Joaquín Torres busca cerrar la guerra por la herencia con su hermano: "Le ofrezco el 25% de todo"

La batalla familiar de los Torres Vérez suma un nuevo capítulo. El arquitecto Joaquín Torres, piedra angular del estudio A-Cero que levantó La Finca, y sus hermanos mantienen desde hace años un duro enfrentamiento con el benjamín de la familia, Julio Torres, al que acusan de haber gestionado de forma irregular el patrimonio familiar, una fortuna que en su día llegó a alcanzar "al menos 100.000 millones de las antiguas pesetas". El origen del conflicto se remonta a la confianza que depositó en él su padre, Juan Torres Piñón (una de las grandes fortunas de España, empresario y socio de Florentino Pérez), quien le otorgó el control de hasta 37 sociedades familiares.

Según sostienen Joaquín y sus hermanos, esa confianza habría sido traicionada. La familia acusa a Julio de haber desviado fondos en beneficio propio, una actuación que derivó en múltiples procedimientos judiciales iniciados por los propios padres antes de su fallecimiento. Sin embargo, la complejidad del caso y la lentitud de la Justicia han impedido hasta ahora una resolución definitiva. De hecho, la muerte de ambos progenitores en estos años ha dejado el proceso en manos de los hijos, que han heredado tanto el patrimonio como el litigio.

En este contexto, Joaquín Torres ha decidido intensificar la presión mediática y ha remitido a los medios un comunicado en el que cuestiona abiertamente la continuidad de su hermano como funcionario público. En el documento, fechado el 22 de abril de 2026, se asegura que Julio Torres fue condenado en 2025 por un delito continuado de apropiación indebida a un año de prisión y se subraya que, a pesar de esto, sigue ejerciendo como letrado en la Comunidad de Madrid, actualmente en la Dirección General de Función Pública. Una situación que, según la familia, resulta difícil de comprender a la luz de los procedimientos judiciales aún abiertos.

El comunicado también detalla otros frentes judiciales pendientes. Entre ellos, un juicio previsto para julio de 2026 en la Audiencia Provincial de Madrid, donde Julio Torres figura como principal acusado por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal relacionados con inversiones millonarias en el conocido como proyecto Kurata. Los informes periciales apuntan a movimientos de fondos entre sociedades sin aparente lógica económica y a la desaparición de varios millones de euros. Este será un juicio mediático por la fama de los presuntamente estafados, entre ellos el piloto Carlos Sainz.

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Más allá del frente judicial, Joaquín Torres insiste en el desgaste personal que ha supuesto esta guerra familiar. "No hay nada más injusto que los tiempos de la Justicia. Mientras pasan los años y no se resuelve la situación, las sociedades van adelgazando. Hace dos años que mi madre falleció y aún no hemos podido gestionar su herencia por no poder hacerle llegar a mi hermano pequeño una notificación, es increíble", explica. El arquitecto vincula incluso el fallecimiento de su madre al conflicto: sostiene que murió "de pena" por la situación creada.

Pese a la dureza de sus palabras, el objetivo final de Joaquín no pasa por prolongar el enfrentamiento, sino por cerrarlo. "Yo solo quiero poner fin a esto, que se siente conmigo no para insultarnos ni para recordar viejas rencillas, sino para cerrar este capítulo de nuestras vidas que ha arrasado con tantas cosas. Le ofrezco el 25% de todo. Me niego a vivir del odio y a estar veinte años de juicios", asegura. Mientras tanto, denuncia la falta de respuesta institucional: ha trasladado el caso a "altas esferas", pero, según afirma, "todo son buenas palabras y luego no hacen nada", motivo por el que ha optado por hacer pública su situación, convencido de que "la imagen es lo único que le afecta a Julio".