La Fiscalía pide cinco años de prisión para Javier Saavedra, el abogado de los famosos

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado cinco años de prisión para el abogado de los famosos Javier Saavedra tras supuestamente estafar deliberadamente a Javier Rigau tras su boda con la conocida actriz Gina Lollobrigida.

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El próximo martes, 20 de junio, por la mañana, el que fuera durante los últimos años uno de los letrados más polémicos del papel cuché se sentará en el banquillo de los acusados para responder a los delitos de deslealtad profesional y apropiación indebida por su mala defensa de uno de sus clientes más conocidos.

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Saavedra, que ya tuvo problema en el pasado con otros de sus representados más vips, como Naty Abascal, Eugenia Martínez de Irujo, Ana Obregón o Rocío Carrasco, habría perjudicado “notoriamente”, en palabras del Ministerio Público, a su cliente desde el punto de vista “moral” y “económico”.

Este matrimonio casi hunde mediáticamente a Javier, una situación de la que, según la Fiscalía de Madrid, el controvertido abogado se habría beneficiado descaradamente durante años prometiendo unos resultados económicos a través de varias decenas de demandas presentadas de las que tan solo ganó un par por una cuantía infinitamente menor a la presupuestada.

Según se extrae del documento de la acusación, bajo el paraguas de una supuesta “provisión de fondos”, el abogado le habría estafado supuestamente hasta 237.400 euros por interponer 44 demandas “desproporcionadas” en las que pedía entre 200.000 y 300.000 euros de indemnización a diversos medios, que nunca ganó (salvo dos de ellas, por 3.000 euros).

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Tampoco habría conseguido solventar, por tanto, los problemas de imagen de su representado en los medios de comunicación, donde se le llegó a calificar de “mentiroso, delincuente o gigolo”, según señala el escrito de acusación al que ha tenido acceso Vanitatis, un conjunto de improperios que le habría ocasionado “una absoluta preocupación por lo que nombró para la defensa de su derecho al honor al acusado”.

La semana que viene tendrá lugar el juicio en el que se resolverá si tiene que ir a la cárcel y hacer frente a la indemnización de 433.083 euros para la persona a quien representaba profesionalmente y otros 34.000 euros para una procuradora que el Ministerio Fiscal solicita en su escrito de acusación.

A finales de este mes ya tendremos el veredicto.

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