Okupas vips: cuando los ricos tienen que convivir con incómodos vecinos

En la exclusiva zona del acantilado que discurre entre El Toro y Santa Ponsa en Palma de Mallorca, salpicada de casas con precios de venta que no bajan de varios millones de euros y unas vistas íntimas y exclusivas, un grupo de jóvenes se han adueñado de una mansión que lleva años con el cartel de ‘se vende’. Un poco más lejos, en la urbanización de Sant Marcal, los vecinos han denunciado la okupación de chalets de alto standing por familias de etnia gitana que aseguran “actuaban como mafia organizada”. Son varias las zonas residenciales de alto poder adquisitivo de España que están viendo cómo algunas de sus viviendas están siendo okupadas.

En Baleares hay más zonas en las mismas condiciones. Los habitantes de la urbanización Aires de Na Burguesa, un complejo residencial exclusivo de 94 pisos, tuvieron que contratar seguridad privada para impedir el paso a la piscina y otras zonas comunes de los que se habían instalado en tres de las viviendas. Lo intentaron todo. Incluso contrataron un detective que investigara y dejara constancia de los destrozos, pero acabó encerrado en el cuarto de contadores.

En Pozuelo, el municipio más rico de España

Las urbanizaciones de Pozuelo de Alarcón, el municipio español con más renta familiar situado al noroeste de Madrid, tampoco se salva. Hace unos meses vecinos de la Colonia de los Ángeles, una tranquila e impoluta zona residencial de casas unifamiliares y pareadas, denunciaron cómo hasta seis casas tenían nuevos e inesperados habitantes. Una de ellas era la casa piloto que A-cero, el estudio que dirige el célebre decorador y arquitecto Joaquín Torres, exhibe en la urbanización desde 2010. “Desde fuera se ve sucia y dejada. Por eso, aprovecharon y entraron”, comenta un vecino próximo a la vivienda. Aunque la hemeroteca asegura que el arquitecto fue quien presentó el proyecto, un portavoz de la empresa asegura que dicho inmueble “no es propiedad de la empresa sino de IDM, Ingeniería y Diseño de Edificaciones Modulares SL. Hace muchos años que hicimos ese proyecto de vivienda piloto y le perdimos la pista”.

En otra de las casas, deshabitada desde que la burbuja inmobiliaria se llevara la pretensión de su último dueño de construir chalets, se hicieron fuertes un grupo de jóvenes de estética 'okupa’ que convirtieron la vivienda en su residencia habitual. Lo amueblaron, pincharon agua y luz y levantaron un muro improvisado de plásticos y cartones para evitar las miradas de los vecinos. Y la convivencia se enturbió. Los vecinos denunciaron amenazas, ataques vandálicos en contadores, puertas o coches y agresiones de los perros que custodiaban fielmente la casa. “Vallaron todo el perímetro y dejaron varios perros que se tiraban a los que paseaban por la zona. A un niño le mordieron”, explica una vecina. Otra relata una experiencia parecida. “En una ocasión, yo corría por delante de la casa, paré un momento para atarme la zapatilla y salió una chica gritándome quién me había dado el permiso para mirar la casa. Tiene gracia: ellos se instalan en una casa que no es suya y los demás no podemos ni mirar. Reanudé la carrera y me estuvo persiguiendo por toda la urbanización mientras le contaba a gritos a alguien por el móvil lo que estaba haciendo. Al final paré, llamé desde el móvil a la policía y se fue”.

Los vecinos localizaron al dueño, que acudió a los tribunales, requirieron la ayuda del consistorio y de otros grupos políticos y, aunque en los inicios no fue fácil, se aumentó la presión policial en la zona. Un vecino recuerda la carta que recibieron desde el ayuntamiento en la que les aseguraban que, a pesar del tenso ambiente que se respiraba en la zona, ninguno de los nuevos ocupantes de la vivienda tenía antecedentes policiales. Sin embargo, fuentes policiales aseguran a este medio que algunos de los jóvenes tenía antecedentes por robos. La coordinación entre el ayuntamiento y los vecinos mejoró y, desde entonces, aseguran estar coordinados.

