‘Época’ no depositará la fianza de un millón de euros solicitada por Marichalar

Hace ya dos años, la revista Época llevaba a su portada el siguiente titular: “Conflicto en la separación de doña Elena”. Aunque lo que causaba más impacto era el subtitular: “Alega consumo ocasional de cocaína”. La información referente a la separación de los duques de Lugo ha llevado a la publicación a los tribunales. Ahora, veinticuatro meses después de aquello, tras la apertura del juicio con una vista oral, el magistrado que instruye el caso, Enrique Luis Bergés, ha aceptado a trámite la petición de una fianza solidaria de 1.039.980 euros hecha por Jaime de Marichalar.

Según asegura Guillermo Regalado -abogado de la revista Época- en conversación con Vanitatis, en principio no tienen previsto “hacer frente a la fianza hasta que el juez, si en su caso así lo hiciera, les condene”. El plazo previsto para ingresar ese dinero son 24 horas. Una vez cumplido ese tiempo, si no se hace frente a esa fianza, se procede a la apertura de otro proceso cuyo resultado sería el embargo de bienes hasta que el juez emita sentencia.

El juez dictó ayer, día 28 de septiembre, un auto de apertura de juicio oral contra Carlos Dávila, entonces director de la revista –hoy director general de publicaciones del grupo Intereconomía- y María Eugenia Hernández Viñés, redactora que firmaba la información, pero aún se desconoce la fecha del juicio. “A principios de año sabremos el día en el que se celebrará”, afirma Regalado.

Hasta entonces, el magistrado no emitirá una valoración sobre un caso que ha levantado tanta expectación, por lo que, según el abogado: “No es cierto que el juez haya valorado las pruebas presentadas o no por los acusados, ya que eso procedería a realizarse durante el juicio”.

Regalado asegura también que cuando el juez dicte sentencia, en caso de otorgar la razón a Jaime de Marichalar, determinaría la cuantía de la indemnización que correspondería pagar a los acusados por responsabilidad civil subsidiaria. Dado el tipo de delito –una demanda por injurias-, según dice el letrado, no existe pena de cárcel, sólo multa pecuniaria.

Además, según cuenta, atendiendo a la jurisprudencia, no existe ni un solo caso en el que se haya hablado de una cantidad tan alta por una demanda relativa a una información ofensiva. La máxima ascendió a 300.000 euros y fue impuesta a un programa de televisión que ya está fuera de antena y cuya difusión “nada tiene que ver con los 15.000 ejemplares de la revista Época”, concluye el abogado de Época.

El grupo Intereconomía ha hecho saber a través de sus medios que "nunca acusaron de cocainómano a Marichalar".

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