Bodas, pedidas y veranos en familia: así es el Pazo de Meirás cuya propiedad decide hoy el Supremo
El alto tribunal resuelve hoy el litigio entre el Estado y los Martínez-Bordiú por la histórica residencia de verano de Franco en Sada, escenario de cuatro bodas y una pedida de mano del clan
El Tribunal Supremo decide este jueves si el Pazo de Meirás pertenece definitivamente al Estado o a la familia Franco. La Sala Primera, de lo Civil, vota un fallo que puede cerrar (o reabrir) uno de los litigios patrimoniales más simbólicos de la memoria reciente: el que enfrenta a los Martínez-Bordiú, herederos del dictador, con las administraciones públicas que reclamaron la titularidad del histórico inmueble situado en Sada (A Coruña).
Construido por encargo de Emilia Pardo Bazán a finales del siglo XIX, el edificio de estilo romántico, con tres torres almenadas unidas por cuerpos más bajos y levantado en granito sobre los restos de una antigua fortificación, fue concebido como residencia literaria y estival de la escritora. Décadas después se convirtió en la residencia de verano de Francisco Franco durante toda la dictadura, tras una controvertida operación iniciada en 1938 con la creación de la Junta Pro Pazo del Caudillo y culminada en 1941 con una doble escritura que los tribunales consideraron una "simulación" para inscribir el inmueble a título personal del jefe del Estado.
Desde entonces, Meirás se convirtió en la segunda residencia de toda la familia. Sus salones, su biblioteca y sus jardines acogieron veranos familiares, reuniones privadas y celebraciones que marcaron la crónica social de varias generaciones. Tras la muerte de Franco en 1975, el pazo siguió en manos de sus descendientes, que lo utilizaron tanto para estancias vacacionales como para grandes eventos.
Entre esos muros se celebraron cuatro bodas y una pedida de mano. En 1977, Jimmy Giménez-Arnau contrajo allí matrimonio con María del Mar Martínez-Bordiú ante 160 invitados. En 1996, María Aranzazu Martínez-Bordiú se casó en el pazo con el abogado Claudio Quiroga Ferro; en 2004, Jaime Ardid Martínez-Bordiú hizo lo propio con su primera mujer, Carmen Panadero (para su segunda boda con Inés Ybarra escogió Segovia); y en 2008, Leticia Giménez-Arnau eligió también Meirás para su enlace con Marcos Sagrera. A esos capítulos se sumó la pedida de mano de Luis Alfonso de Borbón a Margarita Vargas, en un acto ejercido bajo la hospitalidad de Carmen Franco y Carmen Martínez-Bordiú.
Más allá del anecdotario social, el valor patrimonial del conjunto ha sido objeto de controversia constante. En su testamento de 1968, Franco lo valoró en 14 millones de pesetas, casi la mitad de su herencia. La escritura de 1941 fijaba el precio de adquisición en 85.000 pesetas por varias fincas de 66.792 metros cuadrados con jardines, bosques y edificaciones auxiliares. Ya en el siglo XXI, el inmueble llegó a ponerse a la venta por ocho millones de euros, aunque la anotación preventiva de demanda en el Registro lo hacía prácticamente invendible.
En 2020, un juzgado de A Coruña declaró que el pazo era propiedad del Estado y ordenó su devolución. La Audiencia Provincial confirmó la titularidad pública, aunque abrió la puerta a una posible indemnización a los Franco por considerarlos poseedores "de buena fe" entre 1975 y 2020, extremo también recurrido. Ahora es el Supremo quien tiene la última palabra sobre la titularidad y las consecuencias económicas.
El Tribunal Supremo decide este jueves si el Pazo de Meirás pertenece definitivamente al Estado o a la familia Franco. La Sala Primera, de lo Civil, vota un fallo que puede cerrar (o reabrir) uno de los litigios patrimoniales más simbólicos de la memoria reciente: el que enfrenta a los Martínez-Bordiú, herederos del dictador, con las administraciones públicas que reclamaron la titularidad del histórico inmueble situado en Sada (A Coruña).