gestión de esta empresa y sobre el destino de los 480.563 euros desaparecidos cifrados por los peritos judiciales.

Un largo camino que, después de muchos años de instrucción y vericuetos legales, parece llegar a su fin con este acuerdo pactado bajo cuerda y con el que la viuda y las hijas de Cano habrían quedado satisfechas.

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