Estos son los vips detrás del polémico 'boom urbanístico' de la Marbella abulense

Situada en un triángulo entre las provincias de Ávila, Toledo y Cáceres y a dos horas de Madrid se levanta Candeleda, protegida por la sierra de Gredos y el pico Almanzor. La publicidad institucional la describe como el “Vergel de Europa: agua, sol y microclima”. Un paraíso en el que 5.200 vecinos residían lejos de grandes proyectos urbanísticos. Pero, desde hace años, su paisaje ha cambiado: el campo se ha llenado de vallados y lujosas construcciones. “Candeleda es un pelotazo urbanístico de viviendas de lujo para ricos construidas en suelo rústico", llegó a decir un concejal en un intenso pleno municipal. Políticos, grandes fortunas y aristócratas han levantado mansiones y hoteles de lujo, a pesar de que las organizaciones ecologistas luchan para evitar que su localidad sea la Marbella abulense.

Este pueblecito saltó a la prensa porque hasta este lugar idílico se desplazaba cada verano el entonces primer ministro británico, John Major, su mujer Norma Wagstaff y sus dos hijos, James y Elizabeth. Allí tiene casa el exministro popular de Justicia, José María Michavila, en una finca en la que ha construido varias viviendas que los lugareños llaman el Generalife. También la familia de Lucía Figar, exconsejera del PP, o Ricardo Montoro Alemán, que posee El Vergel de Chilla, un ‘emporio’ de turismo de lujo.

La invasión de los hoteles rurales de lujo

Álvaro Rafael Morenés Mariategui es otro de los apellidos ilustres que ha ‘invadido’ el paraje natural. Álvaro es hermano del actual marqués de Borghetto, la familia de terratenientes andaluces propietarios del palacio de las Marismillas, en el coto de Doñana, hasta su expropiación. Ingeniero industrial, dejó su trabajo en una multinacional para dedicarse a un complejo de casas rurales de lujo llamado El Escondite, cuyo administrador único es Beatriz Peralta Lechuga. Según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, algunas de las casas se han construido sin los permisos oportunos y recientemente han logrado la ocupación de más de 1000 m2 de monte público como camino de acceso a su propiedad.

Los socios de Michavila

También tiene intereses su hermano Fernando Peralta Lechuga, quien comparte negocios con Michavila en empresas como Professional Business School SL, con domicilio en Pozuelo y de la que ambos son administradores solidarios. En 2014, Peralta solicitó licencia para construir el hotel rural Monterrojo en el paraje de la Sagayuela a nombre de su empresa Asesoría e Intercomunicación Empresarial. Existe en estos momentos un procedimiento abierto en Fiscalía por haber edificado más de 700 m2 en suelo rústico de protección natural sin tener los 5.000 m2 mínimos preceptivos que marca la normativa urbanística municipal.

El ayuntamiento, a juicio de los ecologistas, no solo ha sido consentidor, sino que una vez construidas las edificaciones, negoció la permuta de terrenos municipales por otros propiedad de Peralta para que dispusiera los metros necesarios para edificar. Esta parece ser una práctica que se ha repetido en muchos otros casos. Peralta también solicitó uso privativo del monte público para acceder a su finca y, antes de su aprobación, abrió ese camino sin permiso. A pesar de la oposición ecologista, acabaron concediéndole ese permiso durante 25 años a cambio de pagar 48 euros en concepto de indemnización.

También han edificado Álvaro y Alfonso Ussía o Mia Cayetana Hurtado de Mendoza, empresaria y miembro de una familia con tintes aristocráticos, que solicitó en 2014 autorización excepcional para construir en una parcela de suelo rústico. A pesar de no disponer de autorización, ha construido una mansión, abierto un camino e instalado una línea eléctrica. La anticuaria Carolina Sánchez es propietaria de un hotel rural de cinco estrellas llamado La Casa de los Tomillares, que vende en su web como un lugar exclusivo en el sopié de la sierra de Gredos donde desconectar y descansar. En 2012 pidió permiso para una casa que luego reconvirtió en establecimiento hotelero excediendo lo autorizado, aunque luego lo regularizó. López Ibor o Ignacio Gómez Liaño, hermano del exjuez, son otros nombres que bailan en el paisaje.

