El expríncipe Andrés, asaltado por un hombre encapuchado cerca de su casa en Sandringham

Andrés Mountbatten-Windsor vivió la pasada tarde del miércoles 6 de mayo un gran susto mientras paseaba a sus perros, los corgis que pertenecieron a la difunta reina Isabel II, en las inmediaciones de la que ahora es su casa, Marsh Farm, en la finca de Sandringham en Norfolk.

Tal y como recoge el diario ‘The Telegraph’, el expríncipe Andrés estaba paseando a sus perros y esta persona le esperaba en el interior de su vehículo. Cuando el hermano del rey Carlos III estaba a escasos 50 metros, salió del coche escondido tras un pasamontañas y se dirigió hacia él peligrosamente mientras le gritaba.

El que fuera duque de York, que iba acompañado por un miembro de su equipo de seguridad privada, salió corriendo hacia su propio coche para protegerse y salir de allí apresuradamente. Incluso mientras huía en su coche, este hombre lo siguió persiguiendo.

La policía de Norfolk, tras ser alertada, acudió al lugar de los hechos y detuvieron a este hombre. “Los agentes fueron llamados a Wolferton poco después de las 19:30 de ayer (miércoles 6 de mayo de 2026) tras un informe de que un hombre se estaba comportando de manera intimidante en el pueblo”, declaró un portavoz a la revista británica ‘Hello!’.

Este incidente vuelve a poner de relieve los problemas de seguridad que está teniendo el hijo de la reina Isabel II desde que se trasladó a Marsh Farm después de que su hermano, el actual rey, le retirase de sus funciones oficiales, le despojara de todos sus títulos y le obligara a abandonar su residencia en Royal Lodge.

Hace tan solo un mes, a comienzos de abril, Andrés Mountbatten-Windsor sufrió otro ataque también en su residencia, esta vez por parte de unos manifestantes. Según publicaron entonces varios medios británicos, un grupo de manifestantes logró acercarse hasta la zona de la vivienda tras superar parte del perímetro de seguridad. Se trataba de un grupo reducido que se había acercado a increparle, lo que obligó a intervenir a los equipos de seguridad que se encontraban en la zona. La situación se resolvió en pocos minutos y los manifestantes abandonaron el lugar sin que se produjeran daños ni enfrentamientos.

Dos alarmantes situaciones en cuestión de un mes que enfatizan los problemas de seguridad que tiene el príncipe Andrés. El padre de Eugenia y Beatriz de York tiene ahora un equipo de seguridad privada contratada por él mismo desde que su hermano, en 2024, le retirase la que él le financiaba desde 2022, cuando perdió la protección policía pública después de que su madre, la reina Isabel II, le retirase al todavía duque de York todos los títulos militares y patrocinios reales ante las acusaciones de vinculación con el magnate Jeffrey Epstein.

La caída en desgracia del expríncipe Andrés

Este fue interpretado por muchos como el comienzo del fin de todavía príncipe Andrés. Para finales de 2025, ya solo era Andrés Mountbatten-Windsor. Fue en octubre cuando él mismo renunciaba a todos sus títulos y honores, incluido el de duque de York. “Tras hablar con Carlos III y con mi familia más cercana y lejana, hemos llegado a la conclusión de que las continuas acusaciones sobre mi persona distraen la atención del trabajo de Su Majestad y de la familia real”, versaba el comunicado.

Esta decisión era, según él mismo, un paso más en su decisión de retirarse de la vida pública, en ningún momento una consecuencia del resurgimiento de las vinculaciones con el caso Epstein que había copado todos los titulares a medida que empezaron a desclasificarse los documentos en Estados Unidos. “Como he dicho anteriormente, niego enérgicamente las acusaciones que se me imputan”.

En cambio, a medida que más y más información se iba haciendo pública, finalmente su hermano tomó la decisión incluso de retirarle el tratamiento de ‘príncipe’ a su hermano, la última estacada para apartarlo del todo de su familia. En un comunicado emitido el 30 de octubre, el rey comunicaba que había iniciado “un proceso para retirar el tratamiento, los títulos y los honores” al todavía príncipe Andrés.

Por ello, además de dejar de ser por voluntad propia duque de York -entre otros títulos-, perdía también el tratamiento de príncipe de ese momento en adelante: “El Príncipe Andrés pasará a ser conocido como Andrés Mountbatten Windsor”. En esta comunicación pública se informaba también del inminente desalojo de Royal Lodge, la residencia real. “Hasta la fecha, su contrato de arrendamiento en Royal Lodge le ha brindado protección legal para continuar residiendo allí. Se le ha notificado formalmente la rescisión del contrato y deberá trasladarse a otra vivienda privada”.

En el escrito no se hacía una mención directa a las múltiples acusaciones contra el expríncipe Andrés de abusos sexuales y vinculaciones con Epstein, pero tampoco hacía falta. Carlos III dejaba clara que la motivación de estas medidas no era otra que las acusaciones vertidas contra él: “Estas medidas se consideran necesarias, a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra”. Siendo también contundentes con la postura ante este tipo de situaciones: “Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sentido pésame han estado, y seguirán estando, con las víctimas y los supervivientes de cualquier forma de abuso”.

Pero las cosas todavía podían ir a peor. En febrero de este año 2026, el expríncipe Andrés era detenido bajo sospecha de “mala conducta en un cargo público” al ser acusado de haber compartido información confidencial con Jeffrey Epstein. La policía de Thames Valley confirmó la detención y las búsquedas en domicilios de Berkshire y Norfolk, subrayando que el caso está activo y que se debe evitar cualquier publicación que pueda constituir desacato judicial.

El delito presuntamente cometido por Andrés hace referencia a información económica confidencial de su etapa como enviado comercial entre 2001 y 2011. Aunque aún no se han presentado cargos, las principales cabeceras británicas señalan que la pena en Reino Unido podría ser muy grave, incluso cadena perpetua. En España, un delito equivalente podría encuadrarse dentro de los “Delitos contra la Administración Pública”.