El panorama legal tampoco les permite actuar en estos casos: los consistorios solo pueden intervenir cuando existe una orden judicial de desahucio y aumentar la presión policial en caso de conflictividad vecinal. Tiempo después el juzgado amparó al propietario de aquella casa y se procedió al desahucio. Desde el desalojo hasta el tapiado se instalaron 24 horas frente a la casa coches policiales para evitar que los okupas regresaran después de que amenazaran con hacerlo. Esta ocupación coincidió con la de otros chalets que estaban a la venta en la zona. “Aquellos lo dejaron destrozado: robaron todo lo que pudieron”, afirman estas mismas fuentes.

Plataformas vecinales

De las cinco casas que en julio estaban ocupadas, solo quedan dos pendientes de resolución judicial y sin conflictividad vecinal. A los habitantes apenas se les ve. No tienen apenas actividad en las viviendas y todas las ventanas están tapadas. “No voy a hablar. Hoy estoy aquí y mañana en otro lado”, nos dice uno de ellos al intentar recabar su testimonio. “Ahora mismo no existe ningún punto de conflictividad”, asegura un portavoz desde el ayuntamiento e insisten en que en este asunto se ha actuado siempre en coordinación con los vecinos. La experiencia ha servido para que algunos de ellos se hayan agrupado en una especie de plataforma que inspecciona y vigila la zona para actuar con rapidez en cuanto detecten una presencia ‘anormal’ e incluso han elaborado un manual ‘antiokupa’ para actuar rápidamente.

Para echar a un okupa hay que denunciar en un plazo de 72 horas. Si ese plazo se ha pasado, debe ser el juez quien ordene el desalojo previa denuncia del propietario. Y si el banco es el propietario, los trámites pueden alargarse años. También han creado una cuenta en Twitter en la que alertan y lanzan avisos a sus vecinos y al ayuntamiento. El 20 de diciembre se leía lo siguiente. “Vecinos en alerta por posible intento de otra ocupación”. En otras parcelas en las que se construye o se venden imponentes chalets, los dueños han decidido poner un guardia de seguridad 24 horas. “Han entrado a robar, pero hemos tenido la suerte de que no nos han ocupado”, nos dicen en una caseta de la zona.

De Madrid a Maresmes

En la elitista zona de Puerta de Hierro también tienen sus okupas. En esta zona, en las que las casas se valoran en dos o tres millones de euros, se han hecho fuertes un grupo de jóvenes en una vivienda abandonada desde hace años por una herencia complicada. Desde la calle apenas se percibe movimiento en la zona. “Se oyen fiestas interminables de música machacona, pero no se han generado problemas de inseguridad. Son jóvenes, bien vestidos y educados”, dice una empleada del hogar que pasea el perro por la zona. Absoluta normalidad. Ni todas las ocupaciones son iguales ni sus promotores se movilizan por las mismas causas. La Federación Regional de Asociación de Vecinos de Madrid, que ha elaborado un mapa con puntos en los que la okupación se hace ‘mafiosa’, no ha registrado puntos conflictivos en estas zonas, entre otros motivos porque, según nos explica un portavoz, las asociaciones de estos municipios no están integradas en la federación y no nos llegan casos.

En Alella, localidad situada en Maresme (Cataluña), conocen bien este problema. Allí fueron okupadas veinte casas valoradas en unos 800.000 euros y un millón de euros, en su mayoría propiedad de bancos o de promotores y constructores embargados. En este caso se añade el problema de que estos nuevos vecinos no pagan los gastos de comunidad y han pinchado la luz, el agua y el gas de la calle. El banco, en este caso Bankia, no denuncia y la policía tiene atadas las manos. “Aquí hay gente de todo tipo. Gitanos, gente joven a la que visitan sus padres…”, narra un vecino.

Quien parece no sufrir este problema son las inmobiliarias que trabajan con estas casas de ensueño en Pozuelo, Puerto Banús, Mallorca o Puerta de Hierro consultadas por Vanitatis. Todas niegan haber sufrido este tipo de supuestos. “Trabajamos con viviendas en las que hay personal de mantenimiento o seguridad”, nos dice una empleada de una oficina marbellí. Otras prefieren declinar la invitación a comentar estos ‘asentamientos’. El negocio y el valor de la casa está en juego.

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