Parientes de Patricia O'Shea

Pero hay más nombres. Jaime de Linos Peñalver, empresario cuyo nombre menciona el blanqueador de la Operación Púnica, relacionado con transporte de mercancías, se construyó una casa y adquirió varios terrenos que luego vendió a terceros obteniendo cuantiosas plusvalías. También se anexionó un camino público que se denunció ante el consistorio. Guillermo Fernández Cuesta y su mujer, Carla Palanca, tienen la vivienda recurrida en los tribunales por los ecologistas y la Junta porque el Ayuntamiento les concedió la licencia de obras sabiendo que la Consejería había anulado la autorización de uso para construir. También han hecho caso omiso de una denuncia presentada por invadir y apropiarse de camino público y por construir más edificios y un depósito de agua que no figuraban en el proyecto inicial. Iñigo O’Shea, sobrino de Patricia O’Shea, ha levantado un complejo turístico de cinco estrellas. También su hermano Álvaro está construyendo otra vivienda.

Todos comparten ‘vida social’ en el campo de golf municipal, construido también sobre suelo protegido en la Red Natura 2000 y zona del águila imperial y de cigüeña negra sin estudio de impacto ambiental. Dicen los ecologistas que el gasto de agua de estas instalaciones contrasta con la política de agua del municipio que ha privatizado el agua pública para los vecinos. En la anterior legislatura el consistorio ha construido una gran balsa por la escasez del agua en verano que ha rondado el medio millón de euros. Mantienen además un convenio para la compra encubierta de aguas de la Comunidades de Regantes de la Lagunilla, que contraviniendo la ley, pasa del uso agrícola a un uso recreativo.

Las otras Candeledas

Este boom inmobiliario de lujo se ha extendido a otras localidades como Arenas de San Pedro, Burgohondo, El Arenal, Fresnedilla, Piedralaves… En Villanueva de la Vera, por ejemplo, se ubica la casa del exministro de Defensa Pedro Morenés y en Sotillo de la Adrada, las hermanas Koplowitz. También la de Francisco Granados o Gerardo Pérez, dueño de los colegios St Michel, que ha urbanizado y construido balsas sin licencias para acumular agua de forma ‘ilegal’ en sus numerosas fincas de Poyales del Hoyo. Aunque le sancionaron por varias infracciones urbanísticas a pagar cerca de 300.000 euros no le consta a este medio que se haya hecho efectivo.

Y ahí tenemos también a Beatriz Zobel de Ayala Miranda, casada con el millonario filipino Jaime Zobel, quien solicitó en 2013 autorización para construir una vivienda de lujo de dos plantas de 631 metros cuadrados en su finca de 198.700 m2 en Arenas de San Pedro, en la conocida como Becerril Alto, de gran valor ecológico, situada dentro del plan de recuperación del águila imperial ibérica y de protección de la cigüeña negra. La Comisión de Urbanismo de Ávila pidió un estudio de impacto ambiental y, a pesar del informe de los técnicos de Medio Ambiente en contra, se mostró a favor de la construcción de la casa. Los ecologistas recurrieron en alzada sin que de momento se haya resuelto.

Casas vip en suelo rústico

Ante la proliferación de la construcción de casas en fincas en suelo rústico con impacto ambiental, los ecologistas se movilizaron. Sostienen que en muchas ocasiones los permisos se pedían cuando ya estaban levantadas las casas y que, además, el uso excepcional para construir en suelo rústico se convertía en una constante, permitiendo masivamente la instalación de viviendas que han invadido todo el territorio. Antes de la entrada en vigor de la Ley del Suelo de 2014 el uso residencial en suelo rústico se permitía como excepción y siempre que se justificase el interés público. "El suelo rústico no está lleno de viviendas, para eso está el suelo urbano. Los propietarios no justificaban la existencia de ese interés público con la construcción de una residencia privada, pero se autorizaba todo. Después de los años, ya no distingues el campo de la ciudad", explica Claudio Sartorius, abogado de Ecologistas en Acción.

Y de nada servían las alegaciones que los ecologistas presentaban a los proyectos de construcción o a los estudios de impacto ambiental porque nunca contestaban. Entonces cambiaron de estrategia y recurrieron las autorizaciones de uso excepcional que la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila concedía a los propietarios.Y la suerte empezó a favorecerles.La Consejería de la Junta empezó a resolver a su favor, pero los ayuntamientos no rectificaban. Fue un paso importante. No había interés público y reconocerlo fue una conquista.

En 2014, la presión de los grupos ambientales logró que se aprobara una reforma de la ley de urbanismo autonómica que prohíbe de forma tajante construir viviendas en suelo rústico. Promotores y propietarios recurrieron aquellas decisiones en los tribunales. Algunas tienen orden de demolición, pero es casi imposible restituir el suelo a su estado original. Se impone la política de hechos consumados. Y, a pesar de las dificultades, instituciones y tribunales reconocen los argumentos de las organizaciones. El Ayuntamiento de Candeleda no ha contestado a la llamada de este medio.